En estos días interceptaron en Vera, Santa Fe, un avión Cessna 210. Lo que comúnmente se conoce como una avioneta y que suele ser el modelo elegido por las organizaciones narco para transportar cocaína. En este caso llevaba más de 400 kilos, el peso típico que cargan este tipo de aeronaves.
Pero esta vez no hubo sorpresa. Efectivos de la Superintendencia de Operaciones Especiales ya estaban esperando el vuelo clandestino. Un dato aportado por la DEA permitió conectar un número de celular con una red de narcotraficantes que venía operando en el país.
La investigación, coordinada por los fiscales Matías Silabra y Diego Iglesias, de la PROCUNAR, tiene relación directa con otra causa de bombardeos narco en la que fue detenido Brian Bilbao, un jefe narco rosarino atrapado en noviembre pasado con un cargamento de 950 kilos de cocaína. Ese avión también lo estaban esperando.
Lo inesperado para los investigadores fue encontrar arriba de la aeronave al propio Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe.
En esta nueva causa apareció además un nombre clave: José Pedro Rojas Velasco, alias “Pepa”, un piloto de rally boliviano señalado como el dueño del cargamento secuestrado ahora en Vera. Pepa fue asesinado en abril, acribillado por un sicario colombiano en plena carrera en Santa Cruz de la Sierra. Pero aunque el dueño murió, los aviones siguieron volando.
Y hay otro dato que conecta esta historia con una estructura todavía más grande: Pepa era piloto de Sebastián Marset, el capo narco uruguayo que montó una especie de cartel regional y que recientemente fue capturado por la DEA en Bolivia para ser trasladado a Estados Unidos.
La semana también dejó un hecho importante en Córdoba. Fueron expulsados los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, responsables de una investigación que durante años llevó el caso Nora Dalmasso al fracaso.
Durante más de quince años apuntaron contra la familia y sometieron a sus integrantes a un juicio público y social permanente, mientras el principal sospechoso estaba prácticamente frente a ellos: Roberto Barzola, un trabajador que había estado en la casa de Río Cuarto días antes del crimen.
Un ADN terminó llevándolo directamente a la escena del asesinato, luego de que el fiscal Jávega ordenara análisis que, insólitamente, nunca habían sido pedidos por sus colegas.
Cualquier explicación que hoy puedan dar esos fiscales resulta insuficiente. Y así también lo entendió el jury que decidió expulsarlos de la Justicia.
Escuchá la columna de Cecilia Di Lodovico en El lunes puede esperar.