En materia de Seguridad, el Gobierno tiene tres objetivos bien definidos:

-Marcar de cerca a las organizaciones sociales y al Polo Obrero, a quienes arrinconaron con una investigación judicial por la repartición de recursos

-Evitar un estallido social con medidas estratégicas de control y prevención, como los protocolos antipiquetes y Bloqueos

-Retomar el control en las cárceles, dominadas por los líderes de organizaciones narcoriminales, y vigilar las fronteras

Ahora bien, para lograr ser efectivos en estos tres puntos lo que necesita si o si el Ministerio de Seguridad es conseguir mayor presupuesto.Este detalle explica la vehemencia de Patricia Bullrich en el Congreso en miras al Presupuesto 2025

La ministra que ya había sufrido un duro revés cuando la Cámara de Diputados rechazó el DNU que aumentó los fondos de la SIDE, se cruzó fuerte con Leopoldo Morou. El debate después continuó con una denuncia en la Justicia federal y chicanas de Bullrich en Twitter.

En fin, también esta semana Bullrich hizo referencia a las tomas universitarias, habló de grupos que querían organizar revueltas con bombas molotov y muertos. También hizo referencia al “modelo chileno” por los disturbios protagonizado por estudiantes de ese país en 2022, que duraron un mes y se trasladó a las calles

Ese escenario es el único en el que podrían intervenir en el conflictos las fuerzas federales, pero es un escenario que, si bien se puso sobre la mesa con el veto del de Milei a la ley de financiamiento universitario, nadie lo ve posible.

Mientras todo esto sucede y Bullrich pelea sus batallas, en Salta la Justicia Federal juzga a tres hombres por un crimen sicario de la narco mafia argentina: el de Darío Monges, un operador político que trabajaba, a la vez, para un capo de la cocaína.

Este juicio, que pasa por debajo del radar mediático, revela un dato inquietante: Salta, la puerta de entrada de la cocaína en la Argentina, estuvo abierta durante muchos años y que sus actores operaban con total impunidad, de la mano de la complicidad política, judicial y de las fuerzas de seguridad.

Cabe preguntarse, entonces, si esa puerta, con la reciente detención de un juez de garantías y el pedido de un jury a otro magistrado, hoy continúa abierta.

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