DEVOTO EN BLANCO Y NEGRO: UN CIERRE BAJO LA LUPA; POR CECILIA DI LODOVICO

DEVOTO EN BLANCO Y NEGRO: UN CIERRE BAJO LA LUPA; POR CECILIA DI LODOVICO

Oct 27, 2026

En su columna semanal en El lunes puede esperar, Cecilia Di Lodovico analizó el cierre de la cárcel de Devoto, el traslado de unos 1.400 detenidos al complejo penitenciario de Marcos Paz y las dificultades que surgieron durante el operativo, especialmente en relación con la atención médica, la continuidad de los estudios y las visitas familiares.

Después de casi un siglo de funcionamiento, la cárcel de Devoto comenzó a vaciarse en un operativo que el Gobierno completó en apenas cinco días, sin fugas ni incidentes graves. Sin embargo, 74 internos permanecieron en el establecimiento a la espera de que se confirmara una eventual visita del papa León. Entre las particularidades del traslado, Di Lodovico mencionó el caso de Guillermo Álvarez, conocido como “El Concheto”, quien fue llevado a Marcos Paz, regresó a Devoto por dos órdenes judiciales que exigían su permanencia allí y volvió a ser trasladado cuatro días después.

La periodista explicó que, si bien la Procuración Penitenciaria no cuestionó la decisión de cerrar Devoto, sí advirtió sobre la falta de planificación del operativo y reclamó garantías para preservar los tratamientos médicos, la educación y los vínculos familiares de los detenidos. Uno de los principales problemas señalados fue la dificultad de acceso al nuevo complejo, ya que el transporte público no llega hasta la entrada y los familiares deben caminar más de dos kilómetros desde la parada más cercana.

El traslado también generó un enfrentamiento entre el Gobierno y los organismos de control. Patricia Bullrich acusó al procurador penitenciario Ariel Cejas Meliare de obstaculizar el procedimiento y pidió explicaciones en el Senado. Desde la Procuración respondieron que su función es supervisar las condiciones de detención y garantizar el respeto de los derechos de los internos, no impedir una decisión del Poder Ejecutivo.

Después de una orden judicial, los organismos pudieron ingresar al complejo de Marcos Paz y señalaron demoras en la entrega de medicamentos y pertenencias, dificultades para continuar los estudios y problemas de acceso para las familias. Di Lodovico puso el foco en estas consecuencias y planteó que la rapidez del traslado, destacada por el Gobierno, no alcanza por sí sola para evaluar el éxito del operativo.

En ese sentido, la periodista remarcó que el cierre de Devoto era necesario, pero advirtió que el desafío no termina con el traslado de los presos. La nueva etapa también requiere garantizar condiciones adecuadas de detención, controles efectivos y la posibilidad de que los internos mantengan el contacto con sus familias.

Escuchá la columna de Cecilia Di Lodovico en El lunes puede esperar.

NARCOS EN PALERMO, NARCOS EN SALTA; POR CECILIA DI LODOVICO

NARCOS EN PALERMO, NARCOS EN SALTA; POR CECILIA DI LODOVICO

Oct 13, 2026

En su columna semanal en El lunes puede esperar, Cecilia Di Lodovico unió dos escenas: una en Palermo y otra en Aguas Blancas, en la frontera de Salta con Bolivia. No porque formen parte de una misma causa, sino porque muestran cómo se está moviendo el tablero del narcotráfico.

Primero Palermo. El uruguayo Carlos Andrés Migales llegó a Buenos Aires en septiembre junto a su familia para escapar de una vendetta narco, pero lo encontraron en un departamento de alquiler temporario de la calle Costa Rica. Lo mataron frente a su esposa mientras sus hijas dormían. Los sicarios ingresaron con el código de acceso, dispararon y escaparon corriendo. Dos de ellos, oriundos del conurbano bonaerense, fueron detenidos muy cerca del lugar. El tercero continúa prófugo.

La ejecución parece bastante torpe, pero cuidado: esa torpeza no debería tranquilizarnos. Porque alguien encontró a la víctima en otro país, consiguió el acceso al departamento y mandó a matarla. Tenemos que preguntarnos quién hizo todo eso. Detener al que dispara es indispensable, pero llegar al que paga y da la orden es todavía más importante.

Este crimen también obliga a mirar hacia Uruguay. Durante mucho tiempo, cuando hablábamos de organizaciones internacionales del narcotráfico que actuaban con extrema violencia en nuestro país, pensábamos en Colombia o México. Hoy tenemos que mirar mucho más cerca. Uruguay se convirtió en los últimos años en un terreno fértil para el narcotráfico por su puerto y sus conexiones con las peligrosas bandas brasileñas.

El uruguayo Sebastián Marset es una expresión de ese cambio. Su organización desarrolló operaciones en varios países de la región y alcanzó una enorme capacidad para mover toneladas de cocaína por la hidrovía. Hace pocos meses fue capturado en Bolivia y trasladado a Estados Unidos. Pero la caída de un jefe no significa que el negocio haya terminado. No estoy diciendo que Marset esté detrás del crimen de Palermo: no hay un vínculo establecido. Lo que sí está claro es que el avance de estas organizaciones transformó el escenario del narcotráfico uruguayo, con consecuencias que también se reflejan en el microtráfico y la violencia en los barrios.

Ahora vamos a Salta. En Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez llegó a intendente después de haber sido condenado por transporte de drogas. Antes de ganar las elecciones de 2023, además, le habían encontrado 100 mil dólares ocultos en su camioneta, un hallazgo que derivó en una causa por lavado de dinero.

Y acá vale detenerse, porque esos antecedentes ya existían cuando llegó al municipio. ¿Qué pasó con los controles políticos? ¿Quiénes lo respaldaron? ¿Qué explicaciones tienen para dar?

La acusación actual es gravísima. La Fiscalía sostiene que Martínez habría utilizado empresas y contrataciones municipales para lavar dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando. Incluso circula una versión, hasta ahora no acreditada, que le atribuye haber financiado la compra de votos con dólares. Todo esto deberá probarse, pero estamos hablando de una sospecha concreta: que la estructura de un municipio haya sido puesta al servicio de una organización criminal.

Cuando fueron a buscarlo para detenerlo, el Conejo no estaba. Los investigadores sospechan que alguien pudo haberle avisado. Hubo allanamientos, detenciones de familiares y varios días de búsqueda. Finalmente, Martínez se entregó y le dictaron prisión preventiva. ¿Le pesó la conciencia? No lo sabemos.

Lo que sí sabemos es que el problema de Aguas Blancas no termina con Martínez preso. El interventor, Adrián Sigarán, hizo una advertencia que merece atención: dijo que, sin Patricia Bullrich, el Plan Güemes es un holograma. Es una crítica muy fuerte a la gestión de Alejandra Monteoliva, y viene de un funcionario que está en el territorio, en una zona clave de la frontera.

Dos escenas distintas, en Palermo y en Aguas Blancas, que nos obligan a mirar más allá de los detenidos y de los hechos puntuales. En un caso, la pregunta es quién tiene la capacidad de ordenar un asesinato desde una organización criminal. En el otro, hasta dónde puede llegar la penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado.

Escuchá la columna Cecilia Di Lodovico en El lunes puede esperar.

MASACRES ESCOLARES CON AYUDA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL; POR CECILIA DI LODOVICO

MASACRES ESCOLARES CON AYUDA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL; POR CECILIA DI LODOVICO

Sep 14, 2026

La Policía Federal Argentina identificó y allanó el domicilio de un menor en Quilmes que habría planificado matar a sus compañeros de colegio con ayuda de inteligencia artificial. La investigación comenzó a partir de una alerta enviada por el FBI y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿cómo pueden las autoridades detectar este tipo de conversaciones?

Según explican los investigadores, el FBI cuenta con herramientas que permiten detectar alertas vinculadas con amenazas de atentados o masacres en distintas plataformas de inteligencia artificial. Entre los términos y consultas que pueden encender esas alarmas aparecen referencias a asesinatos, secuestros, torturas, tiroteos escolares, compra de armas de fuego, fabricación de explosivos caseros, cuchillos y expresiones antisemitas.

Cuando se detecta una amenaza, la información ingresa al circuito del FBI y es derivada al centro correspondiente según la región. En el caso de América, el centro se encuentra en Florida y, desde allí, el agregado del FBI en Buenos Aires comunica la alerta a la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. A partir de entonces, los investigadores buscan identificar al usuario mediante datos como el correo electrónico, la dirección IP y el teléfono asociados y se da intervención a la Justicia.

Con la autorización judicial comienzan las tareas de campo: determinar dónde vive la persona, con quién, cómo está compuesto su grupo familiar, cuáles son sus actividades académicas y, especialmente, si tiene acceso a armas. El caso de Quilmes no es aislado. En las últimas dos semanas fueron detectadas nueve situaciones de estas características en distintos puntos del país: Villa Gesell, Quilmes, Chaco, Moreno, Entre Ríos, Río Negro, La Plata, Rosario y Córdoba.

Pero hay otro problema que preocupa a los investigadores: la respuesta judicial no siempre avanza con la misma velocidad. Algunos juzgados se declaran incompetentes, aparecen conflictos de jurisdicción y los tiempos para intervenir varían considerablemente según dónde se produzca la amenaza. Frente a una situación en la que la rapidez puede resultar determinante, esas diferencias se convierten en un obstáculo para quienes deben investigar.

Una de las alternativas que se analiza es la creación de una unidad fiscal especializada en amenazas vinculadas con atentados, masacres o ataques masivos. La propuesta todavía no avanzó, entre otros motivos, por el temor político a que una estructura de estas características pueda terminar utilizándose para perseguir dirigentes o expresiones políticas.

Sin embargo, nueve alertas en apenas dos semanas muestran que el fenómeno ya no puede ser considerado excepcional. Si la tecnología abre nuevas posibilidades para detectar amenazas antes de que se conviertan en ataques, la Justicia también necesita mecanismos capaces de responder con rapidez y criterios claros.

Con la cantidad de casos que estamos viendo y sobre los que se viene alertando, ya es hora de darles a los investigadores las herramientas necesarias para trabajar sin obstáculos.

Escuchá la columna de Cecilia Di Lodovico en El lunes puede esperar.

CUANDO EL FRAUDE ES ESTATAL: LAVADO DE DINERO CON LA COMPLICIDAD DE UNA FUNCIONARIA JUDICIAL; POR CECILIA DI LODOVICO

CUANDO EL FRAUDE ES ESTATAL: LAVADO DE DINERO CON LA COMPLICIDAD DE UNA FUNCIONARIA JUDICIAL; POR CECILIA DI LODOVICO

Ago 24, 2026

Esta semana dos investigaciones judiciales pusieron bajo la lupa maniobras muy diferentes, pero con un punto en común: la utilización de estructuras y organismos públicos para facilitar actividades presuntamente ilegales.

El primero de los casos tiene como protagonista a Albertina Mangini, una funcionaria judicial que trabajaba en una oficina de enlace del Patronato de Liberados. Según la investigación, allí captaba a personas en situación de vulnerabilidad y les ofrecía 80 mil pesos a cambio de escanearles el iris, entregar sus documentos y tomarse fotografías.

Detrás de esa propuesta habría funcionado una maniobra mucho mayor. Los datos obtenidos eran utilizados para abrir cuentas en billeteras virtuales a nombre de esas personas y mover dinero proveniente de casinos online clandestinos. Los investigadores estiman que la organización habría movilizado alrededor de 27 mil millones de pesos y que entre las personas utilizadas para crear esas cuentas había familiares de condenados y exdetenidos.

La causa también generó repercusiones políticas luego de que algunos medios vincularan a Mangini con el gobierno bonaerense. Axel Kicillof salió a aclarar que no era funcionaria de su administración. En concreto, Mangini llevaba 17 años trabajando en el Poder Judicial, tenía jerarquía de secretaria y había llegado a la oficina de coordinación desde la UFI N°1 de La Plata. Finalmente fue detenida por el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal.

Pero no fue la única investigación de estas características que avanzó durante la semana. Horas más tarde, otra división de la Policía Federal allanó las direcciones de Tránsito de San Martín y Ezeiza por una presunta organización dedicada a entregar licencias de conducir oficiales a personas que no cumplían con los requisitos correspondientes.

Según la investigación, entre los clientes había personas con pedidos de captura, acusados por narcotráfico y conductores con multas millonarias. La Justicia detectó alrededor de 200 registros otorgados de manera irregular, algunos con domicilios inexistentes y sin que sus beneficiarios atravesaran los controles obligatorios. La maniobra también habría incluido la tramitación de documentos de identidad.

Durante los operativos fueron identificados empleados municipales de distintas áreas y detenidos los presuntos organizadores. Entre ellos aparece un cantante de cumbia que, según los investigadores, promocionaba el servicio durante sus shows y a través de las redes sociales con una particular aclaración: estaba destinado a personas con problemas con la ley.

La investigación también apunta a un integrante del sindicato de trabajadores municipales que habría montado una oficina en un bar cercano a la Dirección de Tránsito de San Martín. Allí, según la causa, funcionaba parte de la estructura encargada de borrar multas y antecedentes para permitir la entrega de las licencias.

Dos investigaciones distintas, dos mecanismos diferentes y una misma pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando quienes tienen acceso privilegiado a estructuras del Estado terminan utilizando ese lugar para hacer exactamente lo contrario de aquello para lo que fueron puestos allí?

Increíble, pero real.

Escuchá la columna de Cecilia Di Lodovico en El lunes puede esperar.

MUJERES QUE CORREN, QUE SALTAN Y QUE CAEN; POR CECILIA DI LODOVICO

MUJERES QUE CORREN, QUE SALTAN Y QUE CAEN; POR CECILIA DI LODOVICO

Ago 18, 2026

Cuando parecía que el caso empezaba a apagarse, Facundo Moyano decidió hacer una gira por distintos medios de comunicación para explicar qué había ocurrido con su novia, Candela, quien fue registrada por varias cámaras de seguridad corriendo en body rojo por las calles de Belgrano durante la madrugada.

Las entrevistas de Moyano dejaron material para memes en las redes sociales, pero también generaron nuevos interrogantes que fueron tomados en cuenta por la fiscalía que investiga el episodio. Moyano y su novia son así los últimos protagonistas de una secuencia llamativa que viene repitiéndose en las calles de Buenos Aires: mujeres que corren, mujeres que saltan y mujeres que caen. Y no hablamos de deportes.

En enero del año pasado ocurrió un episodio similar en Palermo. Una mujer semidesnuda se arrojó desde un primer piso mientras pedía auxilio y aseguraba que su pareja, un médico cirujano de San Luis, la tenía secuestrada. Como consecuencia de la caída se fracturó ambos tobillos. El hombre, Fabián Peláez, fue detenido y permaneció varios días preso mientras la Justicia investigaba un posible caso de trata de personas.

En el hospital, la mujer relató que ambos habían consumido tusi y cocaína. Peláez sostuvo que su pareja había sufrido un brote psicótico. Finalmente fue liberado, aunque continuó imputado por facilitación y suministro de estupefacientes, agravado por su condición de médico.

Otro antecedente ocurrió en marzo de 2023 y terminó de la peor manera. Emily Rodrigues, una joven brasileña de 26 años, murió al caer desde un sexto piso. Según la investigación, el empresario Francisco Sáenz Valiente había invitado a Emily y a otras mujeres a su departamento, donde hubo consumo de tusi y cocaína. La joven sufrió una alteración psíquica y, de acuerdo con la fiscalía, nadie la asistió antes de que cayera desnuda por una ventana.

En esa causa, la fiscalía pidió que el empresario fuera juzgado por suministro gratuito de estupefacientes, facilitación de un lugar para su consumo y abandono de persona agravado por el resultado de muerte.

Los expedientes son distintos y las responsabilidades también. No corresponde equipararlos. Sin embargo, hay una secuencia que se repite con demasiada frecuencia: consumo de drogas, departamentos privados, mujeres que intentan escapar y hombres con poder económico, social o político. Tal vez sea una coincidencia, tal vez no. Pero la reiteración de esa escena merece, al menos, una reflexión.

Y hay una imagen imposible de olvidar. En 1988, Carlos Monzón golpeó y estranguló a Alicia Muñiz antes de arrojarla semidesnuda desde un balcón. Después intentó instalar que se había tratado de un suicidio.

Treinta y ocho años después, hay imágenes que siguen repitiéndose: mujeres que corren, mujeres que saltan y mujeres que caen.

Escuchá la columna de Cecilia Di Lodovico en El lunes puede esperar.

LUCHAR Y MORIR EN TIERRA AJENA: EL TRASFONDO DEL RECLUTAMIENTO PARA PELEAR EN UCRANIA

LUCHAR Y MORIR EN TIERRA AJENA: EL TRASFONDO DEL RECLUTAMIENTO PARA PELEAR EN UCRANIA

Ago 3, 2026

Tres mil dólares por mes para ir a pelear a la guerra de Ucrania. Esa era la promesa. La realidad era muy distinta.

La Policía Federal desbarató una organización dedicada a reclutar argentinos para combatir en el conflicto entre Ucrania y Rusia. La banda estaba integrada por una pareja de expolicías que habían combatido el año pasado en ese país y que, a partir de los contactos que hicieron allí, comenzaron a captar nuevos voluntarios en la Argentina. Ella fue detenida. Él continúa prófugo.

El reclutamiento se hacía principalmente por redes sociales y por recomendaciones de boca en boca. Pero lo que seguía después era muy diferente a lo que les habían prometido.

Cuando llegaban a Ucrania les hacían firmar un contrato, escrito en ucraniano, por el que se comprometían a combatir durante tres años. Si bien podían regresar después de seis meses, antes no tenían ninguna posibilidad de volver. Primero eran trasladados a una zona selvática, donde recibían un entrenamiento de aproximadamente un mes y medio. Después eran enviados directamente al frente de batalla. Algunos lograron regresar. Otros murieron.

La Justicia investiga el caso como trata de personas. ¿Por qué? Porque el consentimiento de las víctimas estaba condicionado por un engaño y por una situación de extrema vulnerabilidad. Les prometían salarios cercanos a los tres mil dólares mensuales, pero finalmente cobraban apenas unos quinientos dólares, además en moneda local. Tampoco tenían dinero para regresar ni pasajes de vuelta, por lo que quedaban completamente dependientes de la organización.

Incluso, para poder salir del país, les indicaban que mintieran ante las autoridades migratorias y dijeran que viajaban para realizar tareas de jardinería o trabajos temporarios.

Hay otro dato que llamó la atención de los investigadores. La mayoría de los reclutados eran policías retirados o exintegrantes de distintas fuerzas de seguridad, especialmente del interior del país. Personas que atravesaban una situación económica muy complicada.

Ya contamos en otras oportunidades las dificultades salariales que enfrentan muchos efectivos policiales, varios de ellos incluso endeudados con prestamistas informales. Esa vulnerabilidad económica fue el terreno ideal para que apareciera una organización dispuesta a ofrecer una salida que, en realidad, terminaba siendo una trampa.

Y los investigadores creen que este no era un caso aislado. La organización desbaratada no sería la única que opera en la Argentina. Mientras existan personas desesperadas por conseguir una oportunidad, seguirán apareciendo quienes intenten convertir esa necesidad en un negocio.

Escuchá la columna de Cecilia Di Lodovico en El lunes puede esperar.