La justicia federal investiga, por un lado, el contrato del Gobierno con Astrazeneca por la provisión de 22.400.000 vacunas. Al momento, esa entrega que debía concluir el 30 de junio, tiene un representativo retraso. Se entregaron hasta la semana pasada 5,9 millones de dosis. El fiscal Guillermo Marijuan investiga si el Estado nacional fue defraudado por el laboratorio o si el Gobierno realizó el pago anticipado, como ordena el contrato, del más del 55% de los 89.700.000 dólares comprometidos, sabiendo de antemano que Astrazeneca no iba a poder cumplir con el cronograma.
El fiscal Marijuan tomó tres medidas las últimas semanas:
1) Ordenó a Carla Vizzoti, ministra de Salud, que no modificara el contrato con el laboratorio, temiendo que se firme una prórroga lejos de aplicar la penalidad por incumplimiento correspondiente.
2) Monitorea la entrega de vacunas y remitió un oficio al Ministerio de Salud para que informe la llegada de dosis y su distribución
3) Comenzó a analizar mails entre funcionarios del Gobierno y representantes del laboratorio.
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