Los audios filtrados de Diego Spagnuolo sacudieron al Gobierno y se convirtieron en un tema central en la agenda política y mediática.
Si algo supo hacer Javier Milei desde sus inicios fue dominar el terreno digital y construir allí buena parte de su narrativa política. Sin embargo, esta vez las redes le devolvieron un golpe de realidad.
En este contexto, en De Lejos No Lo Ves conversamos con Pablo Pérez Paladino, consultor, analista político y director de Enter Comunicación, consultora se metió de lleno a analizar lo que sucedió con la conversación en las redes sociales a raíz de este escándalo.
En diálogo con Ramón Indart, Paladino compartió algunas de las conclusiones del estudio: «El volumen de la conversación digital fue muy alto, llegando a más de dos millones de menciones en las redes sociales. Además, se instaló fuertemente el hashtag #KarinaCoimera«.
En ese sentido, el consultor advirtió que la estrategia del Gobierno frente a esto trae muchas dudas y cuestionamientos: «El Gobierno finge demencia e intenta tapar los audios con otra noticia. Esto solo le puede servirle a corto plazo».
Y agregó: «Vemos que hay muchísima inacción en las redes por todo el arco oficialista que siempre se mueve de manera ordenada y con los mensajes claros».
En una nueva columna en Cata de Noticias, el periodista y consultor en tecnología y comunicación digital Lalo Zanoni reflexionó sobre el fenómeno de los influencers virtuales creados con inteligencia artificial.
“Son influencers que no existen, pero parecen reales. Tienen fotos y videos generados con IA que resultan casi indetectables, y llegan a tener millones de seguidores. Las marcas más importantes del mundo pagan fortunas para que promocionen sus productos”, explicó.
En diálogo con Cata de Elía, Zanoni planteó la comparación con los creadores de carne y hueso: “La pregunta es si el contenido de los influencers humanos siempre es real. ¿No usan también imágenes trucadas? Como usuarios, ¿no podemos elegir seguir a un avatar?”.
Para las empresas, estos influencers digitales ofrecen ventajas: “Son más baratos, más eficientes y no tienen malos días. Las marcas controlan el mensaje al 100%”. Y advirtió que este escenario llegó para quedarse: “Tenemos que acostumbrarnos a convivir con personas reales y también con otras que no existen”.
Javier Milei se subió a una caravana junto a su hermana Karina y al polémico diputado José Luis Espert en pleno Lomas de Zamora, uno de los distritos kirchneristas del conurbano bonaerense.
Permítanme dudar de la hipótesis de una agresión organizada o un escrache orquestado por la política. Pero, si existiera, no parece venir del peronismo, sino más bien del propio oficialismo.
Paso a explicar.
Los ánimos están caldeados por la situación económica y por el reciente escándalo de las presuntas coimas en la ANDIS. Milei hizo de la violencia discursiva su marca registrada y ahora está recibiendo una dosis de su propia medicina en la calle. Lo vemos cada miércoles en el Congreso.
Ahora bien, ¿la custodia presidencial realmente ignoraba esto? ¿Desconocía que militantes de La Libertad Avanza se enfrentaban con tiros, insultos y golpes a opositores en el mismo recorrido que haría el presidente? Imposible. También es difícil creer que se les haya pasado por alto el volquete con escombros en medio del camino, o las provocaciones lanzadas desde la vereda.
Según me explicaron, los custodios de Presidencia realizan una avanzada sobre el lugar una semana antes del evento y otra, minutos previos, para garantizar la seguridad del mandatario. Estudian rutas de escape y procuran que nada obstruya el paso. Sin embargo, esta vez un efectivo terminó fracturado luego de ser embestido por la camioneta que trasladaba a los libertarios, aunque el parte oficial haya consignado que fue un auto particular. Eso no debería haber ocurrido.
Lo cierto es que los piedrazos terminaron sirviéndole al Gobierno, como ocurrió con las agresiones a Karina Milei en Corrientes: le permiten victimizarse en medio de la causa que investiga coimas por medicamentos para personas con discapacidad y muertes vinculadas al fentanilo. Y todo indica que piensan exprimir ese escenario al máximo, manteniendo una agenda firme.
Si militantes kirchneristas reaccionan como se espera frente a las provocaciones, caen en la trampa. Así sucedió en la Facultad de Derecho. Pero también hay personas autoconvocadas que se acercan a repudiar al presidente, más allá de las estructuras partidarias.
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, ya advirtió que le molesta que Milei elija ese distrito para el cierre de campaña del 7 de septiembre. Puede deducir, con razón, que el clima no será el mejor y que las cosas pueden complicarse.
La jugada de Milei en torno a la seguridad es arriesgada. Camina al límite y se expone. Veremos cómo transcurre lo que queda de campaña. Por ahora, el juego de la polarización extrema y la violencia parece servirle al Gobierno, que no duda en alentar esa vía.
Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, más del 26% de los argentinos sufren malestar psicológico. Entre las causas están la pobreza y la enfermedad.
En esta edición de Cata de Noticias, conversamos con una de las investigadoras que formó parte de este informe, la Dra en Psicología Solange Rodríguez Espinola.
En diálogo con Cata de Elía, Espinola compartió algunas conclusiones que obtuvieron del informe: «Desde el 2010 al 2024 medimos el malestar psicológico todos los años a 5800 personas (mayores de 18 años). Es una especie de semáforo de situación de la población. El malestar tiene un salto post pandemia y se sostiene en su punto más alto desde el año pasado».
En una nueva edición de Puerta Uno, conversamos con el analista político Raúl Timerman, director de la consultora de opinión pública La Sastrería junto a Juan Carlos Magnoli. La entrevista giró en torno al impacto de los audios de Diego Spagnuolo y las sospechas de corrupción en la percepción ciudadana.
En diálogo con Luis Cortina y Astrid Pikielny ,Timerman señaló que “un 62,5% de la gente cree que hubo grave corrupción en los audios de Spagnuolo” y que el tema es ampliamente conocido: “Ocho de cada diez electores saben de qué se trata y lo consideran un hecho grave”.
El analista explicó que, desde febrero, con el caso Libra, la corrupción desplazó a la inflación como principal preocupación social: hoy el 45% de los encuestados la menciona como problema central. “Lo novedoso —advirtió— es que los votantes peronistas también comenzaron a hablar de corrupción, algo que antes solo estaba presente en el discurso opositor”.
En este marco, sostuvo que el caso golpea especialmente a quienes habían acompañado al presidente Javier Milei. Su aprobación de gestión cayó de 52 a 40 puntos en apenas ocho semanas, con un núcleo duro de 30% que se mantiene inalterable. “Es similar en magnitud a lo que fue el Olivos Gate en la gestión de Alberto Fernández”, comparó.
Otro dato revelador es que, por primera vez, la mejor imagen positiva no corresponde al Presidente: quedó tercero, detrás de Axel Kicillof y Cristina Kirchner. La desaprobación de gestión trepa al 57%, con un 47% que califica su desempeño como “muy malo” e irreductible.
Finalmente, Timerman advirtió que los casos de corrupción anteriores venían acompañados de medidas compensatorias —el llamado plan platita—, mientras que ahora los recortes se sienten con fuerza. “El gobierno está zafando con los vencimientos pagando tasas de interés altísimas y planchando el dólar, pero es un equilibrio muy inestable”, concluyó.
Comenzó el acampe frente a la gobernación de las familias estafadas por la Cooperativa 127 Hectáreas. El gobierno, entre la inacción y el encubrimiento.En la foto, de izquierda a derecha: el acusado, Jorge Salas, el gobernador Figueroa y el ministro Tobares.
Algunos denuncian inacción del gobierno provincial, para otros hay connivencia. Son más de 3000 las familias estafadas por la Cooperativa de Vivienda “127 hectáreas”. Ante la negativa del gobierno provincial que conduce Rolando Figueroa a intervenir dicha institución, comenzaron un acampe frente a la casa de gobierno por tiempo indefinido, hasta que se les brinde una solución.
“El diputado César Gass dijo que la actitud del gobierno roza el encubrimiento”, le cuenta a Narrativa Política Víctor Guerrero, uno de los damnificados que oficia como vocero. “El presidente de la cooperativa, Jorge Salas, fue funcionario del IPVU (nota de la redacción: el instituto provincial de la vivienda), nombrado por el gobernador Rolando Figueroa. También tiene fotos con el intendente Mariano Gaido”, agrega.
La cooperativa en cuestión tiene más de veinte años de trayectoria. Su volumen fue creciendo de la mano de la principal necesidad, tanto de los neuquinos, como de los migrantes internos provenientes de otras provincias en busca de oportunidades en Vaca Muerta.
“Hasta hace poco contaba con siete mil socios, que pagaban su cuota cada mes. Después del escándalo, habría que ver cuantos siguen pagando”, evalúa Guerrero, que cuenta su propia experiencia.
“Yo pagué un lote con servicios en La Meseta durante más de diez años. Un día fui y me di cuenta que el lugar no era urbanizable. Me estafaron”. Una modalidad era vender lotes inhabitables, fuera del èjido urbano, como le hicieron a Guerrero. Los plazos de entrega allí se vencieron hace casi dos años, sin solución a la vista.
Otra consistía en vender un mismo departamento varias veces: las pericias contabilizaron hasta veinte. Es el caso de la zona conocida como Sirena Unificada, donde hay ochenta dúplex para dos mil adjudicatarios. Por último, hay un grupo denominado “Futuros Desarrollos”: son cooperativistas que abonan su cuota social contra la promesa de que se producirá un loteo en algún momento. ¿Cómo es posible?
Ocurre que la cooperativa jugaba un doble rol. Por un lado, administraba fondos aportados por sus socios pero, por otro, realizaba obras con fondos nacionales y provinciales a través de distintos convenios. En ese camino habría construido su excelente sintonía con los sucesivos gobernadores, hasta llegar a Figueroa.
Las entregas, que se fueron ralentando durante 2022 y 20023, se detuvieron completamente en 2024. Desde entonces, los reclamantes, socios de la cooperativa, residentes en distintas localidades de la provincia patagónica que pagaron cuotas mensuales durante años, con la expectativa de acceder a un inmueble propio, comenzaron a organizarse para presentar demandas colectivas en los fueros civil y penal. También crearon una página de Facebook para visibilizar su reclamo, frente a lo que denuncia es “un cerco de protección mediática”.
Pero entonces se asomaron a una trama de protección y encubrimiento que deja muy expuesto al gobierno provincial. Si bien el primer imputado es el mencionado Jorge Salas, señalan que la estafa no podría haber adquirido semejante volumen sin algún grado de connivencia con el gobierno provincial.
Muchos demandados declararon haber llegado a la cooperativa por recomendación de funcionarios y empleados del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), actualmente en cabeza de Pablo Dietrich, cuyo directorio integró el propio Salas sin renunciar a la presidencia de la cooperativa.
“Salas estuvo de los dos lados del mostrador durante más de un año. Renunció al IPVU porque nuestro reclamo hizo que su presencia ahí fuera insostenible. Pero me consta que usó y vendió información privilegiada sobre loteos, proyectos y otras cuestiones sensibles”, acusa Guerrero.
El punto de inflexión fue en diciembre del año pasado. Excedidos todos los plazos razonables y los límites de la paciencia, un grupo de cooperativistas realizó denuncias en los fueros civil y penal, además de reunirse con una serie de legisladores, entre ellos el radical César Gass y la justicialista Lorena Parrilli.
Como consecuencia de esas gestiones, en mayo pasado, el tema llegó al recinto. El debate legislativo en el que se terminó aprobando el pedido de intervención a la Inspección de Personas Jurídicas (DPJ) provincial, cuyo titular es Andrés Junca, que a su vez depende del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, expuso la incomodidad de los diputados oficialistas con el tema.
A cada paso, las sospechas de protección política por parte del entorno de Figueroa y el viejo MPN se fueron haciendo más fuertes. La cámara de diputados aprobó un pedido de intervención de la cooperativa a la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ), pero esta lo rechazó, tan solo una semana después de la aprobación, en un escrito de apenas dos carillas.
La intervención permitiría tomar conocimiento de la situación contable y financiera de la cooperativa y del destino de los fondos de los aportes de los cooperativistas, en algunos casos, durante una década y media. A la vez, la ruta del dinero, permitiría esclarecer los mecanismos de protección política. Tal vez allí radiquen los motivos de la rotunda y rápida respuesta negativa.
“En la provincia de Vaca Muerta, que recibe gente de todo el país en busca de mejores oportunidades, sería sencillo dedicar una parte de la renta petrolera a planes de vivienda. Hasta se podría hacer que lo paguen las empresas. Pero, evidentemente, el gobierno tiene otros intereses”.
