En una nueva edición de El que calla otorga, Marcelo Veneranda puso el foco en las tensiones internas que atraviesan al oficialismo y en la creciente sensación de desorden alrededor del círculo más cercano a Javier Milei.
El disparador fue la polémica alrededor de la cuenta de Twitter @periodistarufus, vinculada a operaciones dentro del universo libertario y que había apuntado duramente contra Santiago Caputo y otros sectores del Gobierno. La controversia escaló de tal manera que el propio Presidente tuvo que intervenir públicamente para defender a Martín Menem, acusado de manejar dicha cuenta, y asegurar que todo había sido “prefabricado”. “Yo no le mentí al Presidente”, respondió Menem, obligado a aclarar la situación por tercera vez en la semana.
Sin embargo, Veneranda destacó que quien habló directamente de mentiras al Presidente fue el Gordo Dan —Daniel Parisini—, uno de los influencers más cercanos al oficialismo y particularmente ligado a Santiago Caputo.
El editorial también retomó el caso Adorni, que ya lleva más de dos meses ocupando la agenda pública. Veneranda recordó que Manuel Adorni había prometido presentar su declaración jurada para aclarar las sospechas sobre su patrimonio, algo que todavía no ocurrió. “Pasaron 74 días desde que empezó el escándalo Adorni y no hace más que hacerle daño al Gobierno”, planteó.
A partir de allí, el periodista trazó un mapa del poder oficialista: Santiago Caputo manejando áreas sensibles vinculadas a inteligencia, Adorni como articulador del gabinete, Menem conduciendo Diputados y Patricia Bullrich en el senado. Incluso mencionó el vínculo entre Karina Milei y sectores de la Corte Suprema a través de Juan Bautista Mahiques.
“Si Milei está en el centro de una rueda, los radios que lo conectan con los distintos poderes parecen no ser del todo sinceros”, concluyó Veneranda.
En una nueva edición de Gambito de Datos, Hernán Cappiello centró su editorial en los movimientos que comienzan a delinear una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y la Justicia, a partir de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y la decisión de avanzar con la designación de alrededor de 200 jueces para cubrir vacantes en todo el sistema judicial.
Hoy la Justicia argentina tiene cerca de un 37% de vacantes, un nivel que amenaza con volver inoperantes algunos tribunales. Por ejemplo, la Cámara Penal Económica debería tener seis jueces y actualmente funciona con apenas dos.
En ese escenario, Mahiques anunció que buscará reactivar los concursos y avanzar con las designaciones pendientes, revisando las ternas ya elaboradas y actualizando los informes de los candidatos.
Pero esto también tiene una dimensión política. La posibilidad de nombrar cerca de 200 jueces abre una oportunidad para reconfigurar el mapa del Poder Judicial, algo que inevitablemente recuerda a otros momentos de la historia argentina.
Cappiello trazó un paralelismo con la década del 90. En aquellos años, el presidente Carlos Menem duplicó la cantidad de jueces federales, pasando de seis a doce juzgados en Comodoro Py. La jugada permitió construir una nueva Justicia Federal alineada con el poder político. En esa época nació incluso una expresión que se volvió famosa: los “jueces 4×4”, un apodo que surgió a partir de un título de Clarín que describía cómo el estacionamiento de los tribunales se llenaba de camionetas de alta gama, símbolo de una época.
Treinta años después, la llegada de Mahiques al Ministerio y de Santiago Viola como viceministro —quien además será representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura— implica una incidencia directa del Gobierno y de Karina Milei.
Ambos nombres, además, llegan con antecedentes conocidos en el mundo judicial. Mahiques es hijo del juez de Casación Carlos Mahiques y mantiene vínculos fluidos con jueces federales y camaristas. Viola, por su parte, fue abogado de Lázaro Báez y su trayectoria incluye vínculos con el mundo de la inteligencia y un procesamiento del que posteriormente fue sobreseído.
Para Cappiello, estos movimientos también reflejan un cambio en el equilibrio interno del Gobierno. La designación de Mahiques marca el regreso de Karina Milei al centro del poder político, en una pulseada interna que habría ganado frente al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los arquitectos de la estrategia política y comunicacional del oficialismo.
El nuevo esquema abre una etapa distinta dentro del Gobierno. Tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, el gabinete también muestra una renovación importante: de los funcionarios originales del inicio de la gestión, apenas permanecen Luis Caputo y Sandra Pettovello.
En una nueva edición de Gambito de Datos, Hernán Cappiello, centró su editorial en el rol de la Justicia en una semana atravesada por la violencia del narcotráfico, las tensiones políticas y las reformas que impulsa el Gobierno.
El disparador fue una investigación en Entre Ríos que expuso la gravedad de la amenaza del crimen organizado. Un juez federal de Gualeguaychú, con el auxilio del ministro de Seguridad provincial, logró desbaratar una maniobra encabezada por Leandro Airaldi, conocido como “El Gaucho Narco”, quien manejaba la distribución de cocaína en la región de Diamante. Según se descubrió en la investigación, había contratado sicarios para atentar contra un juez y un fiscal.
El fenómeno no es aislado. En México, la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, desató una ola de violencia con bloqueos, tiroteos y suspensión de vuelos en Puerto Vallarta.
Pero la otra cara de la semana judicial tuvo un fuerte componente político. El juez de la Cámara Federal de Casación Carlos “Coco” Mahiques quedó en el centro de la escena tras conocerse que celebró su cumpleaños en una quinta atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, propiedad que está bajo investigación por presuntos testaferros. Mahiques, además, deberá intervenir para definir si la causa se investiga en Campana o en Comodoro Py.
Cappiello también advirtió que la Justicia tendrá la última palabra sobre la reforma que busca aprobar el Gobierno esta semana. “En este escenario la justicia tiene un rol clave cuando decida si la reforma laboral que se dispone a aprobar el Congreso sobrevivirá o será declarada inconstitucional”, planteó.
