En el inicio de una nueva etapa del ciclo #TODOENOFF, Ramón Indart trazó un panorama marcado por tensiones crecientes en el frente político y económico del gobierno de Javier Milei. El relanzamiento del programa, tras su integración dentro de Neutral, mantuvo el formato de agenda abierta y derivó rápidamente en un repaso de los principales focos de conflicto.
Uno de los ejes iniciales estuvo puesto en la Ciudad de Buenos Aires, donde el problema de la recolección de residuos expuso irregularidades en contratos con empresas concesionarias. La revisión de esos acuerdos y las inspecciones realizadas en la vía pública dejaron al descubierto incumplimientos y derivaron en cuestionamientos hacia la gestión de Jorge Macri. El caso fue presentado como un ejemplo de fallas de control estatal en un esquema que moviliza cifras millonarias.
En el plano económico, el programa anticipó que la inflación se ubicaría por encima del 3% y puso en duda las proyecciones oficiales de desaceleración. Las explicaciones del ministro Luis Caputo, centradas en factores externos, fueron contrastadas con indicadores que mostraban una dinámica más compleja: aumento de costos en insumos, caída del consumo y un esquema fiscal que incluía demoras en pagos a proveedores del Estado para sostener el superávit. Según se planteó, esa estrategia generaba tensiones en distintos sectores de la actividad.
A su vez, se señalaron conflictos crecientes con gobernadores por la distribución de recursos nacionales. Reclamos por fondos y advertencias sobre deudas acumuladas —especialmente en organismos como el PAMI— reflejaron un escenario en el que las provincias presionaban por mayor financiamiento, en medio de un ajuste que impactaba en servicios y prestaciones.
En el plano político, la atención se concentró en la situación de Manuel Adorni, cuestionado por operaciones financieras que generaron dudas dentro y fuera del oficialismo. Su continuidad en el cargo fue interpretada como una decisión política en un contexto de internas dentro del entorno presidencial, que, según se sugirió, condicionaban el funcionamiento del Gobierno.
En paralelo, se describió un proceso de reacomodamiento en la oposición, con distintos sectores acelerando movimientos y posicionamientos ante lo que percibieron como señales de desgaste en el oficialismo. Si bien no se identificó un liderazgo consolidado, el dinamismo político mostró una mayor actividad frente a la coyuntura.
Finalmente, el programa abordó la relación del gobierno con los medios de comunicación, con críticas a la difusión de audios privados y al uso de información sensible. En ese marco, se recuperaron declaraciones previas de Patricia Bullrich sobre la libertad de prensa, en contraste con el clima actual.
El repaso dejó como conclusión un escenario atravesado por múltiples frentes de tensión, en el que las dificultades económicas y las disputas políticas comenzaron a entrelazarse, configurando un contexto más inestable para la administración nacional.
En una nueva edición de Gambito de Datos, Hernán Cappiello puso el foco en el clima social y político que atraviesa el Gobierno, marcado por una creciente combinación de malestar, resignación y expectativas que no terminan de materializarse.
El presidente Javier Milei debió reconocer en los últimos días un dato que hasta hace poco evitaba: que la inflación sigue siendo alta, que el primer trimestre fue duro y que la recuperación económica es desigual. En ese contexto, pidió paciencia. Un gesto poco habitual que refleja un cambio de tono frente a una realidad que empieza a pesar. Los datos acompañan ese giro: crece el endeudamiento de las familias —muchas fuera del sistema bancario—, se postergan pagos básicos y el consumo muestra señales de caída, con retrocesos en la industria y en sectores clave como alimentos y bebidas.
A este escenario económico se le suman problemas políticos que el propio Gobierno no logra contener. El caso Adorni vuelve a escalar, ahora con nuevas declaraciones judiciales que prometen reactivar el tema. También reaparecen otras causas, como la de ANDIS, con investigaciones por desvío de fondos y audios que complican a funcionarios. Son episodios que mantienen al oficialismo a la defensiva y le impiden recuperar el control de la agenda pública.
El problema de fondo es que, aun con una oposición fragmentada y sin liderazgo claro, la agenda sigue dominada por malas noticias y tensiones internas, en un contexto donde el mal humor social crece.
En esta ocasión, analizando la economía fría cada vez más fría. La recaudación de impuestos queda muy atrasada con respecto a la inflación, lo que hace peligrar las metas de superávit fiscal que asumió el Gobierno con el FMI.
La opción que queda entonces es reducir el gasto. No llegan los fondos para las provincias. No llegan los fondos para las empresas de transporte. Las empresas de colectivos reducen la frecuencia al presupuesto que les otorgan. Esto genera un mal humor complicado en la calle con la gente que viaja todos los días al trabajo
El caso Adorni vuelve a instalarse en el centro de la escena, esta vez por la evolución de su patrimonio desde que llegó a la función pública. Cuando asumió como vocero, el actual jefe de Gabinete declaraba dos propiedades propias —una en La Plata y otra en Parque Chacabuco, compartida con su esposa—. A eso se sumaban otras dos propiedades de su mujer, Betina, un auto y unos 20 mil dólares. Un patrimonio importante, pero consistente con su trayectoria previa.
Sin embargo, en estos dos años, la familia sumó otras dos propiedades y un nuevo vehículo, sin registrar ventas que justifiquen ese crecimiento, todo con un ingreso mensual cercano a los 3,5 millones de pesos. En 2024, ya como funcionario, Adorni adquirió una camioneta Jeep valuada entre 20 y 30 mil dólares y declaró deudas por un monto similar. En paralelo, su esposa escrituró una casa en un country en Exaltación de la Cruz, operación que, según la escribana interviniente, se concretó a partir de un préstamo de 100 mil dólares otorgado por una policía retirada y su hija, más otros 20 mil dólares aportados por el propio funcionario.
Un año más tarde, en noviembre de 2025, el funcionario avanzó en la compra de un nuevo departamento en Caballito, de más de 200 metros cuadrados, con un valor declarado de 230 mil dólares, muy por debajo de los precios de mercado en la zona. Según consta, abonó una parte en efectivo y el resto fue financiado por las propias vendedoras —dos jubiladas— mediante una hipoteca de 200 mil dólares a un año y sin interés.
“¿Cómo se explica que dos personas acepten vender una propiedad en esas condiciones, perdiendo dinero, y además sin cobrar intereses?”, se preguntó Marcelo Veneranda. “¿Cómo se juntan 200 mil dólares en un año, con ese nivel de ingresos, y sosteniendo al mismo tiempo otras deudas?”, insistió. Las dudas no solo circulan en la opinión pública, sino también dentro del propio Gobierno, donde el caso empieza a generar incomodidad.
«¿Por cuánto tiempo más permanecerá cerrado el estrecho de Adorni? Ese lugar donde no pasa otra noticia que no sea esta, ni el fallo histórico de YPF que el Gobierno lo pudo celebrar más de un día. Porque esto frustra cualquier novedad, medida o anuncio del Gobierno», concluyó Veneranda
En la emisión semanal de Todo en Off, el periodista Ramón Indart analizó la polémica por los créditos otorgados a funcionarios, la crisis interna que atraviesa el Gobierno tras el caso Adorni y las tensiones sobre el modelo económico en un contexto de caída del consumo y el empleo.
El programa puso el foco en el creciente escándalo por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes políticos. Indart planteó una serie de interrogantes clave: si los beneficiarios contaban con ingresos compatibles con los montos recibidos, cuánto tiempo tardaron en obtener los préstamos y si existieron gestiones privilegiadas para acceder a ellos.
Según el análisis, el problema no es únicamente legal sino también político. La posibilidad de que funcionarios hayan accedido a créditos millonarios en condiciones más favorables que el resto de la población abre cuestionamientos sobre la equidad del sistema y la transparencia en el uso de recursos públicos.
El caso generó además tensiones internas dentro del Gobierno. Como ejemplo, se mencionó la salida de un funcionario del área de Capital Humano tras haber tomado un crédito sin informar a su superior, lo que evidenciaría diferencias de criterio y desconfianza dentro del propio gabinete.
En paralelo, la situación de Manuel Adorni sigue siendo un punto crítico. Indart señaló que las investigaciones judiciales avanzan sobre su patrimonio y anticipó que la causa podría derivar en una imputación, lo que complicaría aún más su continuidad en el cargo.
En ese contexto, el rol de la Justicia aparece como un factor determinante. El juez Ariel Lijo concentra varias causas sensibles para el oficialismo —incluyendo las vinculadas al Banco Nación y al propio Adorni—, lo que lo posiciona como una figura clave en el devenir político del Gobierno.
El análisis también abordó el impacto político de la crisis: la figura del vocero, que funcionaba como principal canal de comunicación oficial, quedó debilitada, lo que limita la capacidad del Gobierno para ordenar su discurso público en medio de múltiples conflictos.
En el plano económico, Indart describió un escenario complejo. Si bien existe consenso oficial en sostener el superávit fiscal, el modelo económico basado en sectores primarios como energía, minería y agro convive con una fuerte caída en actividades intensivas en empleo.
Según explicó, la destrucción de puestos de trabajo avanza a mayor velocidad que la generación de nuevas oportunidades, lo que deriva en un proceso de precarización y “uberización” del empleo. A esto se suma una caída del consumo en rubros clave como supermercados, construcción y bienes durables.
El contraste se observa en algunos sectores puntuales que crecen —como la venta de motos, asociada a nuevas formas de trabajo—, pero que no compensan el deterioro general de la actividad económica.
Finalmente, el programa vinculó este escenario con el contexto internacional. La escalada de tensiones en Medio Oriente y su impacto en el precio de los combustibles ya empieza a tener consecuencias concretas en la Argentina, como la reducción de servicios de transporte por el aumento de costos.
Entre la crisis política, las investigaciones judiciales y una economía en transición con efectos sociales visibles, el panorama que traza el análisis muestra a un Gobierno que enfrenta dificultades para ordenar su frente interno mientras busca sostener su estrategia económica.
En la última edición de Todo en Off, el periodista Ramón Indart analizó la profundización del escándalo que involucra a Manuel Adorni, las tensiones internas dentro del oficialismo y los datos económicos que reflejan una caída del empleo en sectores clave pese al crecimiento de actividades primarias.
El eje central del análisis estuvo puesto en la situación de Manuel Adorni, cuya continuidad en el Gobierno aparece cada vez más comprometida. Indart sostuvo que el caso ya entró en una fase crítica, con derivaciones judiciales y mediáticas que escalan día a día, y planteó que el funcionario podría no sostenerse en el cargo en el corto plazo.
Según explicó, la investigación avanza sobre inconsistencias patrimoniales que incluyen la compra de propiedades en un período breve sin correlato claro con los ingresos declarados. Entre los puntos más sensibles mencionó la adquisición de una vivienda en Exaltación de la Cruz y un departamento en Caballito, este último en condiciones que generan dudas sobre su valor real de mercado y la forma de financiamiento.
Uno de los elementos que más ruido genera es la presunta participación de dos jubiladas en la operación inmobiliaria, quienes habrían vendido la propiedad y, además, otorgado préstamos significativos en dólares. Testimonios periodísticos recientes ponen en duda esa versión, mientras que la Justicia ya comenzó a citar a actores clave de la operación, como la escribana interviniente.
Para Indart, el problema de fondo no es solo judicial sino político. A diferencia de otros dirigentes con mayor trayectoria, Adorni carecería de redes de protección dentro del sistema político, judicial y mediático. En ese sentido, señaló que su principal sostén es Karina Milei, y advirtió que, si ese respaldo se debilita, su salida sería inevitable.
El periodista también hizo foco en el perfil público del vocero, a quien describió como una figura que construyó su rol desde un discurso confrontativo, con fuertes cuestionamientos a periodistas, científicos y referentes de distintos ámbitos. Esa exposición —planteó— podría amplificar el impacto de su eventual caída, al no contar con aliados dispuestos a defenderlo.
En paralelo, el programa abordó el fallo judicial por la expropiación de YPF, que fue interpretado como una señal positiva en el corto plazo para la Argentina, al evitar un impacto económico mayor. Sin embargo, Indart advirtió sobre un aspecto clave del fallo: el reconocimiento de que el Estado argentino violó el estatuto de la empresa al momento de la expropiación.
Esa definición, explicó, podría tener consecuencias a futuro, ya que instala dudas sobre la seguridad jurídica del país frente a inversores internacionales. En esa línea, señaló que el Gobierno busca avanzar en cambios en la legislación de expropiaciones para evitar conflictos similares en el futuro.
El cierre del análisis estuvo centrado en la economía real. Indart describió un escenario de transformación productiva, donde sectores como el agro, la minería y la energía muestran crecimiento, mientras que actividades intensivas en empleo —como la industria, el comercio y la construcción— registran caídas.
El problema, según su diagnóstico, es la velocidad desigual de ese proceso: la destrucción de empleo en los sectores tradicionales avanza más rápido que la generación de nuevos puestos en las actividades en expansión. Como consecuencia, comienzan a aparecer señales de deterioro en el mercado laboral, con aumento del trabajo informal y nuevas formas de precarización.
Además, mencionó tensiones en la cadena de pagos y niveles elevados de financiamiento informal, lo que refleja dificultades crecientes para empresas y comercios en un contexto de menor actividad.
Entre la crisis política en el oficialismo, el avance de investigaciones judiciales y una economía que reconfigura su estructura productiva con costos sociales visibles, el panorama que describe el programa combina incertidumbre en el corto plazo con interrogantes más profundos sobre el rumbo económico.
