En esta edición de El que calla otorga conversamos con Javier Curcio. Economista, investigador del Conicet y docente de la UBA y la Universidad Di Tella, especializado en políticas fiscales y monitoreo de políticas públicas, para analizar el conflicto alrededor del financiamiento universitario y el debate sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En diálogo con Marcelo Veneranda, Javier explicó que el reciente recorte de partidas dispuesto por el Gobierno mediante una decisión administrativa se encuentra formalmente dentro de los límites generales establecidos por la Ley de Presupuesto. Sin embargo, aclaró que el problema central pasa por otra norma vigente: la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al Ejecutivo a actualizar las partidas destinadas a salarios y funcionamiento de las universidades.
“Las dos leyes están vigentes y tienen que cumplirse”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que tanto la Justicia de primera instancia como la Cámara ya fallaron a favor del reclamo de los rectores, y que ahora será la Corte Suprema quien defina el conflicto. “Si la Corte dice que hay que pagar, ya no puede no hacerlo el Gobierno”, explicó.
Curcio también señaló que el Ejecutivo nunca contempló correctamente en la ejecución presupuestaria los recursos necesarios para cumplir con esa ley, algo que hoy genera tensiones crecientes en el sistema universitario. Según detalló, la caída salarial ya supera el 30% y comienza a impactar directamente sobre la calidad educativa y el funcionamiento de las universidades.
“Hay un descreme en las universidades: se pierde lo mejor”, advirtió, en referencia a la salida de docentes e investigadores altamente capacitados que encuentran mejores oportunidades fuera del sistema público. Además, sostuvo que muchos profesionales resisten por compromiso con la universidad, aunque reconoció que la situación se vuelve cada vez más difícil.
Por último, planteó que ningún país desarrollado logró sostener crecimiento sin inversión educativa y cuestionó que el ajuste fiscal se coloque por encima de cualquier otra prioridad. “No hay soluciones mágicas”, afirmó, y sostuvo que el orden fiscal debe ser compatible con una estrategia de desarrollo sostenible. “Sin inversión educativa no hay ninguna posibilidad de avanzar”, concluyó.
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