Esta semana dos investigaciones judiciales pusieron bajo la lupa maniobras muy diferentes, pero con un punto en común: la utilización de estructuras y organismos públicos para facilitar actividades presuntamente ilegales.

El primero de los casos tiene como protagonista a Albertina Mangini, una funcionaria judicial que trabajaba en una oficina de enlace del Patronato de Liberados. Según la investigación, allí captaba a personas en situación de vulnerabilidad y les ofrecía 80 mil pesos a cambio de escanearles el iris, entregar sus documentos y tomarse fotografías.

Detrás de esa propuesta habría funcionado una maniobra mucho mayor. Los datos obtenidos eran utilizados para abrir cuentas en billeteras virtuales a nombre de esas personas y mover dinero proveniente de casinos online clandestinos. Los investigadores estiman que la organización habría movilizado alrededor de 27 mil millones de pesos y que entre las personas utilizadas para crear esas cuentas había familiares de condenados y exdetenidos.

La causa también generó repercusiones políticas luego de que algunos medios vincularan a Mangini con el gobierno bonaerense. Axel Kicillof salió a aclarar que no era funcionaria de su administración. En concreto, Mangini llevaba 17 años trabajando en el Poder Judicial, tenía jerarquía de secretaria y había llegado a la oficina de coordinación desde la UFI N°1 de La Plata. Finalmente fue detenida por el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal.

Pero no fue la única investigación de estas características que avanzó durante la semana. Horas más tarde, otra división de la Policía Federal allanó las direcciones de Tránsito de San Martín y Ezeiza por una presunta organización dedicada a entregar licencias de conducir oficiales a personas que no cumplían con los requisitos correspondientes.

Según la investigación, entre los clientes había personas con pedidos de captura, acusados por narcotráfico y conductores con multas millonarias. La Justicia detectó alrededor de 200 registros otorgados de manera irregular, algunos con domicilios inexistentes y sin que sus beneficiarios atravesaran los controles obligatorios. La maniobra también habría incluido la tramitación de documentos de identidad.

Durante los operativos fueron identificados empleados municipales de distintas áreas y detenidos los presuntos organizadores. Entre ellos aparece un cantante de cumbia que, según los investigadores, promocionaba el servicio durante sus shows y a través de las redes sociales con una particular aclaración: estaba destinado a personas con problemas con la ley.

La investigación también apunta a un integrante del sindicato de trabajadores municipales que habría montado una oficina en un bar cercano a la Dirección de Tránsito de San Martín. Allí, según la causa, funcionaba parte de la estructura encargada de borrar multas y antecedentes para permitir la entrega de las licencias.

Dos investigaciones distintas, dos mecanismos diferentes y una misma pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando quienes tienen acceso privilegiado a estructuras del Estado terminan utilizando ese lugar para hacer exactamente lo contrario de aquello para lo que fueron puestos allí?

Increíble, pero real.

Escuchá la columna de Cecilia Di Lodovico en El lunes puede esperar.