En esta edición de Puerta Uno conversamos con Nicolás Sidicaro, economista e investigador en Política Productiva de Fundar, sobre la caída en la cantidad de empresas netas en Argentina, el impacto de la apertura de importaciones sobre la industria, las transformaciones que atraviesan distintos sectores productivos y las dificultades para que el crecimiento de la energía y la minería se extienda al resto de la economía.
En diálogo con Luis Cortina, Sidicaro explicó que la economía argentina registra una pérdida neta de alrededor de 32 mil empresas, una cifra que surge de la diferencia entre las que dejaron de operar y las que comenzaron su actividad. Según señaló, la cantidad de firmas continúa disminuyendo y todavía no aparecen señales claras de que esta tendencia haya alcanzado un piso. El economista destacó que los primeros 32 meses de la gestión de Javier Milei presentan el peor desempeño en términos de creación neta de empresas en comparación con los períodos equivalentes de gobiernos anteriores, incluidos los de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
El investigador explicó que las razones de este deterioro varían según la actividad. En la construcción, mencionó la paralización de la obra pública y el elevado costo del metro cuadrado, mientras que en el comercio destacó la caída del poder adquisitivo y los cambios en los hábitos de consumo. En la industria, puso especial atención en el impacto de la apertura de importaciones y el tipo de cambio apreciado. Sectores como la la indumentaria y el calzado registraron importantes pérdidas de empresas y puestos de trabajo ante el ingreso de productos importados más baratos. También mencionó la transformación de la industria automotriz, donde la creciente competencia de los vehículos eléctricos chinos y la transición hacia nuevas tecnologías afectan a fabricantes y autopartistas locales.
Sidicaro señaló que, aunque existen actividades con mejores resultados, su crecimiento no se traduce en una expansión del empleo y la producción. En ese sentido, analizó el caso de Vaca Muerta, que mantiene un fuerte dinamismo, pero convive con la desinversión de las petroleras en las cuencas convencionales de la Patagonia. Como ejemplo mencionó la situación de Comodoro Rivadavia, donde el retroceso de la actividad petrolera tradicional tuvo consecuencias importantes sobre el empleo y las condiciones sociales. “Se está viendo una reconfiguración del tablero muy relevante, incluso en la Patagonia”, sintetizó.
Nicolás también advirtió que los sectores más dinámicos de la economía no están logrando traccionar al resto del entramado productivo. «No hay un intento de encadenar esos sectores dinámicos con el resto de la economía. Ahí está la mayor falencia del programa económico”, afirmó. Según explicó, una estrategia de desarrollo podría aprovechar la capacidad industrial existente para generar proveedores vinculados con la minería, la energía y el agro, además de impulsar obras de infraestructura que permitan mejorar la logística y estimular otras actividades.
Por último, Sidicaro consideró que el crecimiento de las actividades exportadoras resulta insuficiente para compensar las dificultades que atraviesa el mercado interno. Aunque reconoció el buen momento de la energía y la minería, advirtió: “Esos sectores son muy fuertes y de productividad mundial, pero no alcanzan para un país de 46 millones de personas”.
En esta edición de Cata de Noticias conversamos con Andrés Schipani, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley, profesor de la Universidad de San Andrés y editor del libro Pobreza. La grieta que importa. El ocaso de la Argentina integrada, sobre las transformaciones de la pobreza en Argentina, el deterioro del empleo formal, las dificultades que atraviesan los barrios populares y las políticas necesarias para recuperar las posibilidades de integración social.
En diálogo con Cata de Elía, Schipani planteó que la discusión pública sobre la pobreza suele concentrarse excesivamente en las variaciones del índice que se publica cada seis meses, sin prestar suficiente atención a las condiciones estructurales en las que viven millones de argentinos. Como ejemplo, explicó que una familia puede experimentar una mejora en sus ingresos y dejar de ser considerada pobre, pero continuar viviendo en una casa con techo de chapa, sin servicios básicos y sobre una calle de barro por la que no pueden ingresar ambulancias ni patrulleros. Para el investigador, esa realidad refleja una sociedad cada vez más fragmentada, en la que amplios sectores quedaron desconectados de los mecanismos tradicionales de movilidad social.
Schipani recordó que durante buena parte del siglo XX la escuela y el mercado laboral fueron dos herramientas fundamentales para la integración de la sociedad argentina. Sin embargo, advirtió que ambas atraviesan un deterioro profundo. “Esas escaleras hoy están astilladas”, sostuvo. En materia laboral, señaló que el problema no es solamente la cantidad de puestos de trabajo, sino su calidad. Según los datos que presentó, durante el gobierno de Javier Milei se perdieron alrededor de 280 mil empleos privados y 80 mil públicos, mientras se crearon unos 360 mil puestos cuentapropistas, generalmente más precarios y con menores protecciones. También cuestionó la falta de políticas sostenidas para incorporar a los trabajadores informales al empleo registrado.
En relación con la educación, el politólogo explicó que las escuelas de los barrios populares deben asumir cada vez más responsabilidades que exceden la enseñanza, como la alimentación, la contención frente a situaciones de violencia y el acompañamiento de estudiantes que viven con graves problemas familiares. En ese contexto, advirtió que seis de cada diez jóvenes mayores de 19 años de estos barrios no habían terminado la secundaria. A esto se suman las condiciones habitacionales: según los datos que mencionó, el 99% de los hogares de barrios populares no tiene acceso a cloacas y el 97% carece de conexión a la red de gas.
El investigador también alertó sobre el avance del narcotráfico en los barrios más vulnerables, especialmente en los grandes conurbanos. Según explicó, la falta de oportunidades laborales y de perspectivas de progreso facilita que las organizaciones criminales encuentren jóvenes dispuestos a incorporarse. “En un día de trabajo para el narco se gana lo mismo que en un mes en una changa”, señaló. Para Schipani, el narcotráfico termina ofreciendo una alternativa de ingresos y reconocimiento social que el mercado de trabajo formal no logra garantizar. “Lamentablemente, una escalera de movilidad. Una ruta llena de peligros, pero una escalera para subir”, describió.
Por otra parte, Schipani cuestionó la interrupción de las políticas de integración sociourbana, especialmente el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a financiar obras de infraestructura y urbanización en barrios populares. Consideró que esa decisión representa un retroceso importante en una política que había tenido continuidad durante gobiernos de distinto signo político. En ese sentido, señaló que la discusión sobre la paralización de la obra pública suele concentrarse en las rutas y grandes proyectos, mientras reciben mucha menos atención este tipo de recortes.
Por último, el politólogo planteó que la política social argentina se concentró durante décadas en ampliar las transferencias de ingresos para responder a las sucesivas crisis, pero no desarrolló con la misma intensidad herramientas que permitan superar las condiciones estructurales de pobreza. Según detalló, entre 2002 y 2025 la cantidad de beneficios de programas sociales pasó de 3,5 millones a 15 millones. Aunque reconoció la importancia de estas políticas de emergencia, consideró indispensable complementarlas con medidas de integración laboral, educativa y urbana. “La pobreza es mucho más que un índice que miramos dos veces por año, es más que la pobreza monetaria”, afirmó. Y concluyó que las políticas vinculadas con la escuela, la vivienda, el acceso al agua y la salud son las que permitirán mejorar de manera duradera la situación de quienes viven en condiciones de pobreza desde hace varias generaciones.
En esta edición de Gambito de Datos conversamos con Gabriel Puricelli, sociólogo, especialista en temas internacionales y titular del Laboratorio de Políticas Públicas, sobre las masivas protestas que atraviesan Francia, la participación de los jóvenes de la generación Z, los episodios de violencia registrados en París y los factores que explican el surgimiento de movimientos similares en distintos países del mundo.
En diálogo con Ariel Cohen, Puricelli repasó que las movilizaciones francesas comenzaron a gestarse a principios de septiembre, cuando una convocatoria difundida a través de las redes sociales llamó a la generación Z a manifestarse el 17 de octubre. A esa iniciativa se sumaron las protestas de estudiantes secundarios y, posteriormente, organizaciones sindicales y sectores vinculados al movimiento de los chalecos amarillos. La convergencia se concretó en una jornada que, según los organizadores, reunió a unas 800 mil personas en distintas ciudades de Francia. “El punto de contacto de los tres movimientos que convergen acá lo define el título que tuvo la convocatoria, que fue la marcha contra la carestía de la vida”, señaló.
El analista detalló que, aunque comparten el malestar por el costo de vida, los distintos sectores presentan demandas específicas. Los sindicatos reclaman mejoras en los ingresos de los trabajadores, los estudiantes exigen mayores recursos presupuestarios para la educación y los chalecos amarillos vuelven a plantear la necesidad de reducir los costos del transporte, los peajes y los combustibles. Puricelli también se refirió a los episodios de violencia protagonizados por pequeños grupos conocidos como Black Bloc, que participan en movilizaciones de distintas ciudades europeas. Según explicó, estos grupos tienen conexiones informales a través de las redes sociales, aunque los conflictos que atraviesan los países responden principalmente a situaciones locales.
En relación con los enfrentamientos, el sociólogo destacó que Francia tiene una extensa tradición de movilización social en la que la violencia callejera ha ocupado un lugar recurrente. Sin embargo, también cuestionó la respuesta de las autoridades frente a las recientes protestas estudiantiles. Según relató, durante las primeras jornadas se registraron episodios de represión policial que dejaron jóvenes gravemente heridos y un número elevado de detenciones. Para Puricelli, la falta de diálogo del Gobierno con los estudiantes y la intensidad de la respuesta policial contribuyeron a profundizar el conflicto.
El especialista vinculó además las protestas francesas con otras movilizaciones juveniles registradas en lugares como Albania, Italia y Nepal. Aunque aclaró que cada conflicto tiene causas particulares, identificó un elemento común: la participación de una generación que utiliza las redes sociales para organizarse y difundir rápidamente sus reclamos. Como ejemplo, mencionó que las protestas estudiantiles francesas comenzaron con el bloqueo de un liceo, cuya filmación circuló por internet y fue replicada en numerosos establecimientos educativos. “Hay una activación de la generación Z en distintos lugares del mundo con un uso de las redes sociales que hace que esto se active muy rápidamente”, explicó.
Por último, Puricelli sostuvo que detrás de estas manifestaciones existe un problema estructural que atraviesa tanto a las sociedades desarrolladas como a las menos desarrolladas. “En todo el planeta se ha roto el ascensor social”, afirmó, y explicó que la expectativa de que cada generación pudiera alcanzar mejores condiciones de vida que la anterior comenzó a debilitarse a partir de la crisis financiera internacional de 2008. A ese malestar se suman decisiones gubernamentales que terminan desencadenando las protestas. “La chispa que enciende es una arrogancia gubernamental en gobiernos democráticos que no prestan atención a las demandas”, señaló.
En esta edición de El lunes puede esperar conversamos con Eduardo Sierra, especialista en climatología y asesor de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires desde hace 30 años, sobre el fenómeno de El Niño, las lluvias e inundaciones que se registran en distintas regiones del país y las consecuencias que podría tener sobre la producción agropecuaria argentina.
En diálogo con Lorena Rodríguez, Sierra explicó que El Niño es una alteración de la circulación climática mundial que produce efectos muy diferentes según la región. Mientras que en buena parte del planeta provoca sequías, en el litoral argentino, Uruguay y el sur de Brasil suele generar precipitaciones superiores a lo normal. Según señaló, el fenómeno actual es particularmente intenso y sus efectos sobre la región comenzaron a sentirse recientemente. “No es el Niño del fin del mundo, como dicen algunos medios, pero es un súper Niño bastante fuerte que va a dar que hablar y va a quedar en la historia”, advirtió.
El especialista recordó que episodios de gran intensidad como el actual también se registraron en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. Sin embargo, aclaró que sus consecuencias no son uniformes dentro del territorio argentino. En la zona núcleo agrícola, que comprende el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el este de Córdoba, las mayores precipitaciones suelen favorecer los rendimientos y pueden contribuir a alcanzar cosechas récord. En cambio, otras regiones enfrentan riesgos de inundaciones, granizadas y heladas que perjudican distintas actividades productivas.
Sierra puso especialmente el foco en la cuenca del Salado, una región predominantemente ganadera que ya presenta dificultades por las lluvias acumuladas durante 2025. Según explicó, existe una probabilidad importante de que vuelva a sufrir inundaciones, con consecuencias para los productores.
En ese sentido, cuestionó la manera en que se evalúan las consecuencias económicas de estos fenómenos. Según su análisis, una buena cosecha en la zona núcleo puede traducirse en mayores exportaciones y recaudación por retenciones, mientras que las pérdidas sufridas por otras economías regionales reciben mucha menos atención. “Lamentablemente, el sistema recaudatorio en Argentina está armado de tal manera que con que haya un buen año de retenciones no importa si el resto se destruyó”, sostuvo.
Industria nacional: ¿cerramos todo y vivimos de Shein y Temu?
La industria produce cada vez menos. 4 de cada 10 máquinas están paradas. Es el sector formal que más trabajo destruyó. En este episodio nos preguntamos: ¿Que va a quedar con la etiqueta “hecho en Argentina”? A donde va a parar el trabajador de la fabrica que cierra? ¿Hay un punto medio entre cerrar todo y pagar las zapatillas más caras del mundo o abrir todo y que cierren empresas valiosas?
Para hablar de este tema el Policy Maker de hoy es uno que conoce la industria desde adentro. Florencia Barragan convocó a Federico Poli, economista y doctor en economia de la UBA, profesor universitario y director de la consultora Sistémica. Fue economista jefe de la Union Industrial Argentina, estuvo en el Ministerio de Economia durante la gestion de Roberto Lavagna y fue director del banco BID con Macri.
Un episodio de Policy Makers para entender qué está en juego cuando cierra una fábrica y qué industria puede tener la Argentina.
En esta edición de Gambito de Datos conversamos con Dante Sica, economista, exministro de Producción de la Nación y fundador de Abeceb, sobre la transición que atraviesa la economía argentina, las dificultades para recuperar el consumo y el empleo, los márgenes de acción del Gobierno y las transformaciones estructurales que estamos presenciando.
En diálogo con Ariel Cohen, Sica sostuvo que la Argentina continúa atravesando un proceso de cambio de régimen económico que está dejando al descubierto problemas acumulados durante décadas. Según explicó, la eliminación de regulaciones, subsidios y mecanismos de protección comienza a mostrar los costos que enfrentan distintas actividades, especialmente aquellas vinculadas al mercado interno. En ese sentido, señaló que buena parte de las dificultades actuales responden a problemas estructurales previos. “En los últimos 20 años, Argentina generó empleos, en casi un 67%, de baja calidad”, afirmó. Para el economista, esto ayuda a explicar por qué el consumo agregado puede mostrar crecimiento mientras muchas familias continúan teniendo dificultades para llegar a fin de mes.
Sica consideró que, pese a la debilidad de la actividad, existen señales de transformación que todavía no se reflejan plenamente en la economía cotidiana. Señaló que el crecimiento sigue impulsado principalmente por las exportaciones y que la recuperación de la inversión podría comenzar a observarse con mayor claridad el próximo año. Sin embargo, advirtió sobre la dificultad de compatibilizar los tiempos económicos con las exigencias electorales. “Tenemos que lidiar con estos tiempos distintos: lo que es el reloj económico y el reloj político, que cada dos años te valida el rumbo económico que estás tomando”, explicó. En ese punto, contrastó la situación argentina con la de Brasil, donde consideró que la disputa electoral no genera el mismo nivel de incertidumbre sobre la continuidad de las reglas económicas.
Consultado sobre las posibilidades de impulsar una recuperación más rápida del consumo, el exministro defendió la orientación general del programa económico y sostuvo que el Gobierno tiene márgenes de maniobra reducidos por su compromiso con el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación. “Otro plan platita va en contra de lo que es la política del Gobierno”, señaló. Según explicó, una expansión fiscal requeriría aumentar el endeudamiento o recurrir a la emisión monetaria, alternativas que el oficialismo no está dispuesto a utilizar. No obstante, consideró que existen espacios para mejorar la gestión y cuestionó especialmente las demoras en la puesta en marcha del programa de concesiones viales, cuyos efectos sobre la actividad recién comenzarían a sentirse el próximo año.
El economista también mencionó entre las principales demandas del sector privado la eliminación de las restricciones que todavía afectan los movimientos de capitales y una definición más clara del programa monetario. Según su análisis, el Gobierno mantiene cierta cautela frente al escenario electoral de 2027 y busca conservar instrumentos de intervención ante posibles episodios de inestabilidad.
Por último, Sica puso el foco en las reformas que considera más difíciles de revertir, incluso ante un eventual cambio de gobierno. Mencionó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, los proyectos de inversión aprobados bajo el RIGI y las modificaciones regulatorias introducidas por el DNU 70/2023. “Hoy lo que vemos es que el costo de reversión es cada vez más alto. Es muy difícil pensar que el ciclo político que venga pueda revertir todas esas cuestiones”, concluyó.
