SEGURIDAD Y SALUD MENTAL: LAS BOMBAS QUE EMPEZARON A ESTALLAR EN LA CIUDAD; POR CECILIA DI LODOVICO
Es el caso de las personas en situación de calle que no reciben la atención adecuada. No solo por falta de recursos, por la inexplicable ausencia de consenso en el Congreso para modificar la Ley de Salud Mental, sino también por la falta de decisión política para cambiar una realidad que esta semana dejó dos casos resonantes, aunque haya microhistorias que nunca llegan a la luz pública.
Se trata de la muerte de la mujer brasileña que vino a visitar a su hija —estudiante de Medicina—, que fue atacada en Balvanera y murió tras caer golpeada al suelo. También del episodio de las alumnas de la FADU que fueron acosadas en Ciudad Universitaria.
«La política mira para otro lado. No se entiende bien por qué», demandó Cecilia Di Lodovico en El lunes puede esperar.
Y agregó: «es importante aclarar que no se trata de criminalizar a estas personas que deambulan hasta desbordarse. Se trata de ayudarlas. El estado debería hacer algo y no lo está haciendo».
En su primera gestión, la era Macri, Patricia Bullrich había prestado atención a este aspecto y creó “Barrios Seguros”, un programa de intervención territorial para alejar a los chicos de las adicciones y de las bandas criminales. En este período brilló por su ausencia. Si sigue vigente, no se puso demasiado esfuerzo en difundirlo.
Lo mismo ocurrió con una iniciativa judicial muy buena del Ministerio Público Fiscal llamada ATAJO. A través de ese programa, por ejemplo, se recuperaron ex bases narco en la villa 31 para abrir bibliotecas y centros culturales. Me parece mucho más efectivo que la idea de tirar y tirar bunkers que, muchas veces, son casas arrebatadas por las bandas a sus dueños bajo amenazas y extorsiones. Ah, pero para la foto sirve.
«Mucho castigo, pocas oportunidades, menos recursos. Así podría resumirse la política actual. Y creo que todos podemos coincidir en que esta mirada sirve de poco y, más bien, puede profundizar el problema», concluyó.
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MARA BETTIOL: «LOS JUICIOS LABORALES ADQUIEREN MÁXIMA RELEVANCIA CON LA REFORMA QUE SE ESTÁ TRABAJANDO»
En este contexto, en Gambito de Datos conversamos con Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART), para entender qué está ocurriendo dentro de los tribunales laborales.
En diálogo con Hernán Cappiello, Bettiol trazó un diagnóstico contundente sobre el funcionamiento actual de la justicia:
“Hoy por hoy la Justicia Laboral está absolutamente tomada por los peritos judiciales”, afirmó.
Explicó que el sistema de riesgos del trabajo genera cerca de 130 mil juicios al año, un volumen que, según señaló, responde a una estructura pericial que opera sin controles suficientes.
“El perito es sorteado, no concursado, cobra del resultado del juicio y no tiene control de nadie. Establece un porcentaje de incapacidad que el juez valida y sobre eso se aplican intereses desproporcionados”, detalló.
Para la UART, este mecanismo alimenta una litigiosidad creciente que termina repercutiendo en toda la economía. Bettiol fue categórica: “La litigiosidad le cuesta al país 100 mil puestos de trabajo que hoy no se están creando”.
También cuestionó la falta de cumplimiento judicial respecto de la reforma de 2017, que ordenó mejorar y dar previsibilidad al sistema de pericias. “Es una ley vigente hace ocho años, con normas claras, pero el Poder Judicial directamente no la cumple. Eso debe estar sobre la mesa cuando se discute reforma laboral”, advirtió.
Al describir los efectos concretos del actual esquema, ejemplificó con casos extremos: “Un camionero que tiene un esguince, se recupera en veinte días, vuelve a trabajar y termina con un juicio de 300 millones”
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ALEJANDRO SERVIDE: «HOY LAS COMPAÑÍAS TE PIDEN QUE SEAS UN TRABAJADOR AL QUE LE INTERESE MEJORAR A TRAVÉS DE LA IA»
