En esta edición de El que calla otorga conversamos con Kelly Olmos, economista, exministra de Trabajo de la Nación y diputada nacional por Unión por la Patria, sobre la convocatoria a una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre, el intento de derogar el DNU 70/2023 y el proyecto opositor que busca establecer un mecanismo de refinanciación de deudas para las familias.
En diálogo con Marcelo Veneranda, Olmos cuestionó las maniobras que, según sostuvo, impulsa el oficialismo para evitar el tratamiento de los proyectos, en una jornada que coincidirá con una movilización universitaria. La diputada señaló que la derogación del DNU 70/2023 constituye una de las principales prioridades de la oposición, especialmente después de la controversia por la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. También cuestionó las iniciativas del Gobierno vinculadas con el acceso a la ciudadanía argentina mediante inversiones y sus posibles beneficios impositivos. Sobre las posibilidades de llegar al quórum para la sesión, reconoció: “Todavía hoy te diría que no lo tenemos garantizado, pero tenemos una alta posibilidad”.
Otro de los temas fue el proyecto de desendeudamiento que buscan impulsar. Olmos explicó que la iniciativa propone reconocer una situación de emergencia y establecer un mecanismo obligatorio de renegociación de deudas en mora, con límites a las tasas de interés, un plazo mínimo de 12 cuotas y un período de gracia de 90 días. También contempla regulaciones para las billeteras virtuales y otras entidades financieras. Sobre las tasas que cobran algunos de estos prestadores, advirtió: “Más que una oportunidad de crédito, institucionalizan hoy el abuso en la tasa”.
La diputada remarcó que la propuesta no requiere recursos del presupuesto público, sino que se basa en un esquema de “esfuerzo compartido” entre acreedores y deudores. Según explicó, el objetivo es que las entidades financieras resignen una parte de los intereses y puedan recuperar créditos que, de otra manera, terminarían siendo pérdidas. El mecanismo también alcanzaría a las empresas que compran carteras de deudas en mora. “Buscamos un punto que le facilite al deudor volver a tener normalidad crediticia», sostuvo.
Por último, Olmos cuestionó los efectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y consideró que sus modificaciones no están orientadas a generar nuevos puestos de trabajo, sino a reducir los costos de despido. En ese sentido, vinculó la legislación con el deterioro del empleo. “Este modelo económico, incluida esta ley, lo único que crea es empleo informal. Destruye empleo con derechos y lo empuja hacia un empleo de subsistencia”, afirmó.
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