EL LABERINTO DE AGOSTINA; POR CECILIA DI LODOVICO

EL LABERINTO DE AGOSTINA; POR CECILIA DI LODOVICO

El femicidio de Agostina Vega ya dejó de ser solamente un caso policial. Se convirtió en un problema para el poder político y judicial de Córdoba, que todavía intenta explicar errores, omisiones y decisiones difíciles de comprender.

 La primera reacción pública no ayudó. Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo, el fiscal Garzón ofreció una conferencia de prensa que generó fuertes críticas. En lugar de enfocarse en la investigación, eligió destacar el trabajo de los perros que participaron de la búsqueda. A su lado, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, permaneció en silencio. Un silencio que también habló.

 Después de aquella conferencia, y tras los cuestionamientos de periodistas, peritos y especialistas, la investigación pareció adquirir una rigurosidad que debió haber tenido desde el comienzo. Sin embargo, siguen apareciendo interrogantes. Uno de ellos es la particular coincidencia entre distintos sectores de la familia de Agostina, que pese a sus diferencias mantienen su respaldo al fiscal.

 El caso también golpeó de lleno a la política local. Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio, trabajaba en la Municipalidad pese a haber estado detenido anteriormente por secuestrar y atar a una mujer en la misma vivienda donde más tarde sería asesinada Agostina.

 Detrás de esa historia aparece otro nombre: Ricardo Moreno. Concejal, dirigente peronista y abogado defensor de Barrelier en aquella causa. También fue quien facilitó su ingreso al municipio en 2021. La revelación terminó provocando su renuncia. Moreno denunció una operación mediática y política en su contra, aunque evitó cualquier autocrítica por haber respaldado a una persona con antecedentes de violencia extrema.

 Mientras la investigación sigue avanzando, queda abierta una pregunta incómoda: ¿quién está sosteniendo a quién? ¿El poder político al fiscal o el fiscal al poder político?

 Por ahora, el caso sigue atrapado en ese laberinto. Y Agostina se suma a una lista que la Argentina conoce demasiado bien: la de las víctimas que terminan exponiendo mucho más que a sus agresores.

 

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NARCOAVIONES EN SANTA FE, ASESINATOS Y UNA JUSTICIA QUE RECIÉN DESPIERTA; POR CECILIA DI LODOVICO

NARCOAVIONES EN SANTA FE, ASESINATOS Y UNA JUSTICIA QUE RECIÉN DESPIERTA; POR CECILIA DI LODOVICO

En estos días interceptaron en Vera, Santa Fe, un avión Cessna 210. Lo que comúnmente se conoce como una avioneta y que suele ser el modelo elegido por las organizaciones narco para transportar cocaína. En este caso llevaba más de 400 kilos, el peso típico que cargan este tipo de aeronaves.

Pero esta vez no hubo sorpresa. Efectivos de la Superintendencia de Operaciones Especiales ya estaban esperando el vuelo clandestino. Un dato aportado por la DEA permitió conectar un número de celular con una red de narcotraficantes que venía operando en el país.

La investigación, coordinada por los fiscales Matías Silabra y Diego Iglesias, de la PROCUNAR, tiene relación directa con otra causa de bombardeos narco en la que fue detenido Brian Bilbao, un jefe narco rosarino atrapado en noviembre pasado con un cargamento de 950 kilos de cocaína. Ese avión también lo estaban esperando.

Lo inesperado para los investigadores fue encontrar arriba de la aeronave al propio Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe.

En esta nueva causa apareció además un nombre clave: José Pedro Rojas Velasco, alias “Pepa”, un piloto de rally boliviano señalado como el dueño del cargamento secuestrado ahora en Vera. Pepa fue asesinado en abril, acribillado por un sicario colombiano en plena carrera en Santa Cruz de la Sierra. Pero aunque el dueño murió, los aviones siguieron volando.

Y hay otro dato que conecta esta historia con una estructura todavía más grande: Pepa era piloto de Sebastián Marset, el capo narco uruguayo que montó una especie de cartel regional y que recientemente fue capturado por la DEA en Bolivia para ser trasladado a Estados Unidos.

La semana también dejó un hecho importante en Córdoba. Fueron expulsados los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, responsables de una investigación que durante años llevó el caso Nora Dalmasso al fracaso.

Durante más de quince años apuntaron contra la familia y sometieron a sus integrantes a un juicio público y social permanente, mientras el principal sospechoso estaba prácticamente frente a ellos: Roberto Barzola, un trabajador que había estado en la casa de Río Cuarto días antes del crimen.

Un ADN terminó llevándolo directamente a la escena del asesinato, luego de que el fiscal Jávega ordenara análisis que, insólitamente, nunca habían sido pedidos por sus colegas.

Cualquier explicación que hoy puedan dar esos fiscales resulta insuficiente. Y así también lo entendió el jury que decidió expulsarlos de la Justicia.

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VIOLENCIA CONTENIDA: LA PUERTA QUE ABRIÓ EL TIRADOR DE SAN CRISTOBAL; POR CECILIA DI LODOVICO

VIOLENCIA CONTENIDA: LA PUERTA QUE ABRIÓ EL TIRADOR DE SAN CRISTOBAL; POR CECILIA DI LODOVICO

El caso del tirador de San Cristóbal —el adolescente de 15 años que llevó la escopeta de su abuelo a la escuela y gritó “sorpresa” antes de dispararle a un chico de 13— volvió a encender una alarma que ya venía creciendo en silencio.

No se trata solo de la llamada true crime community o de la posible glorificación de las masacres escolares. Lo que aparece con fuerza es algo más profundo: chicos que crecen en entornos atravesados por la violencia y que tienen acceso a armas. Las imágenes que circularon en los últimos días —pibes posando con armas dentro de las aulas, pintadas, amenazas— ya no pueden leerse como simples bromas de mal gusto.

Hay un cambio de lógica. Las armas dejaron de ser algo que se esconde para convertirse en algo que se exhibe. Sin miedo, sin pudor. ¿Qué hay detrás? Vulnerabilidad económica, falta de contención, problemas en el sistema educativo. En algunos casos será uno de estos factores, en otros todos juntos, atravesados además por la cultura de las redes, donde mostrarlo todo se vuelve una necesidad.

Los números ayudan a dimensionar el fenómeno. En la Ciudad de Buenos Aires hay al menos 20 casos bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. En Santa Fe se registraron más de 400 denuncias. En la provincia de Buenos Aires, solo en un día se hicieron 70 presentaciones. Mendoza suma más de 200 casos y tomó una medida extrema: que los chicos asistan a la escuela sin mochila.

Hubo detenciones, allanamientos y decisiones judiciales que incluso apuntan a responsabilizar a los padres por los costos de los operativos. En algunos casos, estas respuestas podrán funcionar. En otros, serán apenas un parche frente a un problema mucho más complejo, que ya no se puede subestimar.

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EL CASO DE LA NIÑA ESMERALDA: CUANDO EL ALERTA SOFÍA FUNCIONA

EL CASO DE LA NIÑA ESMERALDA: CUANDO EL ALERTA SOFÍA FUNCIONA

Esmeralda, una nena de 2 años, desapareció sin dejar rastros en Córdoba. La historia parece conocida y el pronóstico del final, teniendo en cuenta los casos de Loan Peña, Lian Flores, y de otros tantos nenes perdidos, parecía oscuro. Según Missing Children son más de 100 los nenes que permanecen desaparecidos en Argentina.

Pero esta vez todo funcionó bien: Aunque todavía quedan puntos por esclarecer, Esmeralda apareció en buen estado de salud, a menos de 24 horas de su desaparición, en un baldió a metros de su casa.

Será que la experiencia si nos eneeseñó algo, sobre todo a los funcionarios que se pusieron el traje de gestión y responsabilidad política en el caso de la desaparición de menores, casos que no entienden de jurisdicciones.

El yo no fui, a mi no me tocaba o fue la culpa de.. no va más. Ahora que aparezca un menor es la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, de los gobiernos y de la justicia. Si no hay cooperación, no hay buenos resultados. Ya no hay excusas porque existe una herramienta eficaz.
Se llama «Alerta Sofía». Creada en 2019 por Patricia Bullrich, cuando era ministra de seguridad de Mauricio Macri.
Se llama así en homenaje a Sofía Herrera, la nena de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping en Río Grande, Tierra del Fuego.


Replica el modelo internacional Alerta Amber (creado en 1996 en EE. UU.) y se activa para difundir de manera masiva e inmediata la imagen del menor a través de medios de comunicación, redes sociales y telefonía celular. También a las fuerzas de seguridad provinciales y federales.


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LOBOS SOLITARIOS: EL PELIGRO LATENTE EN ARGENTINA; POR CECILIA DI LODOVICO

LOBOS SOLITARIOS: EL PELIGRO LATENTE EN ARGENTINA; POR CECILIA DI LODOVICO

En los últimos 2 años, el FBI reportó 14 casos de jóvenes y adolescentes de diferentes partes de Argentina que planeaban atentados.
El cuerpo de investigaciones estadounidense detectó los movimientos a través de conversaciones de los sospechosos en redes sociales donde comparten propagandas de grupos extremistas, se interesan por la elaboración de bombas y la obtención de armas.
Además, conversan sobre sus planes para atacar escuelas y universidades, al estilo de los tristemente célebres shooters que fueron autores de masacres en Estados Unidos y Noruega.

Lo curioso es que, cuando la Policía Federal, a través de su unidad antiterrorista, llega a los usuarios en la vida real, encuentra en los allanamientos evidencias que demuestran que el peligro es real.

Se trata de potenciales lobos solitarios.

El último caso se registró en Lanús, donde un chico, menor de edad, planeaba un ataque a una escuela. Cómo lo rastrearon? Ingresó a ub ‘chat’ de Roblox y manifestó su deseo de en un ‘tirador real’”,

Le encontraron en el allanamiento dagas de uso militar; uniformes falsos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe; una insignia del Ejército Argentino; tres chapas identificatorias y con la leyenda “Campaña del servicio en Irak”; y una restante perteneciente a una comunidad de una academia de tiro.
También chalecos tácticos y gorras militares.


Tanto se aceleraron estos casos que los investigadores ya hablan de denominadores de riesgo entre los menores: tienen acceso a armas, sus padres están separados o fallecidos, se crían en un entorno hostil y sin contención familiar. Estos son los casos que más preocupan de un fenómeno que no hay que subestimar.

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LA DOCTRINA BULLRICH Y LA NUEVA MINISTRA ALEJANDRA MONTEOLIVA; POR CECILIA DI LODOVICO

LA DOCTRINA BULLRICH Y LA NUEVA MINISTRA ALEJANDRA MONTEOLIVA; POR CECILIA DI LODOVICO

La intención de Patricia Bullrich, tras su salida del Ministerio de Seguridad, era dejar su impronta en la cartera bajo lo que ella y su tropa denominan “la doctrina Bullrich”, y que la elegida para continuar ese legado fuera la persona que tuvo el control operativo de las fuerzas de seguridad durante su gestión: Alejandra Monteoliva. Mientras Bullrich posaba para la foto de los Personajes del Año de la revista Gente, entre streamers y figuras históricas de la televisión, Monteoliva ya ocupaba su lugar en el amplio despacho de Gelly y Obes, sede del Ministerio. Aunque Bullrich no se fue del todo: ella y su equipo de comunicación siguen teniendo el control, una especie de mando a distancia. Habrá que ver si la ahora senadora y su grupo de leales no se desbordan con ambas tareas simultáneas. La sombra del doble comando, en todo caso, parece no ser una amenaza en este caso porque está bastante claro quién comanda. Pero si bien es difícil seguirle el ritmo a Bullrich en una sola tarea, me pregunto si estar detrás del Ministerio y pelear las luchas de Milei en el Congreso al mismo tiempo no será demasiado incluso para su particular histrionismo. Por su lado, Monteoliva —que se convirtió en la mano derecha de Bullrich en esta etapa— se dedica a la seguridad desde 1995, es decir, hace 30 años. Egresó de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y vivió 19 años en Colombia, donde trabajó para la Policía Nacional de ese país. Su currículum tiene otro punto destacado: se especializó en la gestión de políticas de seguridad y trabajó en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales. La ahora referente de La Libertad Avanza la definió con tres palabras: resultados, coraje y honestidad. Fue funcionaria, entre 2012 y 2013, en el Ministerio de Seguridad de Córdoba y acompañó a Bullrich en su primera gestión, entre 2015 y 2019, cuando ocupó el cargo de Directora Nacional de Operaciones de Seguridad. Entre 2020 y 2024 estuvo a cargo de operaciones de seguridad como asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos, con destino en Centroamérica. Monteoliva, que parece estar muy preparada para la función, le ganó la pulseada a otros candidatos más políticos que sonaban, pero que en realidad tenían pocas chances frente al terremoto Bullrich. Escuchá la columna de Cecilia Di Lodovico acá
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