En una nueva columna en Cata de Noticias, el abogado Juan Pablo Gallego analizó la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia y lo que puede implicar para la política judicial del Gobierno.
Según planteó, el cambio podría marcar un giro importante respecto de la etapa anterior. Para Gallego, durante los primeros dos años de gestión el área estuvo prácticamente ausente de la agenda oficial. “El Gobierno tuvo un Ministerio bobo y ahora puede pasar a tener uno activo”, sostuvo. A su juicio, con la gestión de Mariano Cúneo Libarona “no hubo política judicial”, lo que llevó a que se perdiera tiempo valioso.
En ese contexto, señaló que muchas de las cuestiones vinculadas con la Justicia terminaron siendo absorbidas por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, lo que generó desorden institucional.
Para el columnista, uno de los primeros anuncios de Mahiques apunta justamente a revertir esa inercia. El nuevo ministro adelantó que buscará avanzar rápidamente en la designación de jueces de primera instancia en el fuero federal, un tema que quedó relegado durante los últimos años.
Gallego destacó además que Mahiques llega con experiencia en el funcionamiento del sistema judicial. Durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como secretario y tuvo participación en el Consejo de la Magistratura, lo que le da conocimiento directo sobre el proceso de selección de jueces y el manejo de ternas. “Eso le puede permitir empezar a trabajar rápido”, explicó.
Entre los problemas que hoy enfrenta el sistema judicial, el analista mencionó especialmente la situación de la Procuración General y la implementación del sistema acusatorio. Este nuevo modelo viene siendo presentado como una gran reforma y se le hace bastante marketing.
Sin embargo , Gallego denunció que “El sistema acusatorio se viene implementando muy mal, sin recursos para los fiscales”. Y advirtió que la situación se vuelve todavía más delicada porque la Procuración sigue encabezada por un procurador interino.
Otro punto crítico que mencionó es la integración incompleta de la Corte Suprema. Actualmente el tribunal funciona con tres miembros, cuando se establece que debería tener cinco. “Si hay algo urgentísimo que requiere la Argentina es completar la Corte”, planteó.
Según su mirada, el máximo tribunal necesita incorporar perfiles específicos —entre ellos un abogado penalista— y también avanzar en la designación de una mujer que integre la Corte Suprema.
“El Gobierno comprendió que no puede gobernar al margen del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado”, concluyó.
En esta edición de Cata de Noticias recibimos en los estudios de Radio con Vos a Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), para debatir sobre la reforma laboral y el traspaso de la Justicia del Trabajo de Nación a la Ciudad. De la conversación también participaron los columnistas Juan Pablo Gallego y Juan Negri, quienes aportaron una mirada jurídica y política sobre el alcance del proyecto y sus posibles consecuencias.
Desde el inicio, Piumato cuestionó el espíritu de la reforma y sostuvo que rompe con el paradigma histórico del derecho laboral argentino. “La génesis del derecho laboral es equilibrar algo que está desequilibrado: la relación entre el capital y el trabajo”, explicó. En esa línea, remarcó que la Constitución Nacional establece que la legislación debe proteger al trabajador y advirtió que el proyecto actual elimina el concepto de justicia social.
Para el dirigente sindical, la iniciativa vulnera el principio de progresividad de los derechos consagrado en el artículo 14 bis. “El principio de progresividad impide que se quiten derechos. Esta ley quita derechos”, afirmó. Y fue aún más categórico al señalar que “el 95% de los artículos viola nuestra Constitución”, por lo que anticipó que, de avanzar, la norma será judicializada.
Durante el intercambio también surgió el debate en torno a la denominada “industria del juicio”. Piumato negó que exista dicha industria y defendió el funcionamiento del fuero laboral: “No existe la industria del juicio. En materia de accidentes laborales muchas veces se ponen de acuerdo los abogados y los peritos. Lo que tiene que haber son peritos oficiales, que es lo que nosotros impulsamos”. Por su parte, Juan Pablo Gallego advirtió que el concepto de modernización suele utilizarse para encubrir esa discusión. sostuvo que legislar sin atender la Constitución y los tratados internacionales puede generar un fuerte revés judicial
El secretario general de la UEJN también cuestionó herramientas como los llamados “bancos de horas”, al considerar que alteran el equilibrio de la relación laboral. “La concepción de que el trabajador solo debe pensar en trabajar implica que no tiene vida ni ocio”, sostuvo, y advirtió que ese tipo de mecanismos profundizan la desigualdad entre capital y trabajo.
Otro de los ejes fue la informalidad laboral. Piumato rechazó que pueda atribuirse responsabilidad a las organizaciones sindicales y apuntó a los gobiernos y a los sectores empresarios. “Es una tontería pensar que a los sindicatos les conviene la informalidad. El trabajador no registrado es un negocio para algunos empresarios que incumplen la ley durante años”, afirmó, y señaló que el empleo informal perjudica tanto a los trabajadores como a las propias estructuras sindicales.
Por último, Piumato aclaró que si la ley es aprobada será judicializada. Explicó que es inconstitucional ya que existe en nuestra constitución el principio de progresividad de los derechos. «El principio de la progresividad impide que se quiten derechos. Esta ley los quita y por ende, va en contra de la Constitución (art 14 bis)».
Sobre el escenario institucional que podría abrirse si la ley es aprobada, Juan Negri planteó el interrogante acerca de qué postura adoptará la Corte Suprema frente a la eventual judicialización. «Hasta ahora, la Corte Suprema ha sido generosa con el Gobierno», advirtió.
Sin embargo Gallego señaló que legislar sin atender la Constitución y los tratados internacionales puede generar un fuerte revés judicial para la ley.
