En esta edición de Cata de Noticias recibimos en los estudios de Radio con Vos a José Ignacio “Vasco” de Mendiguren, empresario, ex titular de la UIA y ex ministro de Producción, para analizar el rumbo económico del Gobierno, el rol de la industria y el modelo de desarrollo que está en juego en la Argentina.
En diálogo con Cata de Elía, de Mendiguren se mostró preocupado por el presente, aunque planteó que el país tiene una oportunidad histórica: “La situación es difícil por cómo se está llevando, pero la expectativa para Argentina es extraordinaria”, sostuvo. Sin embargo, marcó un fuerte desacuerdo con el enfoque actual y con lo que definió como una tensión inducida entre la industria y la sociedad. “El fondo del problema es enfrentar a la industria con la gente. El oficialismo busca instalar que la industria es prebendaria», señaló.
A lo largo de la charla, el ex titular de la UIA cuestionó el modelo económico: “El mundo quiere tu soja, no tu combustible. Quiere tu trigo, no tus fideos. Tu litio, no tus baterías”, graficó. En esa línea, advirtió que la discusión de fondo pasa por el agregado de valor.
De Mendiguren también planteó: “Antes venían con la fuerza a ocupar el territorio, hoy la penetración es cultural. Convencer a una sociedad con pobreza de que tiene que exportar el 85% de su trigo en vez de transformarlo en harina”. Y agregó: “Hoy el sector agropecuario argentino alimenta a los animales del mundo. No vendemos producto terminado”.
En relación con el vínculo entre la industria y la política, recordó su experiencia al frente de la UIA y su salto al sector público: “La gente me escuchaba y la política me vino a buscar. En 2001, Alfonsín y Duhalde me convocan y termino siendo ministro de Producción”, contó. Desde ese lugar, insistió en la necesidad de reconstruir un puente con la sociedad: “Si la UIA protesta todo el día pero no habla con la gente, pierde”.
Sobre el actual presidente, reconoció su capacidad comunicacional pero cuestionó su diagnóstico: “Milei te habla con claridad. Pero no entiende lo que está pasando”. En ese punto, trazó una comparación con Estados Unidos y el fenómeno de Donald Trump: “Las corporaciones se llevaron la producción afuera, Wall Street se llenó de plata, pero la gente se quedó sin trabajo. Trump tuvo la inteligencia de interpretar a la gente norteamericana que se estaba quedando sin trabajo. Milei está haciendo lo contrario”.
En esa línea, advirtió sobre las consecuencias del modelo actual: “Creció el campo, creció la minería, creció el negocio financiero, pero cayó el empleo. Estás apoyando a los sectores que no generan trabajo”.
En una nueva edición de Gambito de Datos, Hernán Cappiello centró su editorial en los movimientos que comienzan a delinear una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y la Justicia, a partir de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y la decisión de avanzar con la designación de alrededor de 200 jueces para cubrir vacantes en todo el sistema judicial.
Hoy la Justicia argentina tiene cerca de un 37% de vacantes, un nivel que amenaza con volver inoperantes algunos tribunales. Por ejemplo, la Cámara Penal Económica debería tener seis jueces y actualmente funciona con apenas dos.
En ese escenario, Mahiques anunció que buscará reactivar los concursos y avanzar con las designaciones pendientes, revisando las ternas ya elaboradas y actualizando los informes de los candidatos.
Pero esto también tiene una dimensión política. La posibilidad de nombrar cerca de 200 jueces abre una oportunidad para reconfigurar el mapa del Poder Judicial, algo que inevitablemente recuerda a otros momentos de la historia argentina.
Cappiello trazó un paralelismo con la década del 90. En aquellos años, el presidente Carlos Menem duplicó la cantidad de jueces federales, pasando de seis a doce juzgados en Comodoro Py. La jugada permitió construir una nueva Justicia Federal alineada con el poder político. En esa época nació incluso una expresión que se volvió famosa: los “jueces 4×4”, un apodo que surgió a partir de un título de Clarín que describía cómo el estacionamiento de los tribunales se llenaba de camionetas de alta gama, símbolo de una época.
Treinta años después, la llegada de Mahiques al Ministerio y de Santiago Viola como viceministro —quien además será representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura— implica una incidencia directa del Gobierno y de Karina Milei.
Ambos nombres, además, llegan con antecedentes conocidos en el mundo judicial. Mahiques es hijo del juez de Casación Carlos Mahiques y mantiene vínculos fluidos con jueces federales y camaristas. Viola, por su parte, fue abogado de Lázaro Báez y su trayectoria incluye vínculos con el mundo de la inteligencia y un procesamiento del que posteriormente fue sobreseído.
Para Cappiello, estos movimientos también reflejan un cambio en el equilibrio interno del Gobierno. La designación de Mahiques marca el regreso de Karina Milei al centro del poder político, en una pulseada interna que habría ganado frente al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los arquitectos de la estrategia política y comunicacional del oficialismo.
El nuevo esquema abre una etapa distinta dentro del Gobierno. Tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, el gabinete también muestra una renovación importante: de los funcionarios originales del inicio de la gestión, apenas permanecen Luis Caputo y Sandra Pettovello.
Hoy, jueves 12 de marzo se da a conocer el índice de inflación luego de la polémica con el INDEC y su método de medición.
En esta nueva columna en Cata de Noticias, el economista Tomás Delgado reflexionó acerca del trasfondo de esta polémica y los problemas que tiene dicho índice utilizado para calcular la inflación.
Según explicó, el problema de fondo es que la medición actual se basa en hábitos de consumo de hace más de veinte años. La canasta que utiliza el INDEC fue diseñada a partir de patrones de consumo de 2004 y 2005, lo que genera distorsiones respecto de la realidad económica actual.
Delgado mencionó ejemplos que ilustran esa desactualización: dentro de la canasta todavía aparecen consumos como Blockbuster o el teléfono fijo, que hoy tienen una relevancia mínima en la vida cotidiana. En cambio, servicios que hoy forman parte central del gasto de los hogares —como el celular o las plataformas de streaming— tienen menor peso.
En diálogo con Cata de Elía, Tomás señaló una de las principales diferencias entre las dos mediciones: «La canasta de 2004 tiene un sesgo muy pro bienes. El aumento de los bienes pesa mas que los servicios (como netflix). Mientras que la canasta más moderna que arranco a rediseñar el Gobierno de Macri, siguió Lavagna con Alberto y está preparada para aplicar ahora; es más pro servicios. (Más parecida a la de la Ciudad de Buenos Aires)».
La polémica fue desatada ya que el Gobierno, según trascendió, buscó frenar la implementación de este nuevo índice. El motivo, explicó el economista, es que una canasta con mayor peso de los servicios probablemente arrojaría una inflación más alta, especialmente en un contexto en el que se esperan aumentos en tarifas y servicios públicos durante los próximos meses.
Más allá de la discusión metodológica, el economista también puso el foco en la dinámica actual de los precios. Uno de los factores que empieza a preocupar es la suba reciente de la carne, un producto con gran incidencia en el IPC. «“Si algunos cortes empiezan a subir 15%, incluso con la canasta vieja el índice se empieza a complicar”, advirtió.
Delgado también planteó que, después de dos años de gestión, la inflación sigue ubicándose en torno al 3% mensual, lo que anualizado representa cerca de un 43% anual. Para el economista, ese nivel sigue siendo elevado considerando el costo económico y social que implicó el ajuste.
“Para el nivel de caída del empleo, de reestructuración de empresas y de sacrificio social, sigue siendo una inflación alta”, sostuvo.
«El panorama es de un piso de inflación, caída en la recaudación, síntomas de recesión, al mismo tiempo cierre de empresas que trae desempleo y gente en la calle», concluyó.
En una nueva columna en Cata de Noticias, el abogado Juan Pablo Gallego analizó la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia y lo que puede implicar para la política judicial del Gobierno.
Según planteó, el cambio podría marcar un giro importante respecto de la etapa anterior. Para Gallego, durante los primeros dos años de gestión el área estuvo prácticamente ausente de la agenda oficial. “El Gobierno tuvo un Ministerio bobo y ahora puede pasar a tener uno activo”, sostuvo. A su juicio, con la gestión de Mariano Cúneo Libarona “no hubo política judicial”, lo que llevó a que se perdiera tiempo valioso.
En ese contexto, señaló que muchas de las cuestiones vinculadas con la Justicia terminaron siendo absorbidas por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, lo que generó desorden institucional.
Para el columnista, uno de los primeros anuncios de Mahiques apunta justamente a revertir esa inercia. El nuevo ministro adelantó que buscará avanzar rápidamente en la designación de jueces de primera instancia en el fuero federal, un tema que quedó relegado durante los últimos años.
Gallego destacó además que Mahiques llega con experiencia en el funcionamiento del sistema judicial. Durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como secretario y tuvo participación en el Consejo de la Magistratura, lo que le da conocimiento directo sobre el proceso de selección de jueces y el manejo de ternas. “Eso le puede permitir empezar a trabajar rápido”, explicó.
Entre los problemas que hoy enfrenta el sistema judicial, el analista mencionó especialmente la situación de la Procuración General y la implementación del sistema acusatorio. Este nuevo modelo viene siendo presentado como una gran reforma y se le hace bastante marketing.
Sin embargo , Gallego denunció que “El sistema acusatorio se viene implementando muy mal, sin recursos para los fiscales”. Y advirtió que la situación se vuelve todavía más delicada porque la Procuración sigue encabezada por un procurador interino.
Otro punto crítico que mencionó es la integración incompleta de la Corte Suprema. Actualmente el tribunal funciona con tres miembros, cuando se establece que debería tener cinco. “Si hay algo urgentísimo que requiere la Argentina es completar la Corte”, planteó.
Según su mirada, el máximo tribunal necesita incorporar perfiles específicos —entre ellos un abogado penalista— y también avanzar en la designación de una mujer que integre la Corte Suprema.
“El Gobierno comprendió que no puede gobernar al margen del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado”, concluyó.
En ocasión del comienzo del ciclo lectivo 2026 en Argentina, Cata de Elía reunió en los estudios de Radio con Vos a tres referentes para pensar el presente y el futuro del sistema educativo argentino: Claudia Romero, doctora en Educación y autora de «Liderazgo educativo para mejorar las escuelas»; Florencia Salvarezza, lingüista, profesora de la UBA y directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación Ineco; y Luis Arocha, director de la Fundación María de Guadalupe, cuya escuela de Tigre fue reconocida en 2024 entre las cinco mejores del mundo.
En esta edición de Cata de Noticias realizamos una radiografía clara y sincera del sistema educativo nacional.
En los últimos veinte años, coincidieron, la Argentina logró que más chicos estén dentro del sistema educativo, pero no necesariamente que aprendan más. “Hicimos un esfuerzo enorme para incluir y reducir el abandono, pero no estamos logrando que aprendan a leer, a convivir, a razonar matemáticamente”, planteó Romero. Salvarezza reforzó esa idea con datos: recordó que en 1997 el país estaba entre los mejores en comprensión lectora en la región y que en 2019 cayó a los últimos puestos. “Hace muchos años sabemos que nos venimos cayendo y nadie con capacidad de decisión política hizo algo al respecto”, advirtió.
Para ambas, el problema no es solo presupuestario. La inversión educativa creció en las últimas décadas, pero los resultados no acompañaron. “El sistema festeja sus logros, pero no quiere hacerse cargo de sus fracasos”, señaló Romero. Salvarezza puso el foco en el método y en el rol del docente: “Hay una idea mágica de que los chicos aprenden solos y así nos fue. El docente tiene que enseñar y tener un buen método».
Desde su experiencia, Luis Arocha aportó otra dimensión al debate. La Fundación María de Guadalupe, que dirige y que nació en 2012 en un contexto socioeconómico muy desafiante, recibe a 750 alumnos entre nivel inicial, primario y secundario. En 2024, su escuela de Tigre fue distinguida a nivel internacional. “Los contextos pesan, pero se puede romper ese destino que parece inexorable”, sostuvo. Mientras que en Argentina solo 2 de cada 100 chicos en situación de pobreza terminan la secundaria a tiempo, en su institución lo logran 7 de cada 10. Además, 9 de cada 10 egresados hoy están trabajando y/o estudiando.
Romero retomó esa idea para subrayar que la escuela debe compensar las desigualdades de origen: los chicos pueden llegar con menos estimulación desde sus hogares, pero la función del sistema es justamente que esa diferencia no determine el punto de llegada. También advirtió que muchos países con conflictos sociales y económicos logran mejores desempeños, lo que demuestra que la economía por sí sola no explica el deterioro educativo.
La irrupción de la inteligencia artificial abrió otro eje de la conversación. Romero planteó que la IA puede potenciar la tarea docente, pero no reemplazarla. “Hay una dimensión humana, tácita, que tiene que ver con la experiencia, con cómo un docente interpreta una mirada o una actitud en el aula. Eso todavía es irreductible”, explicó. Salvarezza agregó que para usar bien estas herramientas primero hay que saber: “Si yo no conozco el mundo, no puedo evaluar si lo que me devuelve la IA es cierto”. En la misma línea, Arocha contó que en su escuela comenzaron a utilizar una plataforma de asistencia al docente que, a partir de la planificación anual y los objetivos de aprendizaje, genera actividades didácticas. “La pensamos como asistencia, no como reemplazo”, aclaró.
En esta edición de Cata de Noticias recibimos en los estudios de Radio con Vos a Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), para debatir sobre la reforma laboral y el traspaso de la Justicia del Trabajo de Nación a la Ciudad. De la conversación también participaron los columnistas Juan Pablo Gallego y Juan Negri, quienes aportaron una mirada jurídica y política sobre el alcance del proyecto y sus posibles consecuencias.
Desde el inicio, Piumato cuestionó el espíritu de la reforma y sostuvo que rompe con el paradigma histórico del derecho laboral argentino. “La génesis del derecho laboral es equilibrar algo que está desequilibrado: la relación entre el capital y el trabajo”, explicó. En esa línea, remarcó que la Constitución Nacional establece que la legislación debe proteger al trabajador y advirtió que el proyecto actual elimina el concepto de justicia social.
Para el dirigente sindical, la iniciativa vulnera el principio de progresividad de los derechos consagrado en el artículo 14 bis. “El principio de progresividad impide que se quiten derechos. Esta ley quita derechos”, afirmó. Y fue aún más categórico al señalar que “el 95% de los artículos viola nuestra Constitución”, por lo que anticipó que, de avanzar, la norma será judicializada.
Durante el intercambio también surgió el debate en torno a la denominada “industria del juicio”. Piumato negó que exista dicha industria y defendió el funcionamiento del fuero laboral: “No existe la industria del juicio. En materia de accidentes laborales muchas veces se ponen de acuerdo los abogados y los peritos. Lo que tiene que haber son peritos oficiales, que es lo que nosotros impulsamos”. Por su parte, Juan Pablo Gallego advirtió que el concepto de modernización suele utilizarse para encubrir esa discusión. sostuvo que legislar sin atender la Constitución y los tratados internacionales puede generar un fuerte revés judicial
El secretario general de la UEJN también cuestionó herramientas como los llamados “bancos de horas”, al considerar que alteran el equilibrio de la relación laboral. “La concepción de que el trabajador solo debe pensar en trabajar implica que no tiene vida ni ocio”, sostuvo, y advirtió que ese tipo de mecanismos profundizan la desigualdad entre capital y trabajo.
Otro de los ejes fue la informalidad laboral. Piumato rechazó que pueda atribuirse responsabilidad a las organizaciones sindicales y apuntó a los gobiernos y a los sectores empresarios. “Es una tontería pensar que a los sindicatos les conviene la informalidad. El trabajador no registrado es un negocio para algunos empresarios que incumplen la ley durante años”, afirmó, y señaló que el empleo informal perjudica tanto a los trabajadores como a las propias estructuras sindicales.
Por último, Piumato aclaró que si la ley es aprobada será judicializada. Explicó que es inconstitucional ya que existe en nuestra constitución el principio de progresividad de los derechos. «El principio de la progresividad impide que se quiten derechos. Esta ley los quita y por ende, va en contra de la Constitución (art 14 bis)».
Sobre el escenario institucional que podría abrirse si la ley es aprobada, Juan Negri planteó el interrogante acerca de qué postura adoptará la Corte Suprema frente a la eventual judicialización. «Hasta ahora, la Corte Suprema ha sido generosa con el Gobierno», advirtió.
Sin embargo Gallego señaló que legislar sin atender la Constitución y los tratados internacionales puede generar un fuerte revés judicial para la ley.
