La Policía Federal Argentina identificó y allanó el domicilio de un menor en Quilmes que habría planificado matar a sus compañeros de colegio con ayuda de inteligencia artificial. La investigación comenzó a partir de una alerta enviada por el FBI y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿cómo pueden las autoridades detectar este tipo de conversaciones?

Según explican los investigadores, el FBI cuenta con herramientas que permiten detectar alertas vinculadas con amenazas de atentados o masacres en distintas plataformas de inteligencia artificial. Entre los términos y consultas que pueden encender esas alarmas aparecen referencias a asesinatos, secuestros, torturas, tiroteos escolares, compra de armas de fuego, fabricación de explosivos caseros, cuchillos y expresiones antisemitas.

Cuando se detecta una amenaza, la información ingresa al circuito del FBI y es derivada al centro correspondiente según la región. En el caso de América, el centro se encuentra en Florida y, desde allí, el agregado del FBI en Buenos Aires comunica la alerta a la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. A partir de entonces, los investigadores buscan identificar al usuario mediante datos como el correo electrónico, la dirección IP y el teléfono asociados y se da intervención a la Justicia.

Con la autorización judicial comienzan las tareas de campo: determinar dónde vive la persona, con quién, cómo está compuesto su grupo familiar, cuáles son sus actividades académicas y, especialmente, si tiene acceso a armas. El caso de Quilmes no es aislado. En las últimas dos semanas fueron detectadas nueve situaciones de estas características en distintos puntos del país: Villa Gesell, Quilmes, Chaco, Moreno, Entre Ríos, Río Negro, La Plata, Rosario y Córdoba.

Pero hay otro problema que preocupa a los investigadores: la respuesta judicial no siempre avanza con la misma velocidad. Algunos juzgados se declaran incompetentes, aparecen conflictos de jurisdicción y los tiempos para intervenir varían considerablemente según dónde se produzca la amenaza. Frente a una situación en la que la rapidez puede resultar determinante, esas diferencias se convierten en un obstáculo para quienes deben investigar.

Una de las alternativas que se analiza es la creación de una unidad fiscal especializada en amenazas vinculadas con atentados, masacres o ataques masivos. La propuesta todavía no avanzó, entre otros motivos, por el temor político a que una estructura de estas características pueda terminar utilizándose para perseguir dirigentes o expresiones políticas.

Sin embargo, nueve alertas en apenas dos semanas muestran que el fenómeno ya no puede ser considerado excepcional. Si la tecnología abre nuevas posibilidades para detectar amenazas antes de que se conviertan en ataques, la Justicia también necesita mecanismos capaces de responder con rapidez y criterios claros.

Con la cantidad de casos que estamos viendo y sobre los que se viene alertando, ya es hora de darles a los investigadores las herramientas necesarias para trabajar sin obstáculos.

Escuchá la columna de Cecilia Di Lodovico en El lunes puede esperar.