El gobierno aplicara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para cerrar las negociaciones para el próximo Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y le consultará al Congreso Nacional la aplicación en el tiempo de ese acuerdo vía rechazo o no de esa iniciativa. Saltaria así la instancia obligatoria de aplicación de la la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que pasará a la historia como «Ley Guzmán», sancionada en marzo del 2021 durante el
gobierno de Alberto Fernández, a instancias de su ministro de Economía Martín Guzmán.
Esta legislación establece que cualquier acuerdo de financiamiento o crédito público con el FMI, así como cualquier ampliación de los montos de endeudamiento de esos programas, debe ser aprobado expresamente por el Congreso Nacional. El DNU apunta precisamente a salvar este escollo, con un mecanismo constitucional. En teoría, superior a una legislación.
En esta edición de El lunes puede esperar, el periodista Federico Milenaar realizó su columna semanal y adelantó todo lo que se puede esperar en esta nueva batalla legislativa del Gobierno.
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