En esta edición de El que calla otorga conversamos con Leandro Santoro, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el crecimiento de la morosidad y el proyecto que presentó para regular el funcionamiento de las agencias de cobranzas extrajudiciales frente a las denuncias por hostigamiento, amenazas y utilización indebida de datos personales.
En diálogo con Marcelo Veneranda, Santoro explicó que la iniciativa busca actualizar una legislación que tiene más de diez años y que, según sostuvo, quedó desfasada frente a las nuevas tecnologías y los métodos utilizados para reclamar deudas. Entre las prácticas que denunció mencionó llamados a familiares y lugares de trabajo, contactos en horarios inapropiados, falsas cartas documento o cédulas judiciales y mensajes en los que se amenaza con allanamientos o el retiro de bienes. “Todo esto que te digo pasa actualmente”, aseguró.
El legislador advirtió además sobre el uso de inteligencia artificial y datos personales obtenidos a partir de las condiciones aceptadas por los usuarios de billeteras virtuales y otras plataformas. Frente a esta situación, su proyecto propone crear un registro obligatorio de agencias de cobranza y exigir que exista un abogado matriculado como responsable de las gestiones extrajudiciales, de manera que pueda ser sancionado profesionalmente ante eventuales abusos. También plantea fortalecer las facultades de Defensa al Consumidor para aplicar sanciones severas e incluso impedir que continúen operando aquellas empresas que incumplan la normativa. “Han pasado todas las líneas rojas”, afirmó.
Santoro señaló que actualmente tienen identificadas 275 empresas registradas ante ARCA cuya actividad está vinculada con la cobranza extrajudicial y comparó la falta de controles locales con regulaciones existentes en otras ciudades del mundo. También propuso crear una instancia de mediación a la que pueda recurrir el deudor para determinar si los montos reclamados son razonables, especialmente frente a denuncias por intereses considerados usurarios. Según explicó, muchos de los testimonios que recibieron corresponden a personas con voluntad de pago que, después de atravesar dificultades económicas o imprevistos, terminaron enfrentándose a cuotas que resultaban imposibles de afrontar con sus ingresos.
Por último, el legislador destacó que la problemática despertó interés entre dirigentes de distintos espacios políticos y aseguró haber mantenido conversaciones tanto con funcionarios de Defensa al Consumidor de la Ciudad como del Gobierno nacional. Santoro sostuvo que la regulación resulta necesaria ante el crecimiento del endeudamiento y la gravedad de algunos testimonios recibidos en la Legislatura, que incluyen denuncias penales por presuntos aprietes y extorsiones. “Hay gente que no tiene ninguna deuda y, sin embargo, la vuelven loca”, concluyó.
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