A esta altura no hay dudas de que los verdaderos violentos de la U de Chile —los que destrozaron los sanitarios y pasaron gran parte del primer tiempo lanzando proyectiles a la hinchada local— ya no estaban en la tribuna cuando la barra de Independiente decidió “hacer justicia por mano propia”. La seguridad privada estaba desbordada.
Lo más grave: pese a los desmanes, la policía no apareció. El ministro Alonso alegó que desde la Aprevide habían pedido suspender el partido y que la Conmebol no los escuchó. Una justificación insólita. Tan insólita como que la Conmebol ignorara a las autoridades locales mientras las cámaras mostraban con claridad los delitos que se estaban cometiendo. Son delitos de acción pública, que requieren intervención inmediata.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Pesó más la decisión de una entidad deportiva que el riesgo de vida de miles de personas dentro de un estadio? ¿Y la AFA? Optó por hacerse la distraída mientras la parcialidad local tomaba con facilidad la tribuna visitante.
El fiscal Mariano Zitto tuvo que revisar uno por uno los casos de más de 100 hinchas chilenos detenidos fuera del estadio por la Bonaerense. Ninguno tenía antecedentes violentos. Todo indica que los detenidos eran simpatizantes comunes —no barras—, golpeados y desnudados por la barra de Independiente. Ninguno de los protagonistas de la escena más brutal terminó detenido. ¿Sorprende? No.
El escándalo escaló tanto que intervino el propio Estado chileno y hasta el presidente del país vecino reclamó por la situación. Finalmente, todos fueron liberados: no había pruebas que los vincularan con los incidentes.
Quedan demasiadas preguntas abiertas. ¿Cómo se dispuso a la hinchada visitante debajo de la local sin siquiera colocar una contención? ¿Qué rol cumplió el Ministerio de Seguridad de la Nación y Migraciones? ¿Hubo coordinación con las autoridades chilenas o falló ese primer filtro?
Preguntas que, como tantas veces en el fútbol argentino, difícilmente encuentren respuesta.
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