En esta edición de Cata de Noticias recibimos en los estudios de Radio con Vos a Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), para debatir sobre la reforma laboral y el traspaso de la Justicia del Trabajo de Nación a la Ciudad. De la conversación también participaron los columnistas Juan Pablo Gallego y Juan Negri, quienes aportaron una mirada jurídica y política sobre el alcance del proyecto y sus posibles consecuencias.
Desde el inicio, Piumato cuestionó el espíritu de la reforma y sostuvo que rompe con el paradigma histórico del derecho laboral argentino. “La génesis del derecho laboral es equilibrar algo que está desequilibrado: la relación entre el capital y el trabajo”, explicó. En esa línea, remarcó que la Constitución Nacional establece que la legislación debe proteger al trabajador y advirtió que el proyecto actual elimina el concepto de justicia social.
Para el dirigente sindical, la iniciativa vulnera el principio de progresividad de los derechos consagrado en el artículo 14 bis. “El principio de progresividad impide que se quiten derechos. Esta ley quita derechos”, afirmó. Y fue aún más categórico al señalar que “el 95% de los artículos viola nuestra Constitución”, por lo que anticipó que, de avanzar, la norma será judicializada.
Durante el intercambio también surgió el debate en torno a la denominada “industria del juicio”. Piumato negó que exista dicha industria y defendió el funcionamiento del fuero laboral: “No existe la industria del juicio. En materia de accidentes laborales muchas veces se ponen de acuerdo los abogados y los peritos. Lo que tiene que haber son peritos oficiales, que es lo que nosotros impulsamos”. Por su parte, Juan Pablo Gallego advirtió que el concepto de modernización suele utilizarse para encubrir esa discusión. sostuvo que legislar sin atender la Constitución y los tratados internacionales puede generar un fuerte revés judicial
El secretario general de la UEJN también cuestionó herramientas como los llamados “bancos de horas”, al considerar que alteran el equilibrio de la relación laboral. “La concepción de que el trabajador solo debe pensar en trabajar implica que no tiene vida ni ocio”, sostuvo, y advirtió que ese tipo de mecanismos profundizan la desigualdad entre capital y trabajo.
Otro de los ejes fue la informalidad laboral. Piumato rechazó que pueda atribuirse responsabilidad a las organizaciones sindicales y apuntó a los gobiernos y a los sectores empresarios. “Es una tontería pensar que a los sindicatos les conviene la informalidad. El trabajador no registrado es un negocio para algunos empresarios que incumplen la ley durante años”, afirmó, y señaló que el empleo informal perjudica tanto a los trabajadores como a las propias estructuras sindicales.
Por último, Piumato aclaró que si la ley es aprobada será judicializada. Explicó que es inconstitucional ya que existe en nuestra constitución el principio de progresividad de los derechos. «El principio de la progresividad impide que se quiten derechos. Esta ley los quita y por ende, va en contra de la Constitución (art 14 bis)».
Sobre el escenario institucional que podría abrirse si la ley es aprobada, Juan Negri planteó el interrogante acerca de qué postura adoptará la Corte Suprema frente a la eventual judicialización. «Hasta ahora, la Corte Suprema ha sido generosa con el Gobierno», advirtió.
Sin embargo Gallego señaló que legislar sin atender la Constitución y los tratados internacionales puede generar un fuerte revés judicial para la ley.
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