ALICIA EN EL PAÍS DEL PRESUPUESTO; POR MARCELO VENERANDA

ALICIA EN EL PAÍS DEL PRESUPUESTO; POR MARCELO VENERANDA

En una nueva edición de El que calla otorgaMarcelo Veneranda analizó el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso y contrastó las optimistas proyecciones macroeconómicas oficiales con los cambios y partidas previstos para áreas como discapacidad, universidades, ciencia y asistencia social.

El periodista comenzó por los números con los que el Ejecutivo imagina el próximo año: un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18%, una suba de los salarios superior al aumento de los precios, exportaciones por más de 130 mil millones de dólares y un dólar de $1.847 hacia diciembre. “Dan ganas de mudarse ya, es el presupuesto del país de las maravillas”, ironizó Veneranda. Sin embargo, recordó que las previsiones oficiales para este año también quedaron alejadas de la evolución que finalmente mostraron algunas de las principales variables económicas.

Más allá de esas proyecciones, Veneranda puso el foco en la letra del proyecto. Entre otros puntos, el Presupuesto propone modificar aspectos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad y eliminar el mecanismo que actualmente vincula la actualización de la Asignación Universal por Hijo con la inflación. También cuestionó los recursos previstos para las universidades nacionales, que quedarían por debajo de los fondos reclamados por el sistema universitario, y señaló los recortes que llevan acumulados distintas áreas científicas y tecnológicas.

El editorial también reparó en las diferencias entre las prioridades presupuestarias de las distintas áreas del Estado. Veneranda cuestionó que, mientras organismos y sectores sensibles enfrentan restricciones, otras dependencias como el Ministerio de Desregulación que dirige Federico Sturzenegger recibirá incrementos de recursos.

Por último, sostuvo que el proyecto debe entenderse como el comienzo de una negociación legislativa y volvió sobre la distancia entre el escenario económico que proyectan sus primeras páginas y las decisiones que aparecen después en el articulado. “No es para todos el ajuste”, resumió. Y, retomando la ironía del comienzo, concluyó que, frente al panorama planteado, casi parece más tentador “mudarse a ese país de las maravillas del presupuesto de Javier Milei”.

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LEANDRO SANTORO: «LAS AGENCIAS DE COBRANZAS HAN CRUZADO TODAS LAS LÍNEAS ROJAS

LEANDRO SANTORO: «LAS AGENCIAS DE COBRANZAS HAN CRUZADO TODAS LAS LÍNEAS ROJAS

En esta edición de El que calla otorga conversamos con Leandro Santoro, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el crecimiento de la morosidad y el proyecto que presentó para regular el funcionamiento de las agencias de cobranzas extrajudiciales frente a las denuncias por hostigamiento, amenazas y utilización indebida de datos personales.

En diálogo con Marcelo Veneranda, Santoro explicó que la iniciativa busca actualizar una legislación que tiene más de diez años y que, según sostuvo, quedó desfasada frente a las nuevas tecnologías y los métodos utilizados para reclamar deudas. Entre las prácticas que denunció mencionó llamados a familiares y lugares de trabajo, contactos en horarios inapropiados, falsas cartas documento o cédulas judiciales y mensajes en los que se amenaza con allanamientos o el retiro de bienes. “Todo esto que te digo pasa actualmente”, aseguró.

El legislador advirtió además sobre el uso de inteligencia artificial y datos personales obtenidos a partir de las condiciones aceptadas por los usuarios de billeteras virtuales y otras plataformas. Frente a esta situación, su proyecto propone crear un registro obligatorio de agencias de cobranza y exigir que exista un abogado matriculado como responsable de las gestiones extrajudiciales, de manera que pueda ser sancionado profesionalmente ante eventuales abusos. También plantea fortalecer las facultades de Defensa al Consumidor para aplicar sanciones severas e incluso impedir que continúen operando aquellas empresas que incumplan la normativa. “Han pasado todas las líneas rojas”, afirmó.

Santoro señaló que actualmente tienen identificadas 275 empresas registradas ante ARCA cuya actividad está vinculada con la cobranza extrajudicial y comparó la falta de controles locales con regulaciones existentes en otras ciudades del mundo. También propuso crear una instancia de mediación a la que pueda recurrir el deudor para determinar si los montos reclamados son razonables, especialmente frente a denuncias por intereses considerados usurarios. Según explicó, muchos de los testimonios que recibieron corresponden a personas con voluntad de pago que, después de atravesar dificultades económicas o imprevistos, terminaron enfrentándose a cuotas que resultaban imposibles de afrontar con sus ingresos.

Por último, el legislador destacó que la problemática despertó interés entre dirigentes de distintos espacios políticos y aseguró haber mantenido conversaciones tanto con funcionarios de Defensa al Consumidor de la Ciudad como del Gobierno nacional. Santoro sostuvo que la regulación resulta necesaria ante el crecimiento del endeudamiento y la gravedad de algunos testimonios recibidos en la Legislatura, que incluyen denuncias penales por presuntos aprietes y extorsiones. “Hay gente que no tiene ninguna deuda y, sin embargo, la vuelven loca”, concluyó.

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EUGENIO SEMINO: «NUESTRO SISTEMA PREVISIONAL QUEDÓ COMPLETAMENTE OBSOLETO»

EUGENIO SEMINO: «NUESTRO SISTEMA PREVISIONAL QUEDÓ COMPLETAMENTE OBSOLETO»

En esta edición de  El que calla otorga conversamos con Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires y especialista en gerontología, sobre la situación económica de los jubilados, los reclamos judiciales contra los vetos presidenciales y los problemas que atraviesa el PAMI.

En diálogo con Marcelo Veneranda, Semino recordó que durante los últimos años se produjeron dos sanciones legislativas vinculadas con los haberes jubilatorios que posteriormente fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. Junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó judicialmente esos vetos por considerar que sus fundamentos carecen de razonabilidad. Según explicó, presentaron informes elaborados por universidades nacionales para sostener que las mejoras previstas podían financiarse mediante movimientos de fondos de la ANSES sin comprometer el superávit fiscal. Actualmente buscan que ambos planteos lleguen a la Corte Suprema.

Semino advirtió que, mientras continúa la discusión judicial, millones de adultos mayores atraviesan una situación crítica. Señaló que alrededor de cinco millones de jubilados y pensionados perciben ingresos cercanos a los 500 mil pesos, mientras que el haber medio ronda los 850 mil y la última canasta estimada para una persona mayor alcanzó los 1,8 millones. A esto se suma, según explicó, un cambio estructural respecto de generaciones anteriores: actualmente solo el 35% de los jubilados es propietario de su vivienda. “Suponer que alguien con 500 mil pesos puede subsistir en Argentina es una falacia”, sentenció.

El especialista también puso el foco en la atención sanitaria y cuestionó el funcionamiento del PAMI, al que definió como una “caja política” que arrastra problemas desde distintas administraciones. Particularmente, apuntó contra el peso de la industria farmacéutica y sostuvo que el precio de los medicamentos aumentó muy por encima tanto de los haberes jubilatorios como de la inflación durante los últimos años. Además, advirtió que las demoras en las prestaciones tienen consecuencias especialmente graves entre los adultos mayores, ya que una patología que no recibe atención a tiempo puede deteriorar rápidamente su calidad de vida.

Por último, Semino sostuvo que el sistema previsional argentino quedó “totalmente obsoleto” y rechazó que una eventual suba de la edad jubilatoria pueda resolver sus problemas estructurales. Según planteó, sin creación de nuevos puestos de trabajo, prolongar la permanencia de los adultos mayores en el mercado formal únicamente dificultaría el ingreso de los jóvenes. Para el especialista, el desafío pasa por repensar un sistema que permita sostener económicamente y garantizar atención sanitaria a una población que vive cada vez más años. “Hay que agregarle plata en el bolsillo y salud en el cuerpo”, concluyó.

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PABLO JULIANO: «LA GENTE NO SE ENDEUDÓ PARA IRSE DE VACACIONES COMO DICE EL GOBIERNO, LO HIZO PARA AFRONTAR DEUDAS»

PABLO JULIANO: «LA GENTE NO SE ENDEUDÓ PARA IRSE DE VACACIONES COMO DICE EL GOBIERNO, LO HIZO PARA AFRONTAR DEUDAS»

En esta edición de El que calla otorga  conversamos con Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas, sobre el fuerte crecimiento del endeudamiento de las familias y el proyecto que presentó para crear un régimen de protección y defensa de los usuarios financieros.

En diálogo con Marcelo Veneranda, Juliano advirtió que el problema ya alcanza a millones de argentinos y diferenció el endeudamiento habitual de aquellas situaciones en las que una persona comienza a tomar nuevos créditos para pagar los anteriores. “Una cosa es tener una deuda y otra cosa es tener dos deudas para pagar una tercera. Esto es el sobreendeudamiento”, explicó.

Frente a ese escenario, el diputado propuso crear un procedimiento judicial que permita revisar el conjunto de las obligaciones de una persona sobreendeudada y establecer una modalidad para reestructurarlas. Según aclaró, la iniciativa no contempla que el Estado asuma las deudas ni implica un costo fiscal. “Mi proyecto no tiene costo fiscal. Es que el Estado suene el silbato y ordene la cancha”, sostuvo.

Juliano también puso el foco en las billeteras virtuales, fintech y otras plataformas de crédito no bancarias, donde aseguró que existen niveles de mora superiores a los del sistema bancario. Cuestionó especialmente la facilidad con la que algunas aplicaciones otorgaron financiamiento y planteó que deberían estar alcanzadas por mayores regulaciones para evitar nuevos casos de sobreendeudamiento. “Hay un grupo de vivos que quieren jugar a ser bancos sin las regulaciones de los bancos”, afirmó.

Por último, rechazó que la crisis pueda explicarse simplemente por una falta de educación financiera y cuestionó la idea de que el Estado sea un mero espectador por tratarse de acuerdos entre privados. “La relación entre los privados la regulan los Estados. Son los que dicen cuáles son las reglas del juego para que la cancha no quede inclinada”, concluyó.

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GABINO TAPIA: «ESTAMOS TRABAJANDO EN RECUPERAR EL ORDEN PÚBLICO EN LA CALLE»

GABINO TAPIA: «ESTAMOS TRABAJANDO EN RECUPERAR EL ORDEN PÚBLICO EN LA CALLE»

En esta edición de El que calla otorga conversamos con Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el avance de la autonomía porteña, la transferencia de competencias judiciales y las políticas impulsadas por el Gobierno de Jorge Macri para reforzar el cumplimiento de la ley y recuperar el espacio público.

En diálogo con Marcelo Veneranda, Tapia sostuvo que ampliar las competencias de la Justicia porteña permitirá resolver los conflictos con mayor rapidez y brindar un mejor servicio a los vecinos. En ese sentido, destacó el trabajo realizado para avanzar con el traspaso del fuero laboral y aseguró que la Ciudad ya venía preparándose para asumir esas responsabilidades. “La Ciudad está preparada, es la más apta para gestionar los temas locales porque los sabemos hacer”, afirmó.

El ministro también vinculó esas reformas con la política de orden público de la gestión. Mencionó la eliminación de manteros, la recuperación de alrededor de 900 propiedades usurpadas y los cambios en el Código Contravencional para endurecer las sanciones contra los trapitos. “El Ejecutivo está comprometido a que en la Ciudad la ley se cumple y el que no, tiene sus consecuencias”, sostuvo.

Por último, Tapia defendió la política de recuperación de inmuebles usurpados y aseguró que el objetivo es colaborar con la Justicia para garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes de desalojo. “La propiedad privada está para respetarse. Aquel al que le sacaron una propiedad está en su derecho de poder recuperarla”, concluyó.

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