Cristina ya ganó, Larreta?

Cristina Kirchner ya ganó.  La operación político judicial que puso en marcha el kirchenrismo hace dos meses para anular los traslados de los jueces colocados por Mauricio Macri en la Cámara Federal con el objetivo de castigar a la vicepresidenta, ya la tiene como triunfadora.

Aun cuando la Corte -improbablemente- falle a favor de los camaristas y los reponga en los lugares donde los había colocado el macrismo, Cristina Kirchner ya consiguió una victoria. Por un lado, un fallo en favor de los jueces Pablo Bertuzzi, Leooldo Bruglia y Germán Castelli habilitaría legalmente a la vicepresidenta a colocar con el dedo donde quisiera a cuanto juez federal le resultare molesto o conveniente en determinado juzgado, por ejemplo, electoral.

La otra dimensión de la victoria de Cristina es procesal: su abogado Carlos Beraldi cuenta ahora con sobradísimos argumentos para recusar a cualquiera de estos tres jueces para que dejen de intervenir en los expedientes aún abiertos contra la vicepresidenta.

Causas contra Cristina donde podían intervenir Bruglia y Bertuzzi                                        

Estas son las causas en trámite contra Cristina Kirchner aún en Comodoro PY 2002 donde todavía podrían haber intervenido los jueces Bruglia y Bertuzzi: Causa Cuadernos; Causa Obra Pública-cartelización, conexa a Cuadernos; Causa Gas Licuado; Causa Subsidios a los trenes; Causa Subsidios a los colectivos; Causa Ruta del Dinero y Causa Aviones.

Causas donde debía intervenir Castelli

Y estas son las causas donde debía intervenir Castelli en su Tribunal Oral Federal: Caso Cuadernos: causa N° 9.608/2018, caratulada "Fernández, Cristina Elisabet y otros 19 s/asociación ilícita" Recibida en su Tribunal Oral el 20/9/2019; Subsidios en el trasporte: "causa N° 13.820/2018, caratulada "Fernández, Cristina Elisabet s/asociación ilícita", en la que se investigan hechos vinculados a presuntos pagos ilícitos efectuados a funcionarios con relación al otorgamiento de subsidios a METROVÍAS S.A., FERROVÍA S.A. e HIDROVÍA S.A. Recibida en el Tribunal Oral el 25/9/2019; Dádivas en obras públicas: "causa N° 13.816/2018, caratulada "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ cohecho y aceptación de dádivas"; Recibida en el Tribunal Oral el 14 4/2/2020; y Fraude al estado:  causa N° 832/2016 (N° Int. 190), caratulada "Daura, Katya Soledad, Desmarás, Héctor Raúl - partícipe necesario-, Enrici, Mario - partícipe necesario- s/ peculado - art. 261, segundo párrafo del Código Penal-"; y su acumulada: causa N° 7992/2016 (N° Int. 195/190), caratulada "Daura, Katya Soledad; Parrilli, Oscar Isidro; Nkirjak, Matías Ariel -partícipe necesario-; y Grosman, Javier Alberto -partícipe necesario- s/ defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario público -art. 174, inc. 5°, en función del art. 173, inc. 7° del CP-". Ambas ingresaron al Tribunal Oral el 22 14/6/2018.

Todo comenzó el 31 de julio

La mejor demostración del poder es su ejercicio. El 31 de julio pasado el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura de la mano del consejero K Gerónimo Ustarroz cuestionó los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli de 2017 y 2018 porque dijo que no tenían acuerdo del Senado.

La Cámara alta, comandada por Cristina Kirchner, le negó la noche del miércoles pasado un nuevo acuerdo al trio de camaristas. Con vértigo, el presidente Alberto Fernández, sacó horas más tarde, en la mañana del jueves, una edición especial del boletín oficial con tres decretos para retrotraer a los camaristas a los lugares que ocupaban antes de 2017.

La secuencia se completó con la urgente reunión de la Cámara de Casación ese mismo mediodía del jueves que decidió correr a los suplentes que ocupaban los cargos originales de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en tribunales orales para dejarles así las sillas disponibles. En menos de 24 horas la operación iniciada se había completado con un guiño de la Justicia.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli ya sin acuerdo y con decretos que los regresaban a sus viejos lugares fueron a la Corte para reclamarle que les dijera donde debían trabajar, si en los lugares que ocupaban antes –ahora ocupados por suplentes- o si en los actuales.

La reunión de la Cámara de Casación fue clave porque era el eslabón judicial que faltaba para perfeccionar la salida de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La Casación tiene superintendencia sobre los tribunales orales y debía sacar a los subrogantes para hacerles lugar al trío. Y así lo hizo de apuro. La reunión estaba convocada para el viernes, pero se adelantó un día. Los jueces Mariano Borinsky, Angela Ledesma y Ana María Figueroa mandaron a Bruglia, Bertuzzi y Castelli a sus viejos lugares. Los tres actuaron según la ley, pero por diferentes motivos: Ledesma, apegada al derecho entendió que no podía oponerse a un decreto válido que retrotraía los traslados; Borinsky de excelente relación con Ricardo Lorenzetti alentó a Ledesma a que convocara a la reunión cuanto antes. Ya sabía con antelación por un funcionario de la Casa Rosada la jugada. Y Figueroa, hizo un acto de fe kirchnerista y no le costó nada firmar.

Los tres jueces recurrieron a la Justicia para evitar perder sus lugares, pero los fallos les fueron adversos. Fueron a la Corte con un per saltum, pero el máximo tribunal, los ignoró, les dijo téngase presente. No quiso la Corte dictar un fallo en un per saltum.

Ahora el caso está en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Los jueces quieren que la Cámara falle cuánto antes, aunque sea en su contra, para llegar a la Corte con un recurso extraordinario, un camino más normal.

La Corte mientras tanto…

Allí esperan que Lorenzetti cumpla las promesas que le hizo a Bertuzzi cuando le dijo que él los iba a defender. Bertuzzi las repite en los zooms que suele tener, pero ya no le cree. Bruglia está igual desencantado con quien fue el sostén de Comodoro Py 2002. Rosenkrantz ruega para que la Cámara se pronuncie y la Corte dicte un fallo. Cree que puede conformar una mayoría y darle al caso un giro dramático torciéndole el brazo al Gobierno. Lilita Carrio, su aliada y guardiana lo alienta, mientras amenaza con denuncias. Confía en que Lorenzetti se sume, aunque difícil que lo haga en la misma causa que impulsa su archienemiga Lilita. Rosatti mira el escenario, sin intervenir, esperando su momento.

La Demanda Del Gobierno Porteño

El primer tema de la agenda de la Corte la semana que comienza es el amparo que presentó el gobierno porteño para que le devuelvan los fondos coparticipables que le restó Alberto Fernández para pagar el aumento a la rebelde policía bonaerense.

Horacio Rodríguez Larreta anunció la demanda el viernes pasado y el procurador Gabriel Astarloa demoró siete para concretarla. En el medio, el Gobierno jugó otra vez y presentó un proyecto de ley que agrava la quita de coparticipación para la Ciudad.

Ahora la Corte lo primero que hará es dale vista al Procurador para determinar si el caso es de su competencia originaria, pero la discusión política de una ley referida a este caso puede incidir en el ánimo de los cortesanos para una decisión inmediata.

 Estas son las razones de Larreta para pedir en 100 carillas de demanda que le regresen el dinero:

* Que por la gravedad se dicte una "medida interina e inmediata", sin necesidad de informes previos. "La particular situación de emergencia sanitaria que profundiza el peligro e intensifica la urgencia", dijo la Ciudad.

* Que se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente 3,5 % originado en el Consenso Fiscal ratificado por la ley del Congreso y un decreto de 2018.

* Que se ordene que cesen los efectos del Decreto 735-PEN-2020 de Alberto Fernández que, “en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales".

* Que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 735- PEN- 2020 por ser "ilegal y arbitrario en modo manifiesto, así como de todo acto administrativo o norma que se hubiera dictado o se dicte en el futuro como consecuencia del dictado de aquél.

* Que se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro que deben ingresar a la Ciudad conforme el porcentaje de coparticipación del 3,50% y se ordene la restitución de los fondos ilegítimamente retirados, más los intereses.

* "No se trata de evitar un presupuesto deficitario, sino que directamente la Ciudad no tendrá los fondos suficientes para afrontar la ejecución de todos los servicios a su cargo", dijo la Ciudad.

* Como medida cautelar se pide la inmediata suspensión de los efectos -ejecutoriedad - del Decreto 735- PEN- 2020 y que la Corte ordene al Estado Nacional que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado y/o que altere el coeficiente de la CABA o disminuya los recursos correspondientes a la transferencia de competencias federales.

* El caso es de competencia originaria de la Corte, con lo que se puede abocar directamente al asunto sin más trámite. Esto es debido al carácter federal de las cuestiones involucradas y a la jurisprudencia que reconoce el derecho de la Ciudad a acceder a los estrados del máximo tribunal.

* La vía "rápida y expedita" del amparo es la única vía para lograr que se recompongan los derechos afectados mediante la declaración de la nulidad, ilegalidad e inconstitucionalidad del decreto.

* De validarse la reducción unilateralmente impuesta al porcentaje de coparticipación de la Ciudad, el daño será irreversible y provocará graves consecuencias de índole económica y social.

* El Congreso tiene la competencia exclusiva para modificar en acuerdo con las provincias el régimen de coparticipación federal.

* La evolución histórica de la coparticipación en la Ciudad. El coeficiente asignado a la Ciudad, ya fuera el original de 1,4%, el mayor del que gozó de 3,75%, e incluso su reducción a 3,5% -en vigencia hasta el dictado del último decreto de Alberto Fernández- fue siempre establecido mediante el inevitable acuerdo del estado porteño con el Nacional, y ratificado por vía legislativa. "Si se admite que el Estado Nacional pueda unilateralmente amputar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad estaremos dándole un golpe letal al federalismo y permitiendo el retorno a un esquema unitario", dice la demanda.

* La Constitución expresamente establece que no puede haber transferencia de servicios o funciones sin la respectiva asignación de recursos aprobada por ley del Congreso.

* El decreto de Alberto Fernández es inconstitucional porque fija de modo unilateral la alícuota de participación automática de la Ciudad. “La demora para dictar una nueva Ley de Coparticipación que le otorgue un porcentaje propio en similares condiciones en que se les asigna a las Provincias, debe ser considerado como un desajuste institucional grave de uno de los mecanismos estructurales de funcionamiento del federalismo", dice la demanda. Esa

* Con el índice de coparticipación establecido por el decreto de Alberto Fernández del 2,32% se percibe para financiar la seguridad pública $33.186.844.571. Ello genera una diferencia $42.565.735.429, menos según surge del presupuesto 2020.

* Esto implica una caída del 56% con respecto al valor sancionado por la ley de presupuesto y previsto para cubrir los gastos de seguridad interior del año. De esta manera, sólo lograría cubrir el 65% del gasto de personal, quedando un 35% del gasto de seguridad interior sin financiamiento presupuestario.

* En los primeros cinco días hábiles desde la firma del decreto la Ciudad perdió ingresos para gastos de Seguridad por $ 862.140.379, y se proyecta una pérdida mensual de más de 3000 millones de pesos de acuerdo a la recaudación real del periodo mayo-agosto.

Para leer más informes y tener información sobre esta suscripción, escribir a justiciaenoff@vocacionxperiodismo.com.ar

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Name