Septiembre dejó un aplazo electoral para el Gobierno, pero en la política argentina nunca hay tiempo para el aburrimiento. Octubre aparece como una nueva arena donde todo puede cambiar. En este escenario, los vaivenes de un electorado más preocupado por llegar a fin de mes que por las peleas partidarias, abren una oportunidad a Javier Milei y a su tropa.

En esa disputa aparece Patricia Bullrich como figura central. Desde que asumió en el Ministerio de Seguridad persiguió ese objetivo, aunque en las últimas semanas acumuló traspiés. El más resonante fue cuando negó haber pedido allanamientos a periodistas por los audios de Karina Milei, pese a que los abogados de la cartera habían avanzado en ese sentido. También se quebró en una entrevista al recordar el caso Maldonado, mostrándose por primera vez sin la vitalidad y firmeza que suelen acompañar su imagen. La foto de la mesa política en Casa Rosada la mostró con la cabeza gacha y un aire de agotamiento.

La gestión tampoco deja números alentadores. Los policías siguen descontentos con sus salarios y cada vez cuesta más convencerlos de reprimir jubilados o manifestaciones frente al Congreso. Los jueces federales advierten que casi no hay investigaciones relevantes contra el narcotráfico y el crimen organizado, pese a que Bullrich levantó esa bandera en sus dos mandatos. No se registran grandes incautaciones en las fronteras ni avionetas narco interceptadas.

El hito institucional fue la creación de la Dirección Federal de Investigaciones (DFI), un supuesto “FBI argentino” dentro de la PFA. Sin embargo, en la práctica se trata de una estructura vacía: los operativos siguen a cargo de las mismas divisiones policiales. Más grave aún, la DFI nació junto a la declaración de la emergencia económica en el ministerio, lo que le permitió a Bullrich comprar sin licitaciones, un detalle que despierta suspicacias.

De cara al futuro, nada parece torcer el camino de Bullrich hacia una banca en el Senado. Suena como posible reemplazo su segunda al mando, Alejandra Monte Oliva, aunque la decisión final quedará en manos del Presidente. En el ministerio repiten que lo fundamental es sostener la llamada “doctrina Bullrich”: el protocolo antipiquetes que funciona como blindaje político frente a las protestas sociales.

Lejos de su despacho, Bullrich ya juega en otra liga, pero no deja de mirar de reojo a un Ministerio que fue su plataforma de poder.

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