En esta ocasión, analizando la economía fría cada vez más fría. La recaudación de impuestos queda muy atrasada con respecto a la inflación, lo que hace peligrar las metas de superávit fiscal que asumió el Gobierno con el FMI.
La opción que queda entonces es reducir el gasto. No llegan los fondos para las provincias. No llegan los fondos para las empresas de transporte. Las empresas de colectivos reducen la frecuencia al presupuesto que les otorgan. Esto genera un mal humor complicado en la calle con la gente que viaja todos los días al trabajo
El caso Adorni vuelve a instalarse en el centro de la escena, esta vez por la evolución de su patrimonio desde que llegó a la función pública. Cuando asumió como vocero, el actual jefe de Gabinete declaraba dos propiedades propias —una en La Plata y otra en Parque Chacabuco, compartida con su esposa—. A eso se sumaban otras dos propiedades de su mujer, Betina, un auto y unos 20 mil dólares. Un patrimonio importante, pero consistente con su trayectoria previa.
Sin embargo, en estos dos años, la familia sumó otras dos propiedades y un nuevo vehículo, sin registrar ventas que justifiquen ese crecimiento, todo con un ingreso mensual cercano a los 3,5 millones de pesos. En 2024, ya como funcionario, Adorni adquirió una camioneta Jeep valuada entre 20 y 30 mil dólares y declaró deudas por un monto similar. En paralelo, su esposa escrituró una casa en un country en Exaltación de la Cruz, operación que, según la escribana interviniente, se concretó a partir de un préstamo de 100 mil dólares otorgado por una policía retirada y su hija, más otros 20 mil dólares aportados por el propio funcionario.
Un año más tarde, en noviembre de 2025, el funcionario avanzó en la compra de un nuevo departamento en Caballito, de más de 200 metros cuadrados, con un valor declarado de 230 mil dólares, muy por debajo de los precios de mercado en la zona. Según consta, abonó una parte en efectivo y el resto fue financiado por las propias vendedoras —dos jubiladas— mediante una hipoteca de 200 mil dólares a un año y sin interés.
“¿Cómo se explica que dos personas acepten vender una propiedad en esas condiciones, perdiendo dinero, y además sin cobrar intereses?”, se preguntó Marcelo Veneranda. “¿Cómo se juntan 200 mil dólares en un año, con ese nivel de ingresos, y sosteniendo al mismo tiempo otras deudas?”, insistió. Las dudas no solo circulan en la opinión pública, sino también dentro del propio Gobierno, donde el caso empieza a generar incomodidad.
«¿Por cuánto tiempo más permanecerá cerrado el estrecho de Adorni? Ese lugar donde no pasa otra noticia que no sea esta, ni el fallo histórico de YPF que el Gobierno lo pudo celebrar más de un día. Porque esto frustra cualquier novedad, medida o anuncio del Gobierno», concluyó Veneranda
En la emisión semanal de Todo en Off, el periodista Ramón Indart analizó la polémica por los créditos otorgados a funcionarios, la crisis interna que atraviesa el Gobierno tras el caso Adorni y las tensiones sobre el modelo económico en un contexto de caída del consumo y el empleo.
El programa puso el foco en el creciente escándalo por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes políticos. Indart planteó una serie de interrogantes clave: si los beneficiarios contaban con ingresos compatibles con los montos recibidos, cuánto tiempo tardaron en obtener los préstamos y si existieron gestiones privilegiadas para acceder a ellos.
Según el análisis, el problema no es únicamente legal sino también político. La posibilidad de que funcionarios hayan accedido a créditos millonarios en condiciones más favorables que el resto de la población abre cuestionamientos sobre la equidad del sistema y la transparencia en el uso de recursos públicos.
El caso generó además tensiones internas dentro del Gobierno. Como ejemplo, se mencionó la salida de un funcionario del área de Capital Humano tras haber tomado un crédito sin informar a su superior, lo que evidenciaría diferencias de criterio y desconfianza dentro del propio gabinete.
En paralelo, la situación de Manuel Adorni sigue siendo un punto crítico. Indart señaló que las investigaciones judiciales avanzan sobre su patrimonio y anticipó que la causa podría derivar en una imputación, lo que complicaría aún más su continuidad en el cargo.
En ese contexto, el rol de la Justicia aparece como un factor determinante. El juez Ariel Lijo concentra varias causas sensibles para el oficialismo —incluyendo las vinculadas al Banco Nación y al propio Adorni—, lo que lo posiciona como una figura clave en el devenir político del Gobierno.
El análisis también abordó el impacto político de la crisis: la figura del vocero, que funcionaba como principal canal de comunicación oficial, quedó debilitada, lo que limita la capacidad del Gobierno para ordenar su discurso público en medio de múltiples conflictos.
En el plano económico, Indart describió un escenario complejo. Si bien existe consenso oficial en sostener el superávit fiscal, el modelo económico basado en sectores primarios como energía, minería y agro convive con una fuerte caída en actividades intensivas en empleo.
Según explicó, la destrucción de puestos de trabajo avanza a mayor velocidad que la generación de nuevas oportunidades, lo que deriva en un proceso de precarización y “uberización” del empleo. A esto se suma una caída del consumo en rubros clave como supermercados, construcción y bienes durables.
El contraste se observa en algunos sectores puntuales que crecen —como la venta de motos, asociada a nuevas formas de trabajo—, pero que no compensan el deterioro general de la actividad económica.
Finalmente, el programa vinculó este escenario con el contexto internacional. La escalada de tensiones en Medio Oriente y su impacto en el precio de los combustibles ya empieza a tener consecuencias concretas en la Argentina, como la reducción de servicios de transporte por el aumento de costos.
Entre la crisis política, las investigaciones judiciales y una economía en transición con efectos sociales visibles, el panorama que traza el análisis muestra a un Gobierno que enfrenta dificultades para ordenar su frente interno mientras busca sostener su estrategia económica.
En la última edición de Todo en Off, el periodista Ramón Indart analizó la profundización del escándalo que involucra a Manuel Adorni, las tensiones internas dentro del oficialismo y los datos económicos que reflejan una caída del empleo en sectores clave pese al crecimiento de actividades primarias.
El eje central del análisis estuvo puesto en la situación de Manuel Adorni, cuya continuidad en el Gobierno aparece cada vez más comprometida. Indart sostuvo que el caso ya entró en una fase crítica, con derivaciones judiciales y mediáticas que escalan día a día, y planteó que el funcionario podría no sostenerse en el cargo en el corto plazo.
Según explicó, la investigación avanza sobre inconsistencias patrimoniales que incluyen la compra de propiedades en un período breve sin correlato claro con los ingresos declarados. Entre los puntos más sensibles mencionó la adquisición de una vivienda en Exaltación de la Cruz y un departamento en Caballito, este último en condiciones que generan dudas sobre su valor real de mercado y la forma de financiamiento.
Uno de los elementos que más ruido genera es la presunta participación de dos jubiladas en la operación inmobiliaria, quienes habrían vendido la propiedad y, además, otorgado préstamos significativos en dólares. Testimonios periodísticos recientes ponen en duda esa versión, mientras que la Justicia ya comenzó a citar a actores clave de la operación, como la escribana interviniente.
Para Indart, el problema de fondo no es solo judicial sino político. A diferencia de otros dirigentes con mayor trayectoria, Adorni carecería de redes de protección dentro del sistema político, judicial y mediático. En ese sentido, señaló que su principal sostén es Karina Milei, y advirtió que, si ese respaldo se debilita, su salida sería inevitable.
El periodista también hizo foco en el perfil público del vocero, a quien describió como una figura que construyó su rol desde un discurso confrontativo, con fuertes cuestionamientos a periodistas, científicos y referentes de distintos ámbitos. Esa exposición —planteó— podría amplificar el impacto de su eventual caída, al no contar con aliados dispuestos a defenderlo.
En paralelo, el programa abordó el fallo judicial por la expropiación de YPF, que fue interpretado como una señal positiva en el corto plazo para la Argentina, al evitar un impacto económico mayor. Sin embargo, Indart advirtió sobre un aspecto clave del fallo: el reconocimiento de que el Estado argentino violó el estatuto de la empresa al momento de la expropiación.
Esa definición, explicó, podría tener consecuencias a futuro, ya que instala dudas sobre la seguridad jurídica del país frente a inversores internacionales. En esa línea, señaló que el Gobierno busca avanzar en cambios en la legislación de expropiaciones para evitar conflictos similares en el futuro.
El cierre del análisis estuvo centrado en la economía real. Indart describió un escenario de transformación productiva, donde sectores como el agro, la minería y la energía muestran crecimiento, mientras que actividades intensivas en empleo —como la industria, el comercio y la construcción— registran caídas.
El problema, según su diagnóstico, es la velocidad desigual de ese proceso: la destrucción de empleo en los sectores tradicionales avanza más rápido que la generación de nuevos puestos en las actividades en expansión. Como consecuencia, comienzan a aparecer señales de deterioro en el mercado laboral, con aumento del trabajo informal y nuevas formas de precarización.
Además, mencionó tensiones en la cadena de pagos y niveles elevados de financiamiento informal, lo que refleja dificultades crecientes para empresas y comercios en un contexto de menor actividad.
Entre la crisis política en el oficialismo, el avance de investigaciones judiciales y una economía que reconfigura su estructura productiva con costos sociales visibles, el panorama que describe el programa combina incertidumbre en el corto plazo con interrogantes más profundos sobre el rumbo económico.
Memoria, corrupción y glaciares. 3 hechos de esta semana que nos permiten condensar lo sucedido. Memoria por el aniversario de los 50 años del último golpe militar. Corrupción por las sospechas que pesan sobre la administración pública nacional y en particular por Manuel Adorni que ayer dio una polémica conferencia de prensa. Glaciares por el debate que se está dando en diputados a escondidas. Con muchísima participación pero con muchísima gente desconociendo, teniendo muchísimo que ver este debate con el futuro de la Argentina.
Dicen mucho estos temas de nuestro pasado, presente y futuro.
Javier Milei venía marcando el pulso de las semanas, desde la asamblea legislativa en el Congreso hasta la Argentina Week en Nueva York. Esta semana insistió en el homenaje a Adam Smith de que el problema está en los kirchneristas y los empresarios, los villanos de esta película.
Sin embargo, todo parece haber cambiado ya que el Gobierno entró a la defensiva en un conjunto de frentes cada vez más amplio. No solo por el caso Libra y las conversaciones y documentos que salen del celular de Novelli, sino también por el escándalo del caso Adorni. Las revelaciones de los viajes y ahora las denuncias por una propiedad en Exaltación de la Cruz.
El juez Ariel Lijo pidió la factura del viaje de Adorni a Punta del Este. Se trata de un vuelo que cuesta 10 mil dólares, más de 4 sueldos de los que percibe el Jefe de Gabinete, gastados en un fin de semana. La diputada Marcela Pagano denunció a Adorni por haberse comprado una casa en un country y no haberla declarado
Lo curioso de la defensa en estos dos frentes fue el silencio. Aún hoy, los Milei siguen sin dar explicaciones serias del caso Libra.
