Federico Milenaar realizó una nueva entrega de su columna semanal en El lunes puede esperar donde analizó las prioridades legislativas que el Gobierno buscará impulsar durante los próximos meses y las dificultades políticas que podría encontrar en el Congreso.
El columnista explicó que la principal apuesta en la Cámara de Diputados será la reforma del régimen de Inocencia Fiscal aprobado a fines del año pasado. Según señaló, el nuevo proyecto elimina los topes de ingresos y patrimonio con el objetivo de ampliar el alcance de la medida y ofrecer mayores garantías a quienes mantienen capital fuera del sistema formal. La preocupación central, sostuvo, es reducir el temor a que un eventual cambio de gobierno modifique las reglas en el futuro.
Milenaar destacó que la iniciativa tiene una dimensión económica y otra política. El Gobierno aspira a incorporar al sistema más de 170 mil millones para aumentar la monetización de la economía, facilitar el acceso al crédito e impulsar la actividad en un año electoral. Además, consideró que el oficialismo conserva la alianza parlamentaria que le permitió aprobar el proyecto original, por lo que no debería enfrentar grandes dificultades para volver a sancionarlo.
En el Senado, en cambio, el principal desafío será la reforma política con la eliminación de las PASO. Según explicó, algunos gobernadores aliados mantienen reparos porque entienden que el cambio podría beneficiar especialmente a La Libertad Avanza y reclaman garantías antes de acompañarlo. El tratamiento deberá avanzar este año, ya que durante el próximo no podrían realizarse modificaciones al sistema electoral.
Por último, el columnista repasó otras iniciativas que forman parte de la agenda oficial. Entre ellas, mencionó una reforma del Banco Central para limitar el financiamiento monetario al Tesoro y devolverle una mayor independencia, un proyecto que tendría mejores posibilidades de reunir apoyos. Más complejo aparece el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada y la venta de tierras a extranjeros, que generó resistencia entre los gobernadores y deberá ser reformulado antes de volver al Congreso.
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