En una nueva columna en Asuntos Públicos, Victoria Terzaghi analizó el debate que comienza a tomar fuerza en el Senado alrededor de los proyectos para reformar el régimen de biocombustibles.
Según explicó, actualmente existen cinco iniciativas en discusión que apuntan, con distintos matices, a modificar los porcentajes de corte obligatorio de bioetanol y biodiésel que se mezclan con los combustibles tradicionales.
La periodista señaló que detrás de la discusión aparecen intereses contrapuestos entre las petroleras, las provincias productoras y las empresas vinculadas al sector agroindustrial. También advirtió que uno de los temores que sobrevuela el debate es el posible impacto sobre el precio final de los combustibles que pagan los consumidores.
Sin embargo, destacó que la apuesta del Gobierno va en otra dirección: avanzar hacia un esquema de mayor competencia y menor intervención estatal en la fijación de precios. En ese marco, una de las novedades es el concepto de “postgeneración”, que permitiría a las petroleras producir sus propios biocombustibles a partir de materias primas propias, sin necesidad de comprarlos a terceros.
Según explicó Terzaghi, este punto genera fuertes tensiones dentro del sector y promete convertirse en uno de los ejes centrales de la discusión legislativa en los próximos meses.
En una nueva columna en Asuntos Públicos, Victoria Terzaghi analizó la media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto impulsado por el Gobierno para modificar el régimen de Zona Fría, un sistema que hoy alcanza a más de 4 millones de hogares con descuentos en las tarifas de gas.
Según explicó, el debate estuvo atravesado por cierta confusión alrededor del concepto de subsidio. Originalmente, el esquema funcionaba a través de un fondo fiduciario financiado por todos los usuarios del sistema, destinado a asistir a unas 900 mil familias de las provincias más frías del país con descuentos de hasta el 50% en la tarifa.
Sin embargo, en 2021 el régimen se amplió e incorporó a cerca de 3 millones de usuarios más en provincias y ciudades como Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata. Allí, señaló Terzaghi, el esquema empezó a cambiar: el fondo dejó de alcanzar y el Estado comenzó a aportar recursos para sostenerlo.
La periodista también destacó que el actual Gobierno incrementó el porcentaje que todos los usuarios pagan para financiar ese fondo, llevándolo del 4% al 7,5% en las boletas. En ese contexto, planteó que el problema pasa por cómo se distribuye el beneficio: “Una cosa es asistir a una familia humilde de la Patagonia y otra muy distinta es subsidiar una casa de alquiler en Mar del Plata”, sintetizó.
En una nueva columna en Asuntos Públicos, Victoria Terzaghi puso el foco en el impacto que empieza a tener la ampliación del RIGI sobre el sector energético, especialmente en Vaca Muerta.
Según explicó, la reciente extensión del régimen de incentivos fiscales al petróleo ya permitió captar anuncios de inversión por cerca de 40 mil millones de dólares, marcando un cambio de escala para el desarrollo no convencional argentino.
La periodista repasó algunos de los principales proyectos que comenzaron a anunciarse en los últimos meses y señaló que el Gobierno apuesta a consolidar a Vaca Muerta como uno de los grandes motores de ingreso de divisas y crecimiento económico para los próximos años.
En ese contexto, destacó que el objetivo oficial es acelerar inversiones vinculadas tanto a la producción como a la infraestructura necesaria para exportar más petróleo y gas, en un escenario donde el potencial energético argentino vuelve a ganar protagonismo internacional.
En una nueva columna en Asuntos Públicos, Victoria Terzaghi puso el foco en lo que viene en materia energética de cara al invierno: una serie de aumentos en las tarifas de gas que todavía no tienen fecha definida, pero que ya están en marcha.
Según explicó, se trata de tres incrementos distintos que podrían acumularse en las próximas semanas, a medida que el Gobierno publique las resoluciones correspondientes. El primero tiene que ver con el fondo fiduciario para zonas frías, que hoy se financia con un recargo en las boletas y que podría pasar de alrededor del 7% a un 11%, luego de que se habilitara su modificación.
El segundo aumento corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), es decir, el componente que cobran las transportistas por el servicio. Este ajuste está atado a la inflación y, cuando se actualice, también se trasladará directamente a las facturas.
Por último, Terzaghi señaló un impacto particular en el norte del país, donde parte del abastecimiento depende del gas importado desde Bolivia. Ese costo adicional no solo se reflejará en las tarifas de gas, sino también en la generación eléctrica, ya que buena parte de la energía se produce con gas natural.
En ese contexto, la advertencia es clara: a las puertas del invierno, los aumentos en las tarifas energéticas aparecen como un factor clave a seguir de cerca por su impacto directo en el bolsillo y en la inflación.
