En su columna semanal en El lunes puede esperar, Cecilia Di Lodovico unió dos escenas: una en Palermo y otra en Aguas Blancas, en la frontera de Salta con Bolivia. No porque formen parte de una misma causa, sino porque muestran cómo se está moviendo el tablero del narcotráfico.
Primero Palermo. El uruguayo Carlos Andrés Migales llegó a Buenos Aires en septiembre junto a su familia para escapar de una vendetta narco, pero lo encontraron en un departamento de alquiler temporario de la calle Costa Rica. Lo mataron frente a su esposa mientras sus hijas dormían. Los sicarios ingresaron con el código de acceso, dispararon y escaparon corriendo. Dos de ellos, oriundos del conurbano bonaerense, fueron detenidos muy cerca del lugar. El tercero continúa prófugo.
La ejecución parece bastante torpe, pero cuidado: esa torpeza no debería tranquilizarnos. Porque alguien encontró a la víctima en otro país, consiguió el acceso al departamento y mandó a matarla. Tenemos que preguntarnos quién hizo todo eso. Detener al que dispara es indispensable, pero llegar al que paga y da la orden es todavía más importante.
Este crimen también obliga a mirar hacia Uruguay. Durante mucho tiempo, cuando hablábamos de organizaciones internacionales del narcotráfico que actuaban con extrema violencia en nuestro país, pensábamos en Colombia o México. Hoy tenemos que mirar mucho más cerca. Uruguay se convirtió en los últimos años en un terreno fértil para el narcotráfico por su puerto y sus conexiones con las peligrosas bandas brasileñas.
El uruguayo Sebastián Marset es una expresión de ese cambio. Su organización desarrolló operaciones en varios países de la región y alcanzó una enorme capacidad para mover toneladas de cocaína por la hidrovía. Hace pocos meses fue capturado en Bolivia y trasladado a Estados Unidos. Pero la caída de un jefe no significa que el negocio haya terminado. No estoy diciendo que Marset esté detrás del crimen de Palermo: no hay un vínculo establecido. Lo que sí está claro es que el avance de estas organizaciones transformó el escenario del narcotráfico uruguayo, con consecuencias que también se reflejan en el microtráfico y la violencia en los barrios.
Ahora vamos a Salta. En Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez llegó a intendente después de haber sido condenado por transporte de drogas. Antes de ganar las elecciones de 2023, además, le habían encontrado 100 mil dólares ocultos en su camioneta, un hallazgo que derivó en una causa por lavado de dinero.
Y acá vale detenerse, porque esos antecedentes ya existían cuando llegó al municipio. ¿Qué pasó con los controles políticos? ¿Quiénes lo respaldaron? ¿Qué explicaciones tienen para dar?
La acusación actual es gravísima. La Fiscalía sostiene que Martínez habría utilizado empresas y contrataciones municipales para lavar dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando. Incluso circula una versión, hasta ahora no acreditada, que le atribuye haber financiado la compra de votos con dólares. Todo esto deberá probarse, pero estamos hablando de una sospecha concreta: que la estructura de un municipio haya sido puesta al servicio de una organización criminal.
Cuando fueron a buscarlo para detenerlo, el Conejo no estaba. Los investigadores sospechan que alguien pudo haberle avisado. Hubo allanamientos, detenciones de familiares y varios días de búsqueda. Finalmente, Martínez se entregó y le dictaron prisión preventiva. ¿Le pesó la conciencia? No lo sabemos.
Lo que sí sabemos es que el problema de Aguas Blancas no termina con Martínez preso. El interventor, Adrián Sigarán, hizo una advertencia que merece atención: dijo que, sin Patricia Bullrich, el Plan Güemes es un holograma. Es una crítica muy fuerte a la gestión de Alejandra Monteoliva, y viene de un funcionario que está en el territorio, en una zona clave de la frontera.
Dos escenas distintas, en Palermo y en Aguas Blancas, que nos obligan a mirar más allá de los detenidos y de los hechos puntuales. En un caso, la pregunta es quién tiene la capacidad de ordenar un asesinato desde una organización criminal. En el otro, hasta dónde puede llegar la penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado.
Escuchá la columna Cecilia Di Lodovico en El lunes puede esperar.