En diálogo con Silvia Naishtat, Pablo Maas y Mabel Thwaites Rey,la especialista advirtió que el espíritu del proyecto “busca quitar poder a los sindicatos para transferírselo al empleador”.
Según explicó, los convenios por empresa “pretenden cercenar la fuerza colectiva de los gremios”, mientras que el fondo de cese laboral reemplazaría las indemnizaciones tradicionales: “Las indemnizaciones son el dinero con el que el trabajador se sostiene hasta recuperar el empleo. Con esta reforma vas a poder dejar en la calle por dos pesos a un trabajador”.
Rufaldi subrayó que la supuesta “industria del juicio” es en realidad consecuencia del incumplimiento empresarial: “Solo el 0,2% de los trabajadores en negro llega a juicio. Las grandes empresas que tienen todo registrado no enfrentan conflictos laborales; los problemas aparecen en las Pymes, donde la registración es más precaria”.
También advirtió que reducir las cargas sociales no garantiza más empleo formal: «Se hizo en los años 90 y terminamos con un 23% de desocupación. Las normas laborales no crean ni destruyen empleo: lo hacen las políticas económicas”.
Para la abogada, cualquier reforma debe buscar equilibrio sin desfinanciar al fisco: “A lo mejor las cargas sociales son altas, pero podemos compensarlas con los sectores de mayor productividad o con quienes tienen exenciones impositivas, como la industria tecnológica”.
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