Sep 1, 2025
Comenzó el acampe frente a la gobernación de las familias estafadas por la Cooperativa 127 Hectáreas. El gobierno, entre la inacción y el encubrimiento. En la foto, de izquierda a derecha: el acusado, Jorge Salas, el gobernador Figueroa y el ministro Tobares.
Algunos denuncian inacción del gobierno provincial, para otros hay connivencia. Son más de 3000 las familias estafadas por la Cooperativa de Vivienda “127 hectáreas”. Ante la negativa del gobierno provincial que conduce Rolando Figueroa a intervenir dicha institución, comenzaron un acampe frente a la casa de gobierno por tiempo indefinido, hasta que se les brinde una solución.
“El diputado César Gass dijo que la actitud del gobierno roza el encubrimiento”, le cuenta a Narrativa Política Víctor Guerrero, uno de los damnificados que oficia como vocero. “El presidente de la cooperativa, Jorge Salas, fue funcionario del IPVU (nota de la redacción: el instituto provincial de la vivienda), nombrado por el gobernador Rolando Figueroa. También tiene fotos con el intendente Mariano Gaido”, agrega.
La cooperativa en cuestión tiene más de veinte años de trayectoria. Su volumen fue creciendo de la mano de la principal necesidad, tanto de los neuquinos, como de los migrantes internos provenientes de otras provincias en busca de oportunidades en Vaca Muerta.
“Hasta hace poco contaba con siete mil socios, que pagaban su cuota cada mes. Después del escándalo, habría que ver cuantos siguen pagando”, evalúa Guerrero, que cuenta su propia experiencia.
“Yo pagué un lote con servicios en La Meseta durante más de diez años. Un día fui y me di cuenta que el lugar no era urbanizable. Me estafaron”. Una modalidad era vender lotes inhabitables, fuera del èjido urbano, como le hicieron a Guerrero. Los plazos de entrega allí se vencieron hace casi dos años, sin solución a la vista.
Otra consistía en vender un mismo departamento varias veces: las pericias contabilizaron hasta veinte. Es el caso de la zona conocida como Sirena Unificada, donde hay ochenta dúplex para dos mil adjudicatarios. Por último, hay un grupo denominado “Futuros Desarrollos”: son cooperativistas que abonan su cuota social contra la promesa de que se producirá un loteo en algún momento. ¿Cómo es posible?
Ocurre que la cooperativa jugaba un doble rol. Por un lado, administraba fondos aportados por sus socios pero, por otro, realizaba obras con fondos nacionales y provinciales a través de distintos convenios. En ese camino habría construido su excelente sintonía con los sucesivos gobernadores, hasta llegar a Figueroa.
Las entregas, que se fueron ralentando durante 2022 y 20023, se detuvieron completamente en 2024. Desde entonces, los reclamantes, socios de la cooperativa, residentes en distintas localidades de la provincia patagónica que pagaron cuotas mensuales durante años, con la expectativa de acceder a un inmueble propio, comenzaron a organizarse para presentar demandas colectivas en los fueros civil y penal. También crearon una página de Facebook para visibilizar su reclamo, frente a lo que denuncia es “un cerco de protección mediática”.
Pero entonces se asomaron a una trama de protección y encubrimiento que deja muy expuesto al gobierno provincial. Si bien el primer imputado es el mencionado Jorge Salas, señalan que la estafa no podría haber adquirido semejante volumen sin algún grado de connivencia con el gobierno provincial.
Muchos demandados declararon haber llegado a la cooperativa por recomendación de funcionarios y empleados del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), actualmente en cabeza de Pablo Dietrich, cuyo directorio integró el propio Salas sin renunciar a la presidencia de la cooperativa.
“Salas estuvo de los dos lados del mostrador durante más de un año. Renunció al IPVU porque nuestro reclamo hizo que su presencia ahí fuera insostenible. Pero me consta que usó y vendió información privilegiada sobre loteos, proyectos y otras cuestiones sensibles”, acusa Guerrero.
El punto de inflexión fue en diciembre del año pasado. Excedidos todos los plazos razonables y los límites de la paciencia, un grupo de cooperativistas realizó denuncias en los fueros civil y penal, además de reunirse con una serie de legisladores, entre ellos el radical César Gass y la justicialista Lorena Parrilli.
Como consecuencia de esas gestiones, en mayo pasado, el tema llegó al recinto. El debate legislativo en el que se terminó aprobando el pedido de intervención a la Inspección de Personas Jurídicas (DPJ) provincial, cuyo titular es Andrés Junca, que a su vez depende del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, expuso la incomodidad de los diputados oficialistas con el tema.
A cada paso, las sospechas de protección política por parte del entorno de Figueroa y el viejo MPN se fueron haciendo más fuertes. La cámara de diputados aprobó un pedido de intervención de la cooperativa a la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ), pero esta lo rechazó, tan solo una semana después de la aprobación, en un escrito de apenas dos carillas.
La intervención permitiría tomar conocimiento de la situación contable y financiera de la cooperativa y del destino de los fondos de los aportes de los cooperativistas, en algunos casos, durante una década y media. A la vez, la ruta del dinero, permitiría esclarecer los mecanismos de protección política. Tal vez allí radiquen los motivos de la rotunda y rápida respuesta negativa.
“En la provincia de Vaca Muerta, que recibe gente de todo el país en busca de mejores oportunidades, sería sencillo dedicar una parte de la renta petrolera a planes de vivienda. Hasta se podría hacer que lo paguen las empresas. Pero, evidentemente, el gobierno tiene otros intereses”.
