En esta edición de Cata de Noticias conversamos con Andrés Schipani, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley, profesor de la Universidad de San Andrés y editor del libro Pobreza. La grieta que importa. El ocaso de la Argentina integrada, sobre las transformaciones de la pobreza en Argentina, el deterioro del empleo formal, las dificultades que atraviesan los barrios populares y las políticas necesarias para recuperar las posibilidades de integración social.
En diálogo con Cata de Elía, Schipani planteó que la discusión pública sobre la pobreza suele concentrarse excesivamente en las variaciones del índice que se publica cada seis meses, sin prestar suficiente atención a las condiciones estructurales en las que viven millones de argentinos. Como ejemplo, explicó que una familia puede experimentar una mejora en sus ingresos y dejar de ser considerada pobre, pero continuar viviendo en una casa con techo de chapa, sin servicios básicos y sobre una calle de barro por la que no pueden ingresar ambulancias ni patrulleros. Para el investigador, esa realidad refleja una sociedad cada vez más fragmentada, en la que amplios sectores quedaron desconectados de los mecanismos tradicionales de movilidad social.
Schipani recordó que durante buena parte del siglo XX la escuela y el mercado laboral fueron dos herramientas fundamentales para la integración de la sociedad argentina. Sin embargo, advirtió que ambas atraviesan un deterioro profundo. “Esas escaleras hoy están astilladas”, sostuvo. En materia laboral, señaló que el problema no es solamente la cantidad de puestos de trabajo, sino su calidad. Según los datos que presentó, durante el gobierno de Javier Milei se perdieron alrededor de 280 mil empleos privados y 80 mil públicos, mientras se crearon unos 360 mil puestos cuentapropistas, generalmente más precarios y con menores protecciones. También cuestionó la falta de políticas sostenidas para incorporar a los trabajadores informales al empleo registrado.
En relación con la educación, el politólogo explicó que las escuelas de los barrios populares deben asumir cada vez más responsabilidades que exceden la enseñanza, como la alimentación, la contención frente a situaciones de violencia y el acompañamiento de estudiantes que viven con graves problemas familiares. En ese contexto, advirtió que seis de cada diez jóvenes mayores de 19 años de estos barrios no habían terminado la secundaria. A esto se suman las condiciones habitacionales: según los datos que mencionó, el 99% de los hogares de barrios populares no tiene acceso a cloacas y el 97% carece de conexión a la red de gas.
El investigador también alertó sobre el avance del narcotráfico en los barrios más vulnerables, especialmente en los grandes conurbanos. Según explicó, la falta de oportunidades laborales y de perspectivas de progreso facilita que las organizaciones criminales encuentren jóvenes dispuestos a incorporarse. “En un día de trabajo para el narco se gana lo mismo que en un mes en una changa”, señaló. Para Schipani, el narcotráfico termina ofreciendo una alternativa de ingresos y reconocimiento social que el mercado de trabajo formal no logra garantizar. “Lamentablemente, una escalera de movilidad. Una ruta llena de peligros, pero una escalera para subir”, describió.
Por otra parte, Schipani cuestionó la interrupción de las políticas de integración sociourbana, especialmente el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a financiar obras de infraestructura y urbanización en barrios populares. Consideró que esa decisión representa un retroceso importante en una política que había tenido continuidad durante gobiernos de distinto signo político. En ese sentido, señaló que la discusión sobre la paralización de la obra pública suele concentrarse en las rutas y grandes proyectos, mientras reciben mucha menos atención este tipo de recortes.
Por último, el politólogo planteó que la política social argentina se concentró durante décadas en ampliar las transferencias de ingresos para responder a las sucesivas crisis, pero no desarrolló con la misma intensidad herramientas que permitan superar las condiciones estructurales de pobreza. Según detalló, entre 2002 y 2025 la cantidad de beneficios de programas sociales pasó de 3,5 millones a 15 millones. Aunque reconoció la importancia de estas políticas de emergencia, consideró indispensable complementarlas con medidas de integración laboral, educativa y urbana. “La pobreza es mucho más que un índice que miramos dos veces por año, es más que la pobreza monetaria”, afirmó. Y concluyó que las políticas vinculadas con la escuela, la vivienda, el acceso al agua y la salud son las que permitirán mejorar de manera duradera la situación de quienes viven en condiciones de pobreza desde hace varias generaciones.
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