Permítanme dudar. No por capricho, ni por desconfianza gratuita. Mucho menos por una intención meramente destructiva. Dudar, en todo caso, es una obligación del periodismo y un ejercicio que no deberíamos perder de vista.

Entonces, vale la pregunta: ¿son confiables las cifras que publicó esta semana el Ministerio de Seguridad sobre la cantidad de crímenes registrados en el país durante 2024?

Qué dicen los números

Según la cartera que encabeza Patricia Bullrich, Argentina registró una tasa de homicidios de 3,8 cada 100.000 habitantes. En total, 1.803 personas fueron asesinadas en 2024, lo que representa una baja del 11,9% respecto al año anterior. Si se observa solo el primer trimestre del año, se contabilizaron 507 homicidios, frente a los 561 del mismo período de 2023, lo que implica una reducción del 9,6%.

¿Por qué importan las estadísticas?

Porque son la base sobre la que se diseñan las políticas de seguridad. Si las estadísticas no son confiables, las estrategias tampoco lo serán. En esta línea, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, el Ministerio implementó planes como Bandera, 90.10 y Güemes, diseñados para responder a problemáticas regionales con una distribución de recursos más estratégica y menos azarosa.

¿Cómo se construyen los datos?

Hasta aquí, todo parece en orden. Pero cuando uno empieza a mirar de cerca el proceso de construcción de esas estadísticas, surgen algunas sombras.

Los datos no provienen directamente del Ministerio Nacional: son las provincias las encargadas de recolectarlos y elevarlos. Esto ya plantea un primer signo de interrogación. ¿Hay uniformidad en los criterios de medición? ¿Cuánto inciden factores políticos en la decisión de una provincia de reportar –o no– ciertos datos?

Varios medios difundieron rankings de las provincias más y menos violentas. Pero según algunas fuentes, estos números no siempre reflejan con fidelidad la realidad, ya que hay jurisdicciones que “hacen bien las cosas” y, sin embargo, figuran mal paradas simplemente por informar con mayor precisión.

Lo que dice el Ministerio

Consulté sobre este punto al director de Inteligencia Criminal del Ministerio, Marco Antonio González, para entender cómo se armonizan las estadísticas entre distritos.

Me explicó que existe el Sistema Nacional de Información Criminal, que cuenta con manuales y glosarios para estandarizar definiciones y metodologías. Además, cada provincia y fuerza federal cuenta con enlaces técnicos que trabajan con el Ministerio para unificar criterios. Se les brindan capacitaciones, apoyo técnico y participan de una comisión federal permanente, que se reúne varias veces al año para consensuar cambios y mejoras.

Sobre las fuentes primarias de información, González precisó:

“La fuente es siempre la toma primaria de la denuncia o hecho. En la mayoría de los casos, esa toma la realiza la policía o una fuerza federal. En algunos casos, los ministerios públicos también participan, cuando tienen sistemas propios para recibir denuncias”.

Lo que no termina de cerrar

Aun con estos mecanismos, no termina de quedar claro cuán “puro” es el dato que cada provincia remite al sistema nacional. Hay margen para la discrecionalidad, y por lo tanto, también para la manipulación, aun si no es intencional.

Es cierto que el panorama es mucho más transparente que durante el apagón estadístico del kirchnerismo, cuando la política de seguridad parecía resumirse en: “Si no se ve y no se habla, no existe”. Una lógica de invisibilización que, de hecho, algunos distritos aún replican.

Pero más allá de los avances, la pregunta sigue abierta: ¿podemos confiar plenamente en los números?
Dudar, al fin y al cabo, no es desconfiar por deporte. Es una forma de estar atentos.

Escuchá la columna de Cecilia Di Lodovico acá