Viviana Canosa volvió a estar en el centro de la polémica con su nuevo programa en El Trece. En su primera emisión, lanzó una dura acusación contra la conductora y actriz Lizy Tagliani. Si bien aún no está claro qué denunció formalmente en Comodoro Py, la periodista vinculó su nombre con delitos gravísimos como el abuso de menores y la trata de personas.

Al mismo tiempo, dos ex participantes del reality Gran Hermano —Nicolás Grossman y Martín Ku— generaron revuelo al promocionar un supuesto programa laboral en Rusia. La convocatoria, dirigida exclusivamente a chicas jóvenes de entre 18 y 22 años, prometía altos salarios en dólares. Esta oferta presentaba características típicas de métodos de captación utilizados por redes de trata de personas.

Un llamado anónimo activó la alarma en la PROTEX, la Procuraduría especializada en trata y explotación de personas, y el activista Pablo Salum, referente en la lucha contra sectas y redes coercitivas, realizó una denuncia penal en la Justicia Federal.

Grossman y Ku realizaron un descargo público: aseguraron haber viajado a Rusia, haber visto el proyecto en funcionamiento y que «no encontraron nada raro». Sin embargo, ahora deberán dar explicaciones ante la Justicia.

Este escándalo se da en un contexto nacional sensible, donde casos sin resolver como el de Loan Peña, Lian Flores o Guadalupe Lucero siguen interpelando a la sociedad argentina.

A este panorama se sumó una revelación impactante: una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad detectó que 331 prófugos de la Justicia estaban cobrando pensiones por discapacidad. El dato insólito: fueron ellos mismos quienes se presentaron a validar el Certificado Único de Discapacidad, trámite necesario para conservar el beneficio.

Como resultado, 33 personas fueron puestas a disposición judicial y 14 terminaron detenidas en un operativo conjunto. Uno de ellos acumulaba nada menos que ocho causas penales.

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