LA CORTE FALLÓ; POR MARCELO VENERANDA

LA CORTE FALLÓ; POR MARCELO VENERANDA

En una nueva edición de El que calla otorga, Marcelo Veneranda repasó una semana atravesada por nuevos datos económicos, declaraciones de Javier Milei y movimientos políticos del Gobierno, pero puso especialmente el foco en el fallo de la Corte Suprema que volvió a dejar vigente el artículo del DNU 70/2023, el cual derogó la Ley de Tierras.

El periodista comenzó por las declaraciones que Milei realizó en una entrevista, donde rechazó la visión de que la economía atraviesa un escenario recesivo y volvió a proyectar un fuerte crecimiento para los próximos años. Veneranda contrastó ese diagnóstico con los últimos indicadores de actividad, empleo, pobreza, consumo e inversión y con las dificultades para acumular reservas.

Sin embargo, el eje central del editorial estuvo puesto en la decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. El máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 y consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para impulsar la acción. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto, pero como consecuencia de su decisión volvió a quedar vigente el artículo que derogó la Ley 26.737 y, con ello, dejaron de operar los límites que esa norma imponía a la adquisición de tierras por extranjeros.

Veneranda analizó la decisión desde distintas dimensiones. En primer lugar, cuestionó los tiempos del máximo tribunal y contrastó la resolución de este expediente con la falta de una definición de fondo sobre la validez constitucional del DNU 70/2023. También reparó en el argumento procesal utilizado por la Corte, que sostuvo que el CECIM no estaba habilitado para llevar adelante el reclamo. “La Corte que no se pronunció sobre la validez del DNU”, remarcó.

El periodista puso además el foco en las consecuencias institucionales y políticas de la resolución. Señaló que, independientemente de que la Corte no haya resuelto sobre el fondo de la cuestión, el efecto concreto de su fallo fue restablecer la derogación de una ley sancionada por el Congreso a través de un decreto presidencial. Veneranda recordó además que el Congreso había discutido recientemente cambios sobre el régimen de tierras sin que el oficialismo consiguiera avanzar con su propuesta.

La decisión abrió ahora un nuevo frente en Diputados que pone en un nuevo apriete político al Gobierno. Distintos bloques opositores solicitaron una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de tratar el DNU 70/2023, al mismo tiempo que también se va a tratar el proyecto de morosidad y la emergencia en discapacidad. Todo eso, el mismo día en que los universitarios van a marchar en defensa de la educación pública.

🎧 Escuchá el editorial completo acá.

LA CORTE Y OTRO FAVOR A MILEI; POR REYNALDO SIETECASE

LA CORTE Y OTRO FAVOR A MILEI; POR REYNALDO SIETECASE

En «A qué darle bola», su tradicional repaso matutino por las noticias centrales del día, Reynaldo Sietecase  analizó el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales y cuestionó con dureza el accionar del máximo tribunal durante el gobierno de Javier Milei.

Sietecase calificó la decisión como “gravísima” y sostuvo que, en los hechos, representa un respaldo al Gobierno. El fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar la demanda contra el artículo 154 del DNU 70/2023. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de ese artículo, pero al revocar la sentencia de la Cámara Federal de La Plata quedó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el decreto.

Para el periodista, la resolución debe analizarse en el marco de la actuación que viene teniendo la Corte frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. “La Corte de Horacio Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti es una Corte libertaria, como la de los 90 era una Corte menemista”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que el máximo tribunal no haya resuelto hasta ahora la discusión de fondo sobre el DNU 70/2023, pese a la magnitud de una norma que modificó o derogó disposiciones en numerosas áreas de la economía y la legislación argentina.

Sietecase puso especialmente el foco en las consecuencias del fallo sobre la propiedad de las tierras rurales. La Ley 26.737 establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales; su derogación había sido frenada judicialmente a partir de la presentación del CECIM. “Es un escándalo que hace tres años la Corte no trate el tema de fondo”, cuestionó el periodista, quien también vinculó la decisión con el reciente debate político y social alrededor de las restricciones a la extranjerización de tierras.

Por último, Sietecase profundizó sus críticas hacia el máximo tribunal y consideró que existe un trato diferente según la relevancia política de las causas. “Está bueno que se vayan cayendo algunas máscaras”, sostuvo al comienzo de su análisis. Y concluyó con una fuerte definición sobre su visión de la Corte actual: “La Corte menemista al lado de esta es un lujo por el nivel de servilismo que tiene Rosatti y compañía”.

Escuchá el episodio completo de A que darle bola de Reynaldo Sietecase

DIEGO ARMESTO: «NINGÚN TRIBUNAL INTERNACIONAL PUEDE MODIFICAR UNA SENTENCIA»

DIEGO ARMESTO: «NINGÚN TRIBUNAL INTERNACIONAL PUEDE MODIFICAR UNA SENTENCIA»

En esta edición de Gambito de Datos conversamos con Diego Armesto, abogado constitucionalista, sobre la presentación realizada por Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las posibilidades reales de que ese organismo modifique su situación judicial.

En diálogo con Hernán Cappiello y Ariel Cohen, Armesto explicó que el Comité de Derechos Humanos no funciona como un tribunal de apelación y, por lo tanto, no tiene facultades para revocar una condena dictada por la Justicia argentina. Según señaló, el organismo únicamente puede analizar si existió una eventual vulneración de derechos y emitir recomendaciones. “Ningún tribunal internacional puede revocar o modificar una sentencia”, afirmó.

El constitucionalista también se refirió a la posibilidad de que el Comité dicte una medida cautelar vinculada con la participación electoral de la expresidenta. Sin embargo, sostuvo que aun en ese escenario la decisión final seguiría dependiendo de la Justicia argentina y recordó que la inhabilitación también alcanza a las elecciones internas. “Acá está jugando más lo político que lo jurídico, pero juegan con lo jurídico para enmascararlo”, concluyó.

🎧 Escuchá la entrevista completa acá.

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