En esta edición de Cata de Noticias conversamos con Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, ex jefe de asesores de Alberto Fernández y actual asesor de empresas, sobre el rumbo económico, el clima político y su mirada sobre el presente del Gobierno.
En diálogo con Cata de Elía, Aracre repasó su paso por la gestión anterior y aseguró que nunca resignó sus convicciones, incluso cuando eso le generó tensiones internas. Contó que fue convocado por el propio Alberto Fernández para acercar al Gobierno al mundo empresario, pero que su propuesta de avanzar con reformas —como una flexibilización laboral— no fueron bien recibidas.
Sobre la actualidad, se mostró más alineado con el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y planteó que, tras muchos años, ve una oportunidad de construir un país “más ordenado y maduro”. En ese marco, proyectó una desaceleración de la inflación en los próximos meses: estimó que marzo se ubicará en torno al 3% y que en abril podría bajar al 2% o incluso perforar ese piso. “La nafta, el gas y la carne van a bajar en abril. Si se mantiene este rumbo, podemos llegar a mitad de año con una inflación más cerca del 1 que del 2”, afirmó.
Consultado por el caso de Manuel Adorni, consideró que el vocero “no estuvo a la altura” en su conferencia de prensa y que se mostró mal preparado ante la presión. Sin embargo, también planteó que como sociedad existe una vara muy alta para juzgar a los funcionarios. En paralelo, se refirió a las tensiones internas dentro del oficialismo y descartó una salida inminente de Santiago Caputo: “Hablé con él y me dijo: voy a quedarme todo lo que haga falta para defender las ideas del presidente”, comentó.
En cuanto a la economía real, describió un país que avanza a dos velocidades. Por un lado, sectores como la minería, el agro o la energía muestran dinamismo, especialmente en el interior, donde —según afirmó— “el humor social es completamente distinto al del AMBA”. Por otro, advirtió que el conurbano y los sectores industriales siguen golpeados por la caída del consumo, el impacto de la quita de subsidios y la pérdida de poder adquisitivo. También planteó que el tipo de cambio podría ubicarse en niveles más altos para favorecer la actividad.
Por último, adelantó una primicia: este miércoles entrevistará al presidente Javier Milei en su programa «Economista», que se emite por la TV Pública a las 23 hs.
Transcurrimos una Semana Santa atravesada por fuertes aumentos de precios, especialmente en productos típicos de la fecha. Desde la Cámara de Industriales Panaderos Bonaerenses advirtieron que los costos de elaboración se dispararon entre un 35% y un 40% respecto del año pasado, una situación que también se refleja en una marcada caída del consumo.
Para profundizar en este escenario, en diálogo con Lorena Rodríguez en El lunes puede esperar, Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo y referente de CIPAN, describió el impacto de los aumentos en toda la cadena productiva. Según explicó, en el último año se registraron subas cercanas al 40% en materias primas, a lo que se suman incrementos constantes en combustibles, tarifas, transporte y alquileres. “Es algo generalizado”, señaló, y remarcó que los costos operativos se duplicaron en muchos casos.
En ese contexto, el sector enfrenta una caída histórica del consumo. Pinto indicó que, solo en pan, la baja fue del 45% en el primer trimestre en comparación con el año pasado, profundizando una tendencia que ya acumula dos años de retroceso. En productos como facturas y tortas, la caída alcanza el 85%. «Esto evidencia el deterioro del poder adquisitivo y el cambio en los hábitos de consumo», explicó.
El impacto también se refleja en el cierre de negocios y la pérdida de empleo. En los últimos dos años cerraron alrededor de 2000 panaderías, con una caída estimada de 16 mil puestos de trabajo. Además, muchos ex dueños debieron reconvertirse y vender desde sus casas a menor precio, generando una competencia desigual en un mercado cada vez más golpeado.
Frente a este panorama, Pinto advirtió que el problema no es de hábitos sino de ingresos: “La gente compra lo que puede y no lo que quiere”. Y aunque evitó posicionarse en términos políticos, planteó que, tras dos años de caída, es necesario revisar el rumbo económico para revertir la situación del sector.
En esta edición de Gambito de Datos conversamos con Jorge Argüello, ex embajador argentino en Estados Unidos y la OEA, para analizar el nuevo escenario global que se configura a partir de la guerra en Medio Oriente y su impacto en la economía internacional y nacional.
En diálogo con Ariel Cohen, Argüello advirtió que existe una fuerte incertidumbre sobre la evolución del conflicto, que inicialmente fue planteado como una operación rápida pero que podría extenderse. En ese marco, destacó el rol clave del estrecho de Ormuz: las dificultades para su circulación dispararon el precio del petróleo de 60 a más de 110 dólares por barril, generando problemas de abastecimiento y un aumento significativo en los costos del transporte marítimo debido al riesgo creciente en la zona.
El ex embajador señaló además que el Gobierno de Estados Unidos enfrenta una presión creciente ante la falta de resultados concretos. Según explicó, el aumento del precio de los combustibles impacta directamente en la política interna estadounidense, lo que deja a Donald Trump ante una disyuntiva compleja: escalar el conflicto para obtener resultados o retroceder sin logros claros. “Lo que va a marcar la diferencia es si se libera o no el estrecho de Ormuz y se normaliza el comercio del petróleo”, sostuvo.
En clave local, Argüello cuestionó el alineamiento automático de la Argentina con Estados Unidos e Israel. A su entender, esta estrategia reduce las posibilidades del país en el escenario internacional. “Argentina necesita multiplicar sus vínculos, no reducirlos”, planteó, y advirtió que los principales socios comerciales del país —como Brasil, China o la Unión Europea— no forman parte de ese alineamiento.
Por último, remarcó que el conflicto tendrá efectos tanto en la política estadounidense como en la realidad argentina, y consideró que el país debería aprovechar su posición estratégica como productor de energía y alimentos, siempre en función de una política exterior guiada por el interés nacional.
Para hablar de Vaca Muerta, en Ya no hay vuelta atrás conversamos con Jorge Augusto Sapag, abogado y ex gobernador de Neuquén, quien acaba de publicar el libro “Vaca Muerta, tesoro y faro para Argentina”.
En diálogo con Claudio Gurmindo, Sapag explicó que Vaca Muerta es una formación geológica de más de 140 millones de años, originada en un antiguo fondo marino que dejó sedimentos ricos en hidrocarburos. Si bien su potencial era conocido desde hace décadas, el verdadero salto se dio con el desarrollo del fracking en Estados Unidos en los años 90, una tecnología que permitió pensar su explotación a gran escala en la Argentina.
A partir de ese punto, destacó el rol del Estado provincial y el acompañamiento de distintas políticas nacionales para impulsar su desarrollo. Hoy, Neuquén concentra cerca del 70% de la producción de gas y petróleo del país, con alrededor de 4 mil pozos activos y niveles récord de producción. “Vaca Muerta le da a la Argentina una tranquilidad energética, con recursos confiables y sin necesidad de importar”, sostuvo, y remarcó su valor estratégico en un contexto internacional atravesado por conflictos como el de Medio Oriente.
En ese proceso, Sapag subrayó el papel central de YPF, que concentra cerca del 50% de la inversión en el yacimiento y lleva invertidos unos 70 mil millones de dólares en los últimos años. Según señaló, su liderazgo —especialmente durante la gestión de Miguel Galuccio— fue clave para el desarrollo del no convencional, en articulación con otras empresas del sector.
Por último, destacó la importancia de la Ley Bases y, en particular, del RIGI como herramienta para atraer inversiones y consolidar el crecimiento del sector. En ese sentido, planteó que el desafío hacia adelante pasa por seguir ordenando la economía para sostener el desarrollo energético.
En la última edición de Todo en Off, el periodista Ramón Indart analizó la profundización del escándalo que involucra a Manuel Adorni, las tensiones internas dentro del oficialismo y los datos económicos que reflejan una caída del empleo en sectores clave pese al crecimiento de actividades primarias.
El eje central del análisis estuvo puesto en la situación de Manuel Adorni, cuya continuidad en el Gobierno aparece cada vez más comprometida. Indart sostuvo que el caso ya entró en una fase crítica, con derivaciones judiciales y mediáticas que escalan día a día, y planteó que el funcionario podría no sostenerse en el cargo en el corto plazo.
Según explicó, la investigación avanza sobre inconsistencias patrimoniales que incluyen la compra de propiedades en un período breve sin correlato claro con los ingresos declarados. Entre los puntos más sensibles mencionó la adquisición de una vivienda en Exaltación de la Cruz y un departamento en Caballito, este último en condiciones que generan dudas sobre su valor real de mercado y la forma de financiamiento.
Uno de los elementos que más ruido genera es la presunta participación de dos jubiladas en la operación inmobiliaria, quienes habrían vendido la propiedad y, además, otorgado préstamos significativos en dólares. Testimonios periodísticos recientes ponen en duda esa versión, mientras que la Justicia ya comenzó a citar a actores clave de la operación, como la escribana interviniente.
Para Indart, el problema de fondo no es solo judicial sino político. A diferencia de otros dirigentes con mayor trayectoria, Adorni carecería de redes de protección dentro del sistema político, judicial y mediático. En ese sentido, señaló que su principal sostén es Karina Milei, y advirtió que, si ese respaldo se debilita, su salida sería inevitable.
El periodista también hizo foco en el perfil público del vocero, a quien describió como una figura que construyó su rol desde un discurso confrontativo, con fuertes cuestionamientos a periodistas, científicos y referentes de distintos ámbitos. Esa exposición —planteó— podría amplificar el impacto de su eventual caída, al no contar con aliados dispuestos a defenderlo.
En paralelo, el programa abordó el fallo judicial por la expropiación de YPF, que fue interpretado como una señal positiva en el corto plazo para la Argentina, al evitar un impacto económico mayor. Sin embargo, Indart advirtió sobre un aspecto clave del fallo: el reconocimiento de que el Estado argentino violó el estatuto de la empresa al momento de la expropiación.
Esa definición, explicó, podría tener consecuencias a futuro, ya que instala dudas sobre la seguridad jurídica del país frente a inversores internacionales. En esa línea, señaló que el Gobierno busca avanzar en cambios en la legislación de expropiaciones para evitar conflictos similares en el futuro.
El cierre del análisis estuvo centrado en la economía real. Indart describió un escenario de transformación productiva, donde sectores como el agro, la minería y la energía muestran crecimiento, mientras que actividades intensivas en empleo —como la industria, el comercio y la construcción— registran caídas.
El problema, según su diagnóstico, es la velocidad desigual de ese proceso: la destrucción de empleo en los sectores tradicionales avanza más rápido que la generación de nuevos puestos en las actividades en expansión. Como consecuencia, comienzan a aparecer señales de deterioro en el mercado laboral, con aumento del trabajo informal y nuevas formas de precarización.
Además, mencionó tensiones en la cadena de pagos y niveles elevados de financiamiento informal, lo que refleja dificultades crecientes para empresas y comercios en un contexto de menor actividad.
Entre la crisis política en el oficialismo, el avance de investigaciones judiciales y una economía que reconfigura su estructura productiva con costos sociales visibles, el panorama que describe el programa combina incertidumbre en el corto plazo con interrogantes más profundos sobre el rumbo económico.
En esta edición de Cata de Noticias conversamos con Martín Tetaz, economista, ex diputado y autor del libro “Comprá campeón”, para analizar el presente económico y los desafíos que enfrenta el Gobierno en materia de inflación, empleo y actividad.
En diálogo con Cata de Elía, Tetaz advirtió que, pese a que algunos indicadores muestran crecimiento, la economía presenta señales de fragilidad. “El promedio de la economía muestra crecimiento, pero hay sectores con mucho impacto en el empleo como la industria y la construcción que se contraen”, explicó. En ese sentido, planteó que el escenario actual está marcado por una combinación preocupante: la inflación dejó de bajar y el empleo comenzó a deteriorarse.
“El problema es que hace meses la inflación no baja. Incluso está subiendo”, sostuvo, y aclaró que, aunque en algún momento se desaceleró la velocidad de los precios, estos nunca dejaron de aumentar. De cara a los próximos meses, estimó que marzo cerrará en torno al 3% y que una eventual baja hacia el 2% podría permitir cierta recuperación de salarios y crédito en la segunda mitad del año. Sin embargo, advirtió: “Si la inflación no baja, el Gobierno va a tener problemas”.
Sobre el mercado laboral, señaló que el argumento oficial de que el empleo no cae “ya no corre”. Si bien en una primera etapa se registró un aumento del empleo total —impulsado en gran parte por formas más precarias—, en el último trimestre comenzó a observarse una caída tanto en el empleo formal como en el informal. “La economía tiene dos problemas: la inflación no baja y el empleo ya no expande”, sintetizó.
“La política monetaria necesita pasar por boxes, hay muchos cambios para hacer”, concluyó
