En la última edición de Todo en Off, el periodista Ramón Indart analizó la profundización del escándalo que involucra a Manuel Adorni, las tensiones internas dentro del oficialismo y los datos económicos que reflejan una caída del empleo en sectores clave pese al crecimiento de actividades primarias.
El eje central del análisis estuvo puesto en la situación de Manuel Adorni, cuya continuidad en el Gobierno aparece cada vez más comprometida. Indart sostuvo que el caso ya entró en una fase crítica, con derivaciones judiciales y mediáticas que escalan día a día, y planteó que el funcionario podría no sostenerse en el cargo en el corto plazo.
Según explicó, la investigación avanza sobre inconsistencias patrimoniales que incluyen la compra de propiedades en un período breve sin correlato claro con los ingresos declarados. Entre los puntos más sensibles mencionó la adquisición de una vivienda en Exaltación de la Cruz y un departamento en Caballito, este último en condiciones que generan dudas sobre su valor real de mercado y la forma de financiamiento.
Uno de los elementos que más ruido genera es la presunta participación de dos jubiladas en la operación inmobiliaria, quienes habrían vendido la propiedad y, además, otorgado préstamos significativos en dólares. Testimonios periodísticos recientes ponen en duda esa versión, mientras que la Justicia ya comenzó a citar a actores clave de la operación, como la escribana interviniente.
Para Indart, el problema de fondo no es solo judicial sino político. A diferencia de otros dirigentes con mayor trayectoria, Adorni carecería de redes de protección dentro del sistema político, judicial y mediático. En ese sentido, señaló que su principal sostén es Karina Milei, y advirtió que, si ese respaldo se debilita, su salida sería inevitable.
El periodista también hizo foco en el perfil público del vocero, a quien describió como una figura que construyó su rol desde un discurso confrontativo, con fuertes cuestionamientos a periodistas, científicos y referentes de distintos ámbitos. Esa exposición —planteó— podría amplificar el impacto de su eventual caída, al no contar con aliados dispuestos a defenderlo.
En paralelo, el programa abordó el fallo judicial por la expropiación de YPF, que fue interpretado como una señal positiva en el corto plazo para la Argentina, al evitar un impacto económico mayor. Sin embargo, Indart advirtió sobre un aspecto clave del fallo: el reconocimiento de que el Estado argentino violó el estatuto de la empresa al momento de la expropiación.
Esa definición, explicó, podría tener consecuencias a futuro, ya que instala dudas sobre la seguridad jurídica del país frente a inversores internacionales. En esa línea, señaló que el Gobierno busca avanzar en cambios en la legislación de expropiaciones para evitar conflictos similares en el futuro.
El cierre del análisis estuvo centrado en la economía real. Indart describió un escenario de transformación productiva, donde sectores como el agro, la minería y la energía muestran crecimiento, mientras que actividades intensivas en empleo —como la industria, el comercio y la construcción— registran caídas.
El problema, según su diagnóstico, es la velocidad desigual de ese proceso: la destrucción de empleo en los sectores tradicionales avanza más rápido que la generación de nuevos puestos en las actividades en expansión. Como consecuencia, comienzan a aparecer señales de deterioro en el mercado laboral, con aumento del trabajo informal y nuevas formas de precarización.
Además, mencionó tensiones en la cadena de pagos y niveles elevados de financiamiento informal, lo que refleja dificultades crecientes para empresas y comercios en un contexto de menor actividad.
Entre la crisis política en el oficialismo, el avance de investigaciones judiciales y una economía que reconfigura su estructura productiva con costos sociales visibles, el panorama que describe el programa combina incertidumbre en el corto plazo con interrogantes más profundos sobre el rumbo económico.